Mato renuncia a aplicar los copagos en ambulancia, prótesis y dietoterápicos

El Consejo de Estado cuestionó que cobrar por el traslado no urgente suponga algún ahorro

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha renunciado definitivamente a aplicar los copagos en el transporte no urgente en ambulancia, las prótesis y los dietoterápicos, según aseguraron este lunes a este diario fuentes de su departamento, que indicaron que esta decisión fue tomada en diciembre pasado, es decir, antes de conocerse el informe del Consejo de Estado que cuestiona el ahorro que se conseguiría si se cobrara por el transporte sanitario no urgente. “No vamos a pedir nuevos esfuerzos a los ciudadanos”, confirmó posteriormente Mato durante una reunión del pleno del Consejo Asesor de Sanidad.

Estos tres copagos ya se contemplaban en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario, el mismo que limitó el acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación irregular y que estableció que, por primera vez, los jubilados iban a tener que pagar por sus medicinas (el 10% con topes de 8, 18 o 60 euros en función de la renta). Ahora, según estas mismas fuentes, el departamento que dirige Mato considera que ya no es necesario aplicar estos tres copagos, puesto que se ha conseguido el ahorro esperado con el resto de medidas.

Bolsillo ciudadano

El Real Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario abrió la puerta a los copagos en Sanidad.

Por primera vez, los jubilados —los trabajadores en activo ya copagaban al recoger los fármacos en la farmacia— iban a tener que pagar por sus medicinas (el 10% con topes de 8, 18 o 60 euros en función de la renta).

El 16/2012 también limitó el acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación irregular y avanzó que los enfermos iban a tener que aportar una parte del coste de las prótesis, los dietoterápicos y el transporte sanitario no urgente.

Una resolución del Ministerio de Sanidad de septiembre pasado estableció un nuevo copago no previsto en el RD 16/2012: los fármacos de dispensación hospitalaria iban a costar al paciente el 10% del precio del envase, con un tope de 4,2 euros.

El ministerio pretendía cobrar cinco euros por cada trayecto en ambulancia (con límite mensual en función de la renta) de pacientes que, por ejemplo, acuden a diálisis o a rehabilitación; no en caso de transporte urgente. Un informe del Consejo de Estado, fechado en noviembre pasado, pero conocido la semana pasada, pone en duda el ahorro que Sanidad espera conseguir con la medida. Básicamente dice que el coste de poner en marcha un sistema de cobro a los pacientes puede ser incluso mayor que lo que se recaude. Además de las ambulancias, Sanidad también se planteó el copago en las prótesis (desde sillas de ruedas hasta bastones o implantes) y el de los dietoterápicos, productos especiales que consumen enfermos con trastornos metabólicos complejos o que necesitan nutrición enteral.

“Al PP le ha entrado el pánico electoral”, afirmó el portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos. “Esta decisión pone de manifiesto una política de esperpento con temas muy sensibles para la gente. Todos los grupos de la oposición hemos dicho que estos copagos eran claramente lesivos para la gente y que no iban a conseguir los ahorros que se pretendían. El PP ha rectificado en una estrategia para minimizar los daños electorales de sus políticas antisociales”, añadió.

La decisión sobre los tres copagos de la llamada “cartera común suplementaria” lleva a preguntarse qué va a suceder con el copago de fármacos hospitalarios, el más contestado por las comunidades autónomas. Han pasado más de tres meses de su entrada en vigor (el 1 de octubre pasado), pero ninguna región lo ha puesto en marcha. No solo eso: las que lideran la rebeldía contra esta medida del ministerio son precisamente las de su mismo color político. Castilla y León, gobernada por el PP, ha llevado el asunto a los tribunales —el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha aceptado un recurso— y María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, anunció la semana pasada que la comunidad que preside, Castilla-La Mancha, va a devolver a sus ciudadanos el importe de lo cobrado con el copago. Es decir, en la práctica no va a aplicarlo. Que entre las comunidades díscolas estén precisamente las del PP —también se oponen Cataluña, Andalucía, Asturias...— no augura que la medida llegue a salir adelante.

Fuentes de Sanidad, sin embargo, insisten en distinguir los tres copagos ya descartados del hospitalario. Este último “ya está aprobado y en vigor”, aseguran. El cobro del 10% del precio del envase —con un tope de 4,26 euros— de 43 fármacos, en 157 presentaciones, que enfermos crónicos y graves (diversos cánceres, hepatitis C, artritis reumatoide...) retiran de las farmacias hospitalarias se publicó como resolución ministerial en el BOE el 19 de septiembre pasado. En cambio, Sanidad lleva arrastrando los tres copagos sobre los que rectifica desde hace más de un año, sin aprobarlos.

En el caso de los productos dietéticos, el ministerio redactó un proyecto de orden que remitió al Consejo de Estado. En julio pasado este organismo le dio el visto bueno y autorizó a Sanidad a llevarlo al Consejo de Ministros. Con la prestación ortoprotésica sucedió algo parecido, con la diferencia de que el permiso para elevarlo al Consejo de Ministros fue muy anterior, de octubre de 2012. Pese a ello, el ministerio mantuvo las dos normativas en una especie de limbo. Hasta ahora, cuando por fin reconoce que ya no tiene intención de aprobarlas.

La rectificación de Mato deja algunas preguntas en el aire. Sanidad aseguró que, al regular la prestación ortoprotésica, se uniformizarían los requisitos que piden las distintas comunidades. En algunas no se paga nada por una silla de ruedas o unas muletas, pero en otras sí, y cantidades variables. Precisamente el ministerio justificó hace unos meses la tardanza en aprobar la normativa por la ausencia de criterios unificados y de una cartera común, un registro, de productos financiados. Ahora esa homogeneización queda en el aire. El ministerio no va a imponer más copagos, pero tampoco va a obligar a las comunidades que ya los cobran a dejar de hacerlo, según fuentes de Sanidad.

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