El Consejo de Estado enmienda toda la ley de Parques Nacionales

El organismo se queja de “la urgencia” con la que ha tenido que estudiar el texto

Dice que parte del texto podría invadir competencias y que hay puntos “inconstitucionales”

Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

El Consejo de Estado tiene dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Parques Nacionales que ultima el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, una norma que durante su tramitación ha levantado controversia por autorizar, por primera vez, usos turísticos en las 15 grandes joyas naturales españolas. El Consejo de Estado alerta al ministerio de Miguel Arias Cañete de que el anteproyecto podría no ajustarse a “los parámetros de constitucionalidad” y le insta a reconsiderar “la totalidad del texto”, según recoge el dictamen de esta institución, de 26 de diciembre, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El órgano consultivo señala que hay varios artículos de la nueva ley que podrían invadir competencias de las comunidades autónomas, especialmente los que tienen que ver con la regulación del procedimiento de declaración de los parques, la declaración del estado de emergencia por catástrofe medioambiental y la intervención del Estado en caso de conservación desfavorable. El dictamen recuerda que ha habido mucha “litigiosidad constitucional” con leyes anteriores que regulaban los parques nacionales, cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, según han determinado varias sentencias del Tribunal Constitucional, y que hay que “cuestionar la conveniencia de volver a establecer un nuevo modelo que genere potencialmente controversias competenciales”.

Se avisa de que
se copia una norma socialista que
ya generó conflicto

La gestión de los parques nacionales ha generado tradicionalmente muchas fricciones entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que han elevado sus quejas a los tribunales. La ley anterior, de 2007, provocó recursos ante el Constitucional que ahora el Consejo de Estado teme que podrían repetirse puesto que “un porcentaje muy alto de su texto es simple copia literal de los artículos actualmente vigentes”. Es decir, este organismo le dice a Cañete que está prácticamente copiando una ley socialista que ya generó conflicto en los tribunales y señala que “sería muy conveniente” reflejar tal coincidencia en la exposición de motivos.

El Consejo de Estado menciona en dos ocasiones que “la urgencia” con la que le han solicitado el dictamen le impide profundizar en el anteproyecto y que se tiene que limitar a analizar los aspectos “potencialmente más conflictivos”. Uno de ellos es la declaración del estado de emergencia por catástrofe medioambiental, que según el texto corresponde al presidente del organismo autónomo de Parques Nacionales. El dictamen señala que es “necesario articular un mecanismo que permita actuar primero a la comunidad autónoma” y que se debe definir —“debería a toda costa dejarse muy claro”— qué se entiende por emergencia.

El anteproyecto de ley también faculta al Gobierno para intervenir en caso de “conservación desfavorable” del parque nacional. El Consejo de Estado considera, en primer lugar, que “no basta con aludir de manera genérica” a los supuestos en los que se produciría esa intervención, como que “los mecanismos de coordinación no resulten eficaces”, sino que es necesario incluir en el texto un “trámite de requerimiento formal final” a la comunidad autónoma para que sea ella, en el ejercicio de sus competencias, la que actúe en primer lugar.

Uno de los aspectos más conflictivos es la declaración del estado de emergencia por catástrofe medioambiental

Al órgano consultivo también le genera dudas una disposición adicional dedicada a las zonas sometidas a exigencia de la defensa nacional. El texto habla de “informe determinante” del Ministerio de Defensa en la toma de decisiones, algo que para el Consejo de Estado “es simplemente inconstitucional”. “Debe corregirse la redacción de este párrafo”, asegura. El Consejo también pone pegas a uno de los aspectos más controvertidos del anteproyecto: el hecho de que por primera vez se autoricen actividades de ocio en los parques naturales. En concreto, permitir el vuelo sin motor en el parque de Sierra de Guadarrama. “Es totalmente impropio incluir formalmente en una ley general aplicable a todos los Parques Nacionales este precepto tan específico y que solo tiene por objeto la regulación de una actividad de un uso concreto en uno de los parques”, concluye el dictamen.

Desde la organización conservacionista SEO/BirdLife aseguran que durante el proceso de participación de la norma tanto las comunidades como las ONG advirtieron sobre los puntos que ahora cuestiona el Consejo de Estado. “La posición es unánime entre las organizaciones. Queremos que se fortalezca la red de parques, porque ahora les falta coordinación y están en una situación débil, pero ante el riesgo de que la norma sea anticonstitucional como dice el Consejo de Estado, hay que medir si se debe seguir adelante o no, puesto que nos jugamos mucho”, señalaron fuentes de la ONG.

“El informe es muy claro y el propio Gobierno es consciente de que hay serias dudas de inconstitucionalidad. Tanto es así, que sospecho que el fin último no es arrogarse competencias que un tribunal negará, sino devaluar los contenidos conservacionistas y flexibilizar los usos permitidos”, señala el portavoz de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán. “Ya lo estamos viendo: autorización de cacerías, aprovechamientos turísticos y de ocio antes no permitidos...”, añade.
Una portavoz del ministerio aseguró ayer que “todas las recomendaciones” del órgano consultivo se han incorporado en el nuevo texto de la ley, que podría elevarse a Consejo de Ministros esta misma semana. “España cuenta con 15 Parques Nacionales y es obligación del Estado conservarlos”, añadió.

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