Francia lucha contra la prostitución
La nueva ley, que divide a la opinión pública, penalizará a los clientes con 1.500 euros de multa, que subirán a 3.000 euros si son reincidentes
La Asamblea Nacional francesa aprobará este miércoles la nueva y polémica ley contra la prostitución, que sancionará a los clientes con multas de 1.500 euros (el doble si reinciden), perseguirá el proxenetismo en Internet y habilitará un programa de ayudas sociales para las mujeres que decidan dejar el oficio. Impulsada desde el Parlamento por 120 diputados del Partido Socialista, y defendida por la oposición, los colectivos feministas y mujeres de todas las tendencias políticas, salvo las Verdes, la ley ha generado un apasionado debate público en Francia, el país que teorizó el libertinaje y que autorizó los burdeles en 1804 para cerrarlos hace 70 años.
El sexo de pago, oculto
Las políticas en diferentes países europeos tratan principalmente de invisibilizar la prostitución en la calle. En rara ocasión se aborda el fondo, si se apuesta por regularla de una vez o directamente prohibirla.
En España, la prostitución es alegal. Los Ayuntamientos persiguen el sexo de pago en las calles con multas por infracciones a distintas ordenanzas de convivencia. Sevilla tiene una ordenanza contra la prostitución y la trata con fines de explotación social. Prevé multas de hasta 3.000 euros para el cliente, pero no para la prostituta, a la que se considera una víctima.
En Cataluña tienen regulados los clubes de alterne como locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución. En verano de 2012 se empezó a multar tanto a mujeres como a clientes en las carreteras catalanas. Tras un año de aplicación, la presencia de prostitutas ha bajado un 60%.
En Suecia, Noruega o Finlandia la prostitución está prohibida. Sin embargo, solo se penaliza al cliente.
Alemania y Holanda la tienen regulada como un trabajo. Las mujeres tienen una licencia para ejercer.
En Hungría la prostitución es ilegal. Se penaliza sobre todo a la mujer que ejerza en “zonas protegidas”. Las mujeres se enfrentan a multas o incluso cárcel, al cliente solo se le sanciona si acepta los servicios de una menor.
El viernes, en presencia de apenas una treintena de diputados por el éxodo de los parlamentarios de provincias, la ministra de Igualdad, Najat Vallaud-Belkazem, defendió que “el cuerpo humano es inviolable”, mientras Maud Olivier, ponente socialista de la reforma, tachaba de hipócritas a quienes la critican y subrayaba que el oficio más viejo del mundo “ha cambiado mucho y depende hoy de redes mafiosas que trafican con seres humanos”.
“¿Bastaría con que una sola prostituta se declare libre para que la esclavitud de las demás sea respetable y aceptable?”, se preguntó Olivier. “¿Cómo encontrar el glamour en las 10 a 15 penetraciones que sufren por día las prostitutas forzadas a serlo por razones económicas, con consecuencias dramáticas sobre su salud?”, añadió. “Decir que las mujeres tienen derecho a venderse es esconder el hecho de que los hombres tienen derecho a comprarlas”.
La nueva ley establece que pagar por obtener sexo es una forma de violencia que debe ser penalizada. Según el artículo aprobado el viernes, los clientes cazados con una meretriz serán multados con 1.500 euros, cantidad que se duplicará en caso de reincidencia, aunque también será posible sortear las sanciones asistiendo a unos “cursos de sensibilización”. El primer borrador había previsto penas de cárcel, pero los socialistas han descartado finalmente esa idea. La norma abolirá el delito de captación de clientes, creado por Nicolas Sarkozy en 2003, que castigaba a las prostitutas que ejercen en la calle con dos meses de prisión y 3.750 euros de multa. Y obligará a los servidores de Internet extranjeros que albergan páginas de contactos sexuales franceses a cerrar esas páginas, una medida que ha generado controversia por ser considerada poco realista y un ataque a la libertad de contenidos en la Red.
Otro elemento innovador es la creación de un fondo, evaluado entre 10 y 20 millones de euros, que se dotará con créditos públicos y con el dinero proveniente de las redes desmanteladas y de las multas que se impongan a los clientes. Las prostitutas que deseen dejar el oficio podrán apuntarse a un programa de “salida de la prostitución” y accederán a exenciones de impuestos, a permisos de residencia en caso de ser extranjeras (el 80% lo son, según las estimaciones oficiales), a ayudas de 336 euros mensuales y a plazas en casas de acogida.
La norma creará un programa de ayudas sociales para las que dejen el oficio
Numerosas asociaciones feministas, agrupadas en la plataforma Abolición 2012, han hecho campaña a favor de la reforma y han defendido que las multas a los clientes se aplican en países como Suecia desde 1999 y han servido para reducir en un 50% la prostitución callejera.
Contra la ley militan Los 343 Cabrones —un colectivo de clientes masculinos que reivindica su derecho a “irse de putas” libremente—, el sindicato de trabajadores sexuales STRASS y algunas ONG que ayudan a las víctimas de trata, como Médicos del Mundo. Estos últimos reclamaban una legislación basada en la prevención y los derechos, alegando que el prohibicionismo empujará a la clandestinidad a las prostitutas de la calle y no resolverá sus problemas de salud. Uno de sus lemas es “la ideología no cura las epidemias”.
La norma tampoco gusta a una parte de los profesionales del sexo —entre 20.000 y 40.000, un 15% de ellos hombres, según las cifras oficiales—. Morgane Merteuil, líder del sindicato STRASS, sostiene que la reforma “es reaccionaria, abolicionista y nacionalista”, y critica “el sentimiento de superioridad de unas mujeres blancas y privilegiadas que se arrogan el derecho a decidir por otras mujeres menos privilegiadas y blancas que ellas”.
