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Costa Rica, un año sin cumplir una sentencia sobre fecundación ‘in vitro’

Congresistas opuestos bloquean votación que pretende obedecer la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Jueces de la Corte Interamericana en la sesión sobre Costa Rica en 2012.  J. A. (EFE)
Jueces de la Corte Interamericana en la sesión sobre Costa Rica en 2012. / J. A. (EFE)

Costa Rica ha cumplió este viernes un año de no acatar el fallo con el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió habilitar la aplicación de la fertilización in vitro (FIV). Durante estos doce meses el Congreso ha debatido si obedecer o desobedecer la orden de la Corte que condenó al Estado costarricense por prohibir esta técnica de fecundación desde el año 2000 mediante una decisión del tribunal constitucional.

El último episodio ocurrió este jueves, minutos antes de que los diputados salieran a un receso de 46 días para dedicarse a la campaña electoral, en la cual el tema de la FIV ocupa un papel secundario, junto con otros asuntos sensibles para la influyente Iglesia Católica local. Una mayoría insuficiente de congresistas pretendía aprobar de una vez por todas una ley para regular la fertilización en laboratorios, pero 12 opositores (en un plenario de 57) de varios partidos aplicaron una medida extrema: rompieron el quórum para evitar la sesión y lograron evitar una ley que regule esa técnica. Sigue prohibida.

No hay líneas de partido, sino diputados conservadores o religiosos, además de la presión pública de los obispos católicos y pastores evangélicos, unidos por los proyectos que, en su criterio “amenazan a la vida”. Algunos congresistas abogan por desoír el fallo de la Corte del 20 de diciembre del 2012 y otros dan largas con argumentos sobre los detalles que debería contener una ley que faculte la FIV. A un lado está la opinión del Gobierno de Laura Chinchilla, que ha impulsado propuestas de ley para obedecer el fallo del tribunal internacional, aunque no crea de manera clara en el derecho de las parejas infértiles a tratarse en territorio costarricense.

Por oposición, por omisión o por la naturaleza alambicada de toda reforma legal en un Congreso altamente fraccionado, Costa Rica sigue impulsando a las parejas infértiles a realizarse el tratamiento fuera del país, sobre todo en Panamá. Por eso el abogado de algunas de las 12 parejas que habían demandado al Estado ante la Corte, Boris Molina, anunció este mismo viernes que presentará un recurso ante la misma Sala Constitucional que en el año 2000, ahora para intentar obligar al cumplimiento de la sentencia internacional.

“Esta violación a los derechos humanos se ha terminado de consumar hoy, a un año de la sentencia, la cual determinó que estas personas son víctimas; se les violó derechos fundamentales protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hasta ahora hemos tenido una sentencia en abstracto, pero le pedimos a la Sala Constitucional que ponga nombres y apellidos a los responsables de este incumplimiento”, dijo el abogado al noticiario ameliarueda.com.

En Costa Rica solo hay 15 personas nacidas producto de una fecundación realizada en este territorio, pues la técnica se aplicó entre 1995 y 2000, pero se suspendió cuando los magistrados del poderoso tribunal constitucional consideraron que se violaba el derecho a la vida. El argumento fue parecido al que ahora sostienen los opuestos a la FIV, basado en el supuesto de que se viola el derecho a la vida de los óvulos fecundados que no se implantan en el útero materno.

La Defensoría de los Habitantes se pronunció también por el incumplimiento y señaló que el país entra en una contradicción con su discurso histórico sobre derechos humanos. “Estamos hoy como al principio, violentando los derechos de personas a tener una familia y obligándolas a migrar a otros países para someterse a este procedimiento médico, generando una discriminación por su condición económica. Lo que se está solicitando es una regulación apropiada, ética y con parámetros científicos y de derechos humanos, y no fuimos lo suficientemente capaces de entender que una ley es necesaria”, declaró en comunicado de prensa el defensor adjunto de los Habitantes, Luis Gerardo Fallas.

Para el diputado Justo Orozco esto no es tan grave. Este congresista, representante de un partido evangélico y actual candidato presidencial, fue uno de los que abandonó la sala plenaria este jueves. “En todo caso, mi voto siempre será en contra. Sé que hay una sentencia de esa corte, pero somos un país soberano y cuando salga algo, saldrá “a la tica” (al estilo costarricense). Esa sentencia no está por encima y no tenemos un tiempo perentorio para resolver nada. De mi parte, no podría aceptar una ley que facilite el comercio (de óvulos) o que permita esto en parejas que no sean de matrimonio o de relación de hecho”.