EE UU defiende su patrimonio histórico cultural en la Luna
Un acuerdo entre potencias protegería los equipos y lugares de, entre otros, el programa Apolo El Tratado del Espacio de la ONU es insuficiente
Los seis lugares en los que los astronautas de la NASA aterrizaron en la Luna, así como los artilugios que dejaron allí, podrían convertirse en Parque Nacional de Estados Unidos. Así los define una propuesta, pendiente de debate, presentada en el Congreso estadounidense este verano. Pero puede no ser la mejor vía para proteger estos monumentos históricos del siglo XX, que no son solo estadounidenses sino de toda la humanidad. Y, tal vez, la propia decisión del Congreso entre en contradicciones con el Tratado del Espacio de Naciones Unidas (1967). Dos especialistas de Derecho Espacial de la Universidad George Washington plantean en la revista Science que sería razonable, en el futuro, alcanzar un nuevo tratado internacional para defender debidamente los artefactos espaciales de gran importancia cultural e histórica. Pero, de momento, Henry R. Hertzfeld y Scott N. Pace proponen que un pacto entre EE UU y Rusia puede ser más eficaz. El acuerdo, por supuesto, podría ser extensivo a otros países cuya presencia en el suelo lunar puede producirse a corto plazo o incluso ser inminente, como es el caso de China, que va camino de convertirse en breve en la tercera potencia capaz de cumplir un aterrizaje suave y controlado allí, con su sonda no tripulada Chang E3. Y su plan es llevar astronautas (taikonautas) a la Luna la próxima década.
Hasta hoy, solo las dos potencias de la guerra fría habían logrado que sus equipos descendieran al suelo lunar sin resultar destruidos. China lo intenta ahora. Otros países (Japón e India) más la Agencia Europea del Espacio no han aterrizado, pero han tenido, o tienen, en funcionamiento sondas orbitales allí, sondas que, en varios casos, al final de la misión se hacen impactar en suelo lunar para estudiar los efectos. Pero estas actividades seguramente se van a intensificar —y no solo las científicas— incluso con planes de empresas privadas que estudian la explotación del satélite natural de la Tierra.
Las banderas que pusieron los astronautas fueron solo simbólicas
Conviene dejar claro que el Tratado del Espacio de 1967, encubado en un acuerdo tácito entre EE UU y la URSS, rechaza cualquier reclamación de soberanía sobre la Luna y sobre cualquier cuerpo o lugar del Sistema Solar, excluido nuestro planeta. “El consenso emergente durante esos años, en plena guerra fría, era que el método tradicional de adquirir soberanía basado en ser el primero en pisar una tierra hasta entonces desconocida había llegado a su límite. En adelante, los protagonistas de la exploración deberían representar a toda la humanidad y no solo a países concretos”, escribía el abogado Rafael Moro Aguilar, especialista en Derecho Internacional del Espacio, en The Mars Society (España), con ocasión de la llegada del robot Curiosity a Marte.
Hertzfeld y Pace recuerdan que en la Luna no solo están los restos de las misiones Apolo, sino instrumentos científicos aún activos, además de equipos de la antigua URSS (ahora propiedad de Rusia), como los vehículos rodantes Lunojod, y de la NASA (Surveyor) y los módulos estáticos. La intensificación de las actividades podría dañar estos hitos históricos de la exploración espacial.
Llegará la iniciativa privada
Aunque la iniciativa privada en el espacio no ha salido aún de la órbita terrestre, cabe contar con que lo hará antes o después. Varias empresas hablan de planes para la Luna y Marte; la explotación de los recursos naturales en otros cuerpos del Sistema Solar no suena ya a ciencia ficción y el turismo espacial, que por ahora prepara la oferta de vuelos suborbitales, es una cuestión de tiempo que se extienda a mayores distancias.
“El Tratado del Espacio cubre todas las actividades privadas, incluidas las que tengan lugar en la Luna y en otros cuerpos celestes”, explica el abogado Rafael Moro Aguilar. “El tratado incluye una cláusula (artículo VI) que dice que los Estados (o los Gobiernos) deben supervisar las actividades de todas las entidades privadas que estén a su cargo y ello incluye empresas privadas, asociaciones no gubernamentales, equipos no gubernamentales, etcétera. Debe supervisar sus actividades el Gobierno de su país y asegurarse de que son conformes al Derecho Internacional”.
No solo llegará la explotación (pública o privada) de recursos a la Luna. El Google Lunar XPrize ofrece 22 millones de euros al primer equipo que alunice un vehículo robótico que recorra al menos 500 metros allí y que envíe imágenes. En el concurso hay que cumplir las recomendaciones de la NASA (2011) sobre protección de los restos históricos en la Luna.
La Apollo Lunar Landing Legacy Act, presentada el pasado 8 de julio en el Congreso de EE UU, propone que los seis lugares de alunizaje Apolo, como parque nacional, sean jurisdicción del Departamento de Interior. “Aunque la propuesta legislativa reconoce las obligaciones derivadas del Tratado de la ONU, supondría una acción unilateral de EE UU para controlar partes de la Luna”, dicen Hertzfeld y Pace en Science.
El Tratado del Espacio prohíbe la propiedad de planetas y otros objetos celestes, pero reconoce la propiedad sobre los artefactos, estén donde estén en el Sistema Solar, y responsabiliza a los dueños de los mismos de cualquier daño que puedan generar. El problema, señalan los dos expertos de la Universidad George Washington, es que la propuesta en el Congreso supondría una reclamación del territorio en el que reposan los restos de los Apolo, “lo que podría ser interpretado como una declaración de soberanía territorial en la Luna”.
Por el Tratado del Espacio, ratificado por más de cien países (incluida España), “queda definitivamente consagrado que ningún Estado podrá reclamar su soberanía sobre ninguna parte del espacio ni de un cuerpo celeste”, señala Moro Aguilar a EL PAÍS. “Por ejemplo, cuando los astronautas de EE UU visitaron la Luna, no tomaron posesión sobre el satélite, a pesar de que todas las misiones Apolo que alunizaron plantaron la bandera norteamericana sobre el suelo lunar”. Eran gestos simbólicos, como cuando un montañero pone su bandera en la cima del Everest. Pero el tratado no es suficiente para proteger los lugares de alunizaje del Apolo, reconoce el abogado. “Los propios artefactos estarían, en principio, protegidos por ser propiedad del Gobierno de EE UU, de forma que nadie debe moverlos ni llevárselos; pero todo lo demás, incluidas las famosísimas huellas de los astronautas, no está protegido”. Hace falta una regulación complementaria, sugiere.
La propuesta en el Congreso estadounidense incluye una petición a la Unesco para declarar el lugar de alunizaje del Apolo 11 como Patrimonio de la Humanidad, lo que también supondría un problema legal porque todos esos lugares elegidos están en territorios de países soberanos. Hay una posibilidad de excepción para lugares subacuáticos protegidos como lugares culturales, pero EE UU no ha ratificado esta última convención.
Tampoco ha firmado Estados Unidos (ni Rusia, ni China, ni Japón, ni varios países europeos) el llamado Tratado de la Luna (acuerdo sobre las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes), de 1979, ratificado por 19 naciones. Prohíbe el uso militar de los cuerpos celestes, incluidos los ensayos de armamento, así como la alteración del entorno en los cuerpos celestes, y exige que cualquier explotación de recursos sea realizada bajo un régimen internacional.
El acuerdo bilateral que proponen Hertzfeld y Pace para proteger los artefactos en la Luna “se enfoca sobre la cultura del espacio, su uso en beneficio de la humanidad y el registro arqueológico de nuestra civilización”.
