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Los obispos condenan la colocación de cuchillas en la verja de Melilla

El portavoz, hijo de emigrante, dice que no se puede atentar contra la vida de personas que huyen de la pobreza o en busca de libertad

 atlas

“No es la manera. No se puede atentar contra la vida de unas personas desvalidas que buscan mejoras en su vida porque tienen detrás la lacra de la pobreza y también la lacra de persecuciones y de la falta de libertad en sus países. Habrá que regular la inmigración, pero siempre desde el respeto básico y esencial a la vida. El inmigrante no es un peligro, es alguien que aporta riqueza a la construcción social del país”. Con esta contundencia se expresó esta mañana el nuevo secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el sacerdote José María Gil Tamayo, hijo de un extremeño que emigró a Alemania tras la terrible posguerra civil para mejorar la vida de su familia.

Gil Tamayo compareció por primera vez esta mañana para dar cuenta de los acuerdos de la asamblea episcopal de otoño. Lo hizo, para empezar, con un toque de humor. “No comparecemos ante ustedes. Se comparece ante el juez. Yo aparezco ante ustedes, así que no tomen esto en clave de angustia sino de responsabilidad”.

Después de resumir lo acordado por los obispos a lo largo de esta semana, incluida su elección, el portavoz se sometió a preguntas cuyas respuestas no se salieron del catón episcopal. Si se esperaba tal cosa tras la salida del anterior portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, muy dado a generar polémicas con sus declaraciones, la primera prueba no deja duda. Gil Tamayo ha vuelto a proclamar que “el aborto no es un derecho, sino la eliminación de un ser humano”; que la asignatura de religión católica en todas las escuelas, “académica y evaluable, es un derecho de los padres que está en lo concordado” entre España y el Estado vaticano”, y que la Iglesia romana en España “no vive del Estado”, sino que recibe lo que los católicos asignan marcando una equis en su declaración de la renta.

“Los pactos se observan”, dijo como ampliación de su argumento a favor de la asignatura de religión en las escuelas. La tesis episcopal es que la ley educativa promovida por el PP, la LOMCE, no satisface todas sus aspiraciones. “La ley se puede arreglar más tarde con decretos. Se trata de un derecho fundamental, no solo de un pacto”, remachó. Los obispos exigen que la religión y la moral católica se enseñe en todas las escuelas y que tenga el mismo rango académico que las matemáticas, por ejemplo; por tanto, que sea curricular, evaluable y contando para la obtención de becas. Se trata de una materia impartida por profesores pagados por el Estado –700 millones de euros cada año--, pero seleccionados por los obispos para cada curso escolar.

Para informar de los presupuestos de la Conferencia Episcopal y de las diócesis para el próximo año, el portavoz se hizo acompañar por el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Jiménez Barriocanal. En 2014 prevé unos ingresos semejantes al anterior, 247,9 millones, a través de lo que suele llamar “asignación tributaria”, es decir, lo que los católicos piden que se destine a su confesión poniendo una equis para la casilla de la Iglesia católica en el IRPF. En realidad, es una financiación directa la que la Ley de Presupuestos Generales del Estado destina cada ejercicio al clero y culto católico. Los católicos no pagan ni un euro más de impuestos que el resto de los españoles, sean ateos, judíos, protestantes, musulmanes, budistas o testigos de Jehová. Los prelados insisten, sin embargo, que no reciben nada del Estado. En 2014 destinarán nada menos que 4,8 a justificar ese mecanismo de financiación mediante varias campañas publicitarias.

En el pasado, durante el primer Gobierno de Felipe González, se intentó poner en marcha, previo pacto con los obispos, lo que entonces se llamó “el impuesto religioso”, que fracasó, a la espera de que la Conferencia Episcopal y el Estado buscasen un mecanismo para arbitrar lo pactado en los Acuerdos de 1979, es decir, el compromiso de la Iglesia romana en España de llegar un día a autofinanciarse. El modelo actual, en cambio, se acordó como definitivo en 2007, con un llamado “canje de notas” entre el Nuncio del Vaticano y el ministro de Asuntos Exteriores del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, con un incremento de la asignación del 37% y una compensación por el IVA que desde entonces paga esta Iglesia. Fue entonces cuando se suprimió el compromiso de autofinanciarse. El resumen es que la afirmación de que la Iglesia católica “no vive del Estado” es una verdad que miente. Es el Estado quien renuncia a una parte de sus ingresos en favor de esa confesión, sin que los fieles pongan nada de su bolsillo en el IRPF.

También se le preguntó a Gil Tamayo sobre el libro ‘Cásate y sé sumisa”, editado por el arzobispado de Granada. No lo ha leído, pero cree que no se puede juzgar solo por el título. “Tengo la impresión de que es lo que está ocurriendo. Tenemos que pasar de la entradilla al cuerpo de la noticia”, añadió. Pero fue contundente: “La sumisión no se corresponde con la doctrina social de la Iglesia. San Pablo nos habla que nuestra vocación es la libertad, no la obediencia ciega. La obediencia cristiana no es cuartelera”.

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