Archivada la querella contra el consejero de Salud balear por el inmigrante muerto
Varias entidades le demandaron tras el fallecimiento por tuberculosis del senegalés Alpha Pan El caso supuso la destitución en mayo pasado del gerente del Hospital de Inca Fernando Navarro
El Juzgado Número 2 de Palma de Mallorca ha archivado hoy jueves la querella interpuesta por varias entidades contra el consejero de Salud, Martí Sansaloni, y tres altos cargos de su departamento por la muerte por tuberculosis del senegalés Alpha Pam, que carecía de tarjeta sanitaria y que no fue diagnosticado correctamente.
El juez, Pedro Barceló, ha sobreseído la demanda planteada por Derechos Humanos de Mallorca, el sindicato CGT y la Asociación de Senegaleses de Mallorca, que acusaba a cúpula de Salud de homicidio imprudente, entre otros delitos.
Las circunstancias de la muerte del inmigrante senegalés en abril de 2013, que fue objeto de una fuerte controversia política porque le fue retirada la tarjeta sanitaria por residir sin permiso en España, están siendo investigadas por un juzgado de Inca.
El caso supuso la destitución en mayo pasado del gerente del Hospital de Inca (Mallorca), Fernando Navarro. En el auto de sobreseimiento, el magistrado entiende que "carece de rigor probatorio" la afirmación de que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes "sin papeles", decretada por el Gobierno central, causó la muerte de Alpha Pam.
"Ni tan siquiera se propone en la querella la declaración de las personas directamente afectadas por las conductas denunciadas ni se aporta alguna prueba directa relevante sobre la que basar los hechos denunciados", apunta Barceló.
El juez, que expresa su coincidencia con la idea de la Fiscalía de que los querellantes no persiguen descubrir la verdad sino "instar una causa general contra los altos cargos de la Consejería de Salud", expresa su extrañeza porque la querella no se planteará ante el Juzgado de Inca que investiga la muerte del inmigrante. Este precisa que aunque entiende que tampoco cabe a los denunciantes pedir sanciones por un presunto delito de revelación de secretos del que no son parte perjudicada, habrá que esperar a que la Audiencia resuelva la impugnación de la fianza de 3.000 euros que impuso el juez para determinar si se admite su personación y puede, por tanto, recurrir el sobreseimiento.
Respecto al resto de presuntos delitos archivados, Derechos Humanos de Mallorca, el sindicato CGT y la Asociación de Senegaleses de Mallorca tienen tres días para recurrirlos.
