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64.000 alumnos en barracones

El número de escolares que estudian en aulas prefabricadas crece con los recortes. La solución coyuntural se prolonga varios años en muchos casos

Padres y alumnos de la escuela Cau de la Guineu de Corbera de Llobregat (Barcelona) protestan por los módulos con un calendario.
Padres y alumnos de la escuela Cau de la Guineu de Corbera de Llobregat (Barcelona) protestan por los módulos con un calendario.

La crisis aprieta y, aunque a principios de la legislatura, los dirigentes proclamaban el fin de los barracones escolares, estas aulas prefabricadas siguen en pie y llenas de niños. Más de 64.000 alumnos estudian este curso en módulos provisionales, según un recuento realizado por este periódico tras recabar datos de todas las comunidades autónomas, salvo Castilla-La Mancha, que se ha negado a facilitar esa información. El esfuerzo de algunas regiones por acabar con la precariedad de estas instalaciones —Madrid, Aragón y Baleares, entre ellas— no ha logrado compensar el efecto de los recortes. Para muestra, este dato: el curso 2009/2010 arrancó con 61.400 alumnos en barracones, según FETE-UGT.

Al Defensor del Pueblo llegan muchas quejas de padres por las malas condiciones en las que estudian sus hijos. Por eso intervino de oficio ante las autoridades competentes en 2010 y en 2011, y ha vuelto a poner el problema sobre la mesa en su último informe, a la vista de que la situación va a más. “El proceso de sustitución de las aulas previsto se ha visto ralentizado por los recortes experimentados por las inversiones en el ámbito educativo”, señala Soledad Becerril en su escrito. Por ello reclama a las Administraciones que anticipen de forma más precisa el volumen y ubicación de la demanda de plazas escolares.

Las aulas prefabricadas se clausuran en una localidad y brotan en otra, al ritmo del crecimiento de nuevos barrios en las periferias de las ciudades. En algunos casos, las Administraciones prefieren edificaciones eventuales porque los estudios demográficos indican que el aluvión estudiantil es coyuntural y las clases se quedarían vacías en poco tiempo. Lo saben bien en el colegio Luis Solana de Méntrida, una localidad toledana limítrofe a Madrid. Muchas parejas jóvenes se han instalado allí huyendo de los precios de la capital y el colegio es incapaz de asumir tanto alumno. De sus 660 estudiantes, un tercio, de infantil y primaria, están en módulos. “Se supone que era una solución pasajera para tres o cuatro años y llevamos 10”, denuncia Miguel Ángel Muñoz, presidente de la asociación de padres. Están contentos con su programa bilingüe, con el profesorado y con los medios informáticos, pero echan de menos lo más básico: un edificio con cimientos. “En invierno no pasan frío con la bomba de calor, pero en verano, pese al aire acondicionado, se cuecen. El barracón tiene techo de hojalata”, cuenta el presidente.

"Yo solo he estado un año en barracones y asocio la experiencia a una sensación de minusvaloración tanto del alumnado del profesorado" comenta Pau Díaz, un profesor afiliado a CC OO. "Si recibías a un padre y protestaba, por muy buena disposición que tuvieras era difícil contrarrestar la idea de que para la Administración lo que estábamos haciendo no era importante. El contexto es significativo para el aprendizaje, sobre todo cuando se produce en una zona con problemas sociales. Recuerdo que siempre teníamos el aire acondicionado encendido, un ambiente cargado y al final del día dolor de cabeza. Y, por supuesto, cuando llovía, el agua corría por los pasillos", explica.

En Cataluña, la consejera Irene Rigau avanzó hace unos meses que no se volverá a construir una escuela en los próximos 10 años, pese al incremento de alumnos de primaria y secundaria. Otra vez la crisis. Su intención es reciclar edificios municipales o escuelas cerradas. La realidad es que los barracones han crecido este curso hasta los 1.008 —unos 20.000 alumnos— en 405 centros, después de tres años de descenso.

La Defensora del Pueblo denuncia las  malas condiciones de algunas casetas

Cuentan los padres de la escuela Cau de la Guineu de Corbera de Llobregat (Barcelona) que sus niños cogen un libro y lo leen sentados en las escaleras o en unas mesas dispuestas en los pasillos y, a falta de espacio, comen en el aula. Al centro le faltan las clases de primaria —125 alumnos estudian en barracones—, un gimnasio, un comedor grande, una biblioteca, una cocina, aula de informática... “Las maestras se inventan mil y una cosas para que no echen nada en falta. A esa edad los niños todavía no saben cómo debe ser un gimnasio. Pero los padres, sí”, tercia Raquel Montfort, miembro de la asociación de madres y padres de alumnos. Así que, como medida de protesta y para hacerse oír, van a editar un calendario en el que los padres aparecerán sin ropa con los cuerpos pintados.

Dino Salinas, experto en didáctica y organización escolar, advierte de que las aulas prefabricadas “solo se pueden aceptar como un mal menor si son provisionales”. “Los barracones son habitaciones que pueden servir como aulas convencionales, pero difícilmente puedes intentar hacer con ellos un laboratorio, una buena biblioteca, un aula de audiovisuales y, desde luego, de ninguna manera un gimnasio, con lo cual el alumnado se encuentra en condiciones de desigualdad respecto a otros centros que a lo mejor tiene al lado”, señala.

Si se trata de una solución coyuntural, el ideal que plantea Salinas, las comunidades suelen alquilar las casetas, pero si la intención es mantenerlas más de tres años acostumbran a comprarlas. El alquiler anual de cada uno de los módulos cuesta entre 6.000 y 8.000 euros, según las fuentes consultadas.

En Andalucía, los módulos —allí conocidos como caracolas— se concentran sobre todo en la costa de Málaga y en Granada. En este momento, son 689 unidades, 316 más que el curso anterior. El alumnado ronda los 17.000. Fuentes de la Junta señalan que Andalucía es la comunidad que más obra educativa licita de toda España y que el 70% se está ejecutando o está prevista. El PP, sin embargo, recuerda que hay colegios que llevan en estas condiciones 10 años.

El Gobierno vasco, que tiene 81, se jacta de que un aula prefabricada no tiene que ser sinónimo de precariedad —en muchos casos disponen de aire acondicionado o una calefacción cuyo calor no se pierde como en centros centenarios mal aislados—. Aseguran que “ninguna” de estas escuelas es estructural. Como en Madrid, donde solo quedan tres centros en obras. “En el primer trimestre de 2014 no quedará ningún prefabricado en la Comunidad”, señalan. El freno a la inmigración ha favorecido que en Baleares queden 775 niños en barracones, mientras que hay casi cuatro veces más en Canarias (2.525). Este curso en la Comunidad Valenciana habrá 600 aulas, para 18.000 estudiantes.

“Nos han hecho tantas promesas que desconfiamos cuando dicen que lo van a hacer nuevo”, dice María Jesús Algás, directiva de la asociación de madres y padres de alumnos del Colegio número 103, nacido en barracones hace cinco años junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Acostumbrados a las goteras, “tenemos carencia de todo lo que prescribe la ley”, recuerda, en alusión al aula de informática, la biblioteca o el gimnasio inexistentes. Por no hablar del baño de profesores, donde “difícilmente podría cerrar la puerta una persona embarazada o simplemente grande”. “Nos dijeron que eran los mejores barracones del mercado”, evoca con ironía, “cuando son contenedores tuneados”.

Con información de Ivanna Vallespín (Barcelona).

La inversión valenciana no luce

El pasado febrero, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que concedió un crédito de 800 millones para el plan de renovación de infraestructuras Crea Escola, de la Comunidad Valenciana, denunció en un informe su deficiente ejecución. Su primer objetivo era eliminar centenares de aulas alojadas en barracones prefabricados. 18 meses después de la fecha prevista para acabar el programa, 113 subproyectos de colegios planificados “todavía no han comenzado”, informaba el BEI.

Con estos precedentes, el grupo político Compromís acaba de presentar una denuncia ante la Oficina Antifraude de la UE para que investigue el destino otorgado por la Generalitat a los fondos del BEI para eliminación de barracones. Mientras tanto, “estamos a la espera de que la Generalitat presente al BEI un plan de acción sobre colegios críticos con barracones en aplicación del préstamo, tal como recomendaba el informe que nos envió el Mecanismo de Reclamaciones del Banco”, explica Eric Gielen, el presidente de la asociación de madres y padres de alumnos del colegio Emilio Lluch, que denunció ante el banco la demora del plan.

La valoración que hizo la entidad vale para otras muchas aulas: “Estas instalaciones provisionales prefabricadas son un medio insatisfactorio de proporcionar una solución a largo plazo para atender al creciente número de alumnos”. Constataba que “tienen una configuración educativa deficiente, interiores poco acogedores y condiciones ambientales peligrosas tanto para maestros como para alumnos”. También aludía a la escasa rentabilidad de este enfoque, porque “las autoridades regionales y locales tienen que pagar alquileres y gastos de instalación por estos barracones prefabricados provisionales”.