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El jamón, sin trampa

La usurpación y el etiquetado engañoso ocasionan 90 millones al año de pérdidas a los productores de alimentos con denominación de origen

El Gobierno está actualizando la normativa

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La nueva ley prohibirá, por ejemplo, poner en la etiqueta de un jamón un cerdo bajo una encina si se ha criado en una granja.

Un jamón de cerdo ibérico con denominación de origen Los Pedroches cuesta alrededor de 300 euros. Pero los hay más baratos que también proceden de esa comarca cordobesa. Hasta por la mitad de precio se venden algunos. El motivo es que, aunque se hayan producido en esa misma zona, no están certificados. Es decir, pueden no ser realmente ibéricos puros o no haberse alimentado con bellotas de la dehesa. Solo el 10% de los que se crían en esa zona llevan el certificado del consejo regulador de la denominación de origen. “Pero muchos más se benefician del prestigio de la palabra Pedroches, algunos poniéndola bien destacada en el etiquetado, aunque no estén certificados. Eso, aparte de ilegal, es engañoso para el consumidor porque cree que está comprando una cosa que no es. Y además es injusto para los productores que sí hacen el esfuerzo de someterse a los controles que exigimos”, denuncia Juan Luis Ortiz, secretario general del Consejo Regulador de Los Pedroches.

La asociación Origen España, integrada por 42 consejos reguladores de denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas (IGP) de alimentos —que suponen el 60% de las registradas—, acaba de publicar un estudio que revela que el valor económico de los productos que usurpan sus nombres en el mercado español supera los 90 millones de euros anuales. “La cifra se obtiene extrapolando el porcentaje medio de los alimentos fraudulentos que han sido constatados por nuestros inspectores, que se sitúa en torno al 15%”, explica Federico Moncunill, director del comité técnico de la asociación y secretario del consejo de la IGP Turrón de Jijona y Alicante.

España es el tercer país europeo con más denominaciones

El fraude se presenta de diferentes maneras. Por un lado, en restaurantes y establecimientos comerciales que venden productos sin envasar identificados con un pincho de plástico. “Por ejemplo, quesos que parecen manchegos pero no están certificados, turrón de Jijona que no lo es, jamones que sugieren ser lo que no son...”, apunta Moncunill. “Son productos que aparentemente tienen un valor añadido, el que les otorga la denominación de origen, y por los que el consumidor está dispuesto a pagar más, cuando en realidad no tienen ese valor añadido. Eso es una estafa”, añade.

Según un estudio de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), el 59,5% de los españoles están dispuestos a pagar más por alimentos de calidad. Y, más aún, en fechas navideñas, cuando se producen las mayores ventas de este tipo de productos. El jamón es, de hecho, el producto estrella de este periodo, seguido de los vinos y espumosos, el marisco y los turrones, según el observatorio Shopper View de la asociación de fabricantes y distribuidores AECOC. Es ahora, por tanto, cuando se registran los mayores porcentajes de fraude.

Peligro, juguete falsificado

No solo los alimentos de calidad sufren más fraude en Navidad. Miles de juguetes, perfumes, joyas y relojes con marcas falsificadas inundan los mercadillos y los pequeños comercios (especialmente los regentados por ciudadanos chinos), especialmente durante este periodo. Según los últimos cálculos de la Unión Europea, hechos públicos en un reciente congreso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior en Alicante, la usurpación de marcas cuesta a las empresas comunitarias entre 5.000 y 10.000 millones de euros al año.
“En el caso de los juguetes confluyen dos delitos: por un lado, uno contra la propiedad industrial por usurpación de marcas y, por otro, un delito contra la seguridad porque no pasan los controles de calidad de la UE y algunos pueden ser peligrosos para los niños”, advierte Juan José Caselles, responsable del departamento antipiratería del bufete de abogados Elzaburu.
Por eso en Navidad se intensifican las inspecciones para detectar productos potencialmente peligrosos para los niños. Por ejemplo, a principios de diciembre la Policía Municipal de Madrid decomisó 10.000 juguetes que podían provocar asfixia, quemaduras, infección, riesgo microbiológico y lesiones diversas. Algunos tenían pequeñas pilas o baterías que, en caso de romperse, podrían haber sido tragadas por los menores. La Asociación Nacional para la Defensa de la Marca calcula que alrededor del 30% de los juguetes que se venden en estas fechas son falsificados.
Los perfumes o las joyas falsificadas no presentan estos peligros, pero constituyen igualmente un delito. “Muchas veces el comprador sabe que lo que está comprando no es una marca original, por la que debería pagar más, pero que no haya engaño al consumidor no significa que no haya fraude. En este caso la justicia nunca va a actuar contra el cliente que compra el objeto falsificado, porque puede no saberlo, sino contra quien lo falsifica”, apunta Caselles. “Además, en estos casos también suelen confluir varios delitos: no solo contra la propiedad intelectual, sino también fraude de impuestos, explotación laboral…”.

El engaño no solo se presenta en alimentos al corte, sino también en productos envasados. Por ejemplo, los espárragos. En los últimos meses el consejo regulador de la IGP Espárragos de Navarra ha logrado retirar del mercado dos marcas que utilizaban la palabra Navarra en su denominación comercial (Coronas de Navarra y Conservas Tradicionales de Navarra) para hacer creer a los consumidores que sus productos procedían de esta región, cuando en realidad eran importados —mucho más baratos— y únicamente se envasaban en Navarra. “En la etiqueta indicaban que eran de Perú, pero con una tipografía tan pequeña que lo que realmente llamaba la atención era la palabra Navarra, no Perú. Nosotros denunciamos a estas empresas porque creemos que inducen a error, y las sentencias judiciales nos han dado la razón”, afirman desde el consejo regulador, que está a la espera de una tercera sentencia contra otra empresa, Alta Cocina Navarra, por el mismo motivo.

En el caso particular del jamón, no solo se usurpan denominaciones de origen, sino la propia calificación de ibérico. Según un reciente estudio realizado por la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico (Aeceriber), alrededor de un 30% de los productos de cerdo ibérico que se comercializan en España presentan irregularidades en su etiquetado que llevan a confusión a los consumidores, normalmente, para inducirles a pensar que se trata de un producto de una calidad superior a la que en realidad tiene.

Los estudios sobre fraude en alimentos de calidad se refieren solo al mercado español porque en el extranjero la cifra es incalculable. “Fuera de Europa no están reconocidas las denominaciones de origen, por lo que el fraude se multiplica y no tenemos capacidad para cuantificarlo porque no hay control. Los más perjudicados son productos como el queso manchego o el turrón de Jijona, que tienen mucho prestigio en Latinoamérica y EE UU”, afirma Moncunill.

El fraude hace mucho daño al queso manchego o al turrón de Jijona

La UE, que tiene 1.438 productos con denominaciones o indicaciones geográficas certificados o en proceso de aprobación (205 de España, el tercer país con más registros después de Italia y Francia), está intentando suscribir acuerdos bilaterales con otros Gobiernos para que protejan estas marcas de calidad. Ya se han firmado con Canadá, Colombia y Perú, pero quedan mercados importantes como Argentina y México.

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Turrín de Jijona.

Reconocer la protección es solo un el primer paso. Después viene lo realmente difícil: la detección del fraude y la posterior sanción. “No siempre es fácil conseguir sentencias condenatorias en los tribunales. En el caso de los espárragos de Navarra la infracción era evidente, pero hay muchos otros en los que la trampa es más sutil y es más difícil ganar en los tribunales. Por ejemplo, ilustraciones de molinos de viento o del Quijote para sugerir que un queso es manchego, fotografías de bellotas en jamones de cerdos que en realidad se alimentaron con pienso...”, razona el abogado Mario Pomares, asesor jurídico de Origen España.

La vía penal no es la única manera de luchar contra este tipo de fraude, recuerda Pomares, porque la UE concede a la Administración el poder para actuar de oficio contra cualquier producto a la venta que usurpe una DOP. “Pero las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de inspección, no tienen los medios para controlar todos los puntos de venta. Debería haber una acción más coordinada, impulsada desde el Gobierno central, para formar un verdadero frente contra el fraude”, opina Pomares.

“Sabemos que no podemos controlar cada rincón”, dicen desde la industria

Las sanciones varían. “Pueden ir desde 2.000 euros por una infracción leve hasta 30.000 por una grave y 300.000 si son faltas muy graves como la falsificación de certificados o documentos”, señala el abogado. “Pero cada comunidad es un mundo y actúa con más o menos vigor en función de sus recursos”, advierte. Recopilar los datos de todas las autonomías para saber cuántas sanciones se imponen y compararlas es una labor prácticamente imposible porque no hay un protocolo común y cada Gobierno ofrece datos parciales muy distintos. Aún así, puede recabarse algún ejemplo. Entre 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013, la Consejería de Sanidad de Madrid realizó 429 inspecciones sobre productos ibéricos y abrió 27 expedientes, con una propuesta de sanciones global de 393.189 euros. En Andalucía estas inspecciones no las realiza Sanidad, sino Consumo, y se contabilizan anualmente: en 2012 realizó 93 revisiones de productos ibéricos y abrió 43 expedientes por irregularidades. La Junta no ofrece datos de sanciones.

Fernando Burgaz, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, no cree que los alimentos de calidad necesiten una mayor supervisión que el resto. “Precisamente porque tienen sus propios inspectores, los productos con denominación de origen están más controlados que los demás”, afirma. Aun así, Burgaz admite que su departamento está trabajando en el borrador de una nueva ley que ayude a mejorar la actuación de las comunidades autónomas. “Se trata de sentar unas bases comunes para coordinar sanciones e impulsar campañas específicas a nivel nacional”, explica.

El director del comité técnico de Origen España no coincide con la opinión del representante del ministerio. “No se trata de dramatizar, pero no hay que quitar importancia al fraude. La prueba son los 90 millones que nosotros hemos calculado”, comenta Moncunill. “Somos conscientes de que ni nuestros inspectores ni los de la Administración pueden llegar a cada rincón de cada mercado para controlar todo lo que se vende. Por eso estamos intentando impulsar nuestras propias soluciones. Por ejemplo, hemos firmado un acuerdo con otras asociaciones agroalimentarias francesas e italianas para poner en común nuestras inspecciones: es decir, si uno de nuestros inspectores detecta una usurpación de un producto francés o italiano cuando realiza una visita, lo comunica al país afectado, y viceversa. Así triplicamos nuestra capacidad de acción”, explica.

Madrid ha aplicado sanciones por casi 400.000 euros en tres años

El ministerio tiene en marcha también otros planes. Burgaz recuerda que en los dos últimos años el ministerio está actualizando las normas de calidad de muchos alimentos que se habían quedado desfasadas, entre ellas, la de los productos ibéricos. La nueva legislación, que ya tiene el visto bueno de Bruselas y entrará en vigor de forma progresiva en los próximos meses, tiene entre sus objetivos clarificar las reglas en el sector para evitar juegos de confusión. Veta en las etiquetas el uso de nombres, logotipos, marcas, símbolos o menciones que puedan inducir a error y prohíbe expresamente (algo hoy muy habitual) presentar una etiqueta con un cerdo bajo una encina o en una dehesa cuando en realidad el animal haya sido criado en una granja cerrada de cebo.

Pero en el sector hay voces que critican que la nueva ley no aborda el problema de fondo: la pureza de la raza. La normativa mantiene tres categorías según la alimentación del cerdo (bellota, cebo de campo o cebo de granja) y permite utilizar la palabra ibérico para animales cruzados, aunque añadiendo un porcentaje en función de su pureza (ibérico 100%, 75% o 50%). “Esto es engañar al consumidor y degradar la raza”, dice Juan Luis Ortiz. Es como si nos quisieran vender, por ejemplo, un cava que solo es cava al 50%, y el otro 50% vino blanco. Cualquier comprador diría que eso no es cava”.