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Tesoros urbanos de anteayer

El cierre de comercios emblemáticos aviva el debate sobre cómo defender el patrimonio

Se protegen edificios, pero no farolas

Comercios emblemáticos de Barcelona, como la pastelería La Colmena, van a cerrar.
Comercios emblemáticos de Barcelona, como la pastelería La Colmena, van a cerrar.

¿Qué tienen en común las entradas al metro de París de Hector Guimard, las cabinas telefónicas de Reino Unido y las farolas-banco del paseo de Gracia barcelonés erróneamente atribuidas a Gaudí? Todas causaron estupor y todas han terminado convertidas en iconos de su ciudad. Así, la oposición que provocaron cuando comenzaron a instalarse, a principios del siglo XX, se ha transformado hoy en una protección que vela por su conservación.

Se cuentan por millones los turistas que cada año se retratan en uno de los 32 bancos-farola que quedan. El legendario “Falqués, te colgaremos de tu propia farola” evoca el rechazo que, en 1906, sufrió su autor, el arquitecto municipal Pere Falqués i Urpí, pero actualmente los bancos están protegidos y, además de alumbrar y ofrecer asiento, recuerdan al visitante que el modernismo barcelonés se extiende más allá de Gaudí. La historia de este elemento urbano (incluida su interpretación de 1974 en forma de farola-jardinera) es un ejemplo de convivencia entre el patrimonio arquitectónico y la evolución de la ciudad. Pero no siempre sucede así. La chocolatería Fargas, que abrió en 1827, deberá cerrar a final de año cuando concluya su contrato de alquiler y los propietarios del edificio donde está ubicada lo transformen en un centro comercial. El alcalde, Xavier Trías, se comprometió hace unos días a proteger los comercios singulares, pero lo hizo tras aprobar ese centro comercial. Curiosamente, los menos conservadores, PSC, IC y ERC, se opusieron al proyecto. También cerrarán otras tiendas singulares como la pastelería La Colmena o el colmado de Quílez.

Los bancos-farola de Falqués, antaño denostados, son hoy un icono barcelonés

La primera cabina telefónica británica, diseñada por sir Giles Gilbert Scott en 1924, no era roja. Se pintó para hacerla más visible. Y fue alterándose con el paso del tiempo hasta que se percataron de que apenas quedaban “originales” de ese elemento aparentemente insignificante y, sin embargo, emblemático. Hoy, hay “primeras” cabinas en la Royal Academy de Londres o en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) de Boston. Pero para cuando surgió la norma que las protege, buena parte había desaparecido camino de las casas de subasta. Algo similar sucedió en París. De las 141 entradas de metro Art Nouveau ideadas por Guimard apenas quedan 86, incluida la de la colección del MoMA y descontada la de Châtelet, una réplica erigida en el año 2000 que conduce a preguntarse: ¿qué nos lleva a destrozar lo original y a tratar de resucitarlo luego como pastiche?

La ambigüedad a la hora de establecer el grado de protección que tienen estos elementos facilita su deterioro. Se protegen edificios y jardines, pero no farolas: las partes preservadas dependen del todo de quien pertenecen. Y son muy pocos los inmuebles íntegramente indultados. Sin embargo, incluso quienes no atienden a razones culturales harían bien en prestar atención a las económicas. Una cabina puede parecer poco, pero ¿qué visitan los turistas cuando ya han estado en la Giralda o en la catedral de Santiago?

El patrimonio urbano pequeño contribuye más que el monumental a la riqueza de las calles. Se conserva en sociedades con conciencia patrimonial, como la italiana, en ciudades con escasos bienes urbanos —como las norteamericanas— o con pocas posibilidades de renovación, como las portuguesas o las checas. Y su conservación habla de civilización. “La presencia de tiempos diferentes en la ciudad da un significado más profundo y rico al espacio urbano”, argumenta el arquitecto Manolo Gallego, autor de rehabilitaciones como la del Museo de Bellas Artes de A Coruña. Además de cuidar lo que merece cuidado, no se trata de atraer al turismo con gestos monumentales sino de intentar que vuelva. Una ciudad construida a capas es como un buen libro, o una buena película: permite relecturas, se deja ver de nuevo.

Más allá de una normativa interpretable, la protección del patrimonio histórico es un terreno pantanoso porque cada Ayuntamiento tiene su catálogo de Bienes de Interés Cultural (BIC) y además —y ahí está la clave— aplica su propio criterio —variable— para alterarlo. Así, los catálogos establecen diversos niveles de protección (integral, parcial, ambiental...) y buena parte de los elementos icónicos (farolas, rejas, letreros, pavimentos o quioscos) se escurre entre esas interpretaciones. En ese magma, los elementos aislados pueden quedar desprotegidos. Pensemos en los buzones amarillos de fundición: ¿cuántos ha visto desaparecer en su barrio? ¿Sería posible encontrar una cabina como la que encerró a José Luis López Vázquez en la película homónima que dirigió Antonio Mercero en 1972? Con una protección fragmentaria y arbitraria, ¿cómo hacer compatible memoria urbana, cuidado del patrimonio y vida en los edificios céntricos?

El arquitecto Carlos Lamela, que firmó la T4 de Barajas y ahora trabaja en el diseño del complejo Canalejas —la reconversión de varios edificios históricos en un centro comercial con hotel junto a la Puerta del Sol de Madrid—, considera que no es posible proteger un patrimonio al que no se da uso: “O somos suficientemente flexibles para permitir que la protección no sea una barrera insalvable, o muchos edificios morirán”, esgrime. Aunque su proyecto hará desaparecer gran número de vidrieras, rejas, puertas y cornisas, considera que es el uso lo que protege a los inmuebles y argumenta que si la mezquita de Córdoba no hubiese sido transformada en catedral cristiana, hoy no existiría.

Las rejas, los letreros o los buzones también tienen gran interés turístico

Sin embargo, el arquitecto Alberto Tellería, especialista en historia, defiende que el 99% de los edificios antiguos sigue en uso sin necesidad de destruir sus valores patrimoniales. “La necesidad de reformar no obedece habitualmente a la obsolescencia de los inmuebles sino a criterios especulativos”, opina. Y pone como ejemplo, precisamente, a ese futuro complejo Canalejas en el corazón de Madrid. Explica que tras la mudanza al extrarradio de las sedes bancarias que ocupaban esos edificios “tocaba recoger las plusvalías generadas por la revalorización de los solares del centro urbano”. Y que “ya antes de que estallase la burbuja inmobiliaria el banco de Santander negoció la venta de la manzana partiendo de un plan mucho más proteccionista que el actual [realizado por Rafael de la Hoz]”. Sin embargo, cuando esa operación se truncó, “como el banco no quería renunciar al valor que había asignado al conjunto, removió Roma con Santiago para que le permitiesen remodelar la manzana, añadiendo plantas y destrozando el interior”. Hace un año, el Santander vendió ese patrimonio por 215 millones de euros al grupo Villar Mir. Obtuvo una plusvalía de 85 millones de euros pero sacrificó una colección irrepetible de vidrieras, mostradores, columnas, puertas y rejas.

Aunque es probable que un nuevo centro comercial revitalice un barrio, destruir el patrimonio a golpe de cambios de catalogación desprestigia una ciudad, su arquitectura y al Ayuntamiento que lo permite. Fue el consistorio madrileño el que cambió la protección del interior de esos edificios al considerar “destrozado por los cambios de uso” lo que Tellería califica de “tesoro urbano”. Una interpretación tan dispar deja claro que en el debate sobre cómo aunar protección de patrimonio y nueva vida en los edificios antiguos por encima del cuidado patrimonial parecen imperar los criterios económicos. ¿Cómo mantenerlos a raya? ¿Cómo hacer que el largo plazo de las ciudades resista al cortoplacismo de tantos ayuntamientos endeudados?

El arquitecto Enrique Bardají, que realizó el Plan Especial de Protección y Rehabilitación de Santiago de Compostela y actualmente dirige el equipo que revisa el catálogo de Madrid, explica que los últimos 30 años de protección histórico-arquitectónica han estado condicionados por el rechazo radical a las políticas de demolición indiscriminada que se practicaron después de la Segunda Guerra Mundial en toda Europa. Frente al mantenimiento de todo aquello que tiene “suficiente antigüedad”, él propone valorar la relación entre edificio y ciudad para introducir mejoras en los inmuebles de los cascos históricos. Así, Bardají aboga por inyectar mayor laxitud. Sin embargo, hechos como que en algunos catálogos de Bienes de Interés Cultural las construcciones desnudas precursoras de la modernidad se juzguen como poco valiosas, ilustran la desprotección de la arquitectura moderna que ha permitido la desaparición, en 1999, de una obra tan relevante como la Pagoda que Miguel Fisac construyó en Madrid en 1965. “Aquí se plantearon 100 años de antigüedad mínima como regla y todos los inmuebles del reinado de Alfonso XIII o de la modernidad quedaron desprotegidos”, explica Tellería.

Bajardí cree que “casi cualquier uso es compatible con proteger el inmueble”

La norma para controlar el patrimonio —los catálogos— corre el doble riesgo de burocratizar los procesos de saneamiento y de convertirse en coladero. ¿Cómo? Permitiendo a la vez una interpretación muy estricta que lleva a paralizar la reforma de comercios —y a cerrarlos durante meses— por haber sustituido una pequeña pieza de fachada en una zona de protección ambiental —la más leve— y, a su vez, amparando operaciones que eliminan un reguero de elementos urbanos con una lectura mucho más laxa del mismo manual. Esa interpretación arbitraria desemboca con frecuencia en un limbo legal donde, salvo los monumentos de primera fila, todo puede alterarse. Semejante desprotección contrasta con legislaciones como la neoyorquina, por ejemplo, donde puede protegerse un edificio cuando se cumplen 30 años de su construcción.

Cuando Bardají defiende que los edificios del pasado deben poderse modificar argumenta que en la mayoría de las casas debe prevalecer habitabilidad sobre protección. La Pedrera de Gaudí sigue siendo un edificio de viviendas. Y el obrador de la pastelería Fargas sigue cociendo chocolate. “Casi cualquier uso puede ser compatible con la protección de un inmueble”, explica. Tellería le da la razón: “Que un edificio se proteja no quiere decir que no se pueda intervenir en él, sino que se establecen cautelas para asegurar actuaciones que no mermen sus valores histórico-artísticos”, explica al tiempo que recuerda que el valor económico de un edificio pertenece a su propietario, pero los valores culturales a toda la sociedad.

Por eso este arquitecto compara la operación Canalejas a construir un rascacielos en el centro de la catedral de Burgos y decir que no queda afectada la fachada —lo único ahora protegido— porque no se toca. “No se trata de impedir cualquier intervención, solo aquellas que no sean respetuosas con los valores del edificio”, insiste. Y explica que ningún inmueble —ni antiguo ni moderno— admite un uso contradictorio con aquel para el que fue diseñado, “aunque los intereses económicos de los propietarios vayan en esa dirección”.

Carlos Lamela, por su parte, opina que transformar completamente los interiores “no es ni bueno ni malo, simplemente es ley de vida para adaptarse al paso del tiempo”. Sin embargo, declara estar “proponiendo la recuperación de un mayor número de elementos de los antiguos bancos que formaban el complejo Canalejas”. Así, habla de un rescate sui géneris —y en cierto modo acultural— cuando cita la selección de elementos a recuperar “para reubicarlos”. ¿Da lo mismo dónde se pongan las rejas y las puertas restauradas? “Que los edificios se queden sin uso y continúen deteriorándose significará la muerte de la ciudad”, insiste antes de opinar que en España la sociedad nunca ha valorado el interés decorativo de determinados locales comerciales como sucede en otros países europeos. “A medida que nuestro nivel cultural vaya aumentando, iremos valorando aspectos que hoy descuidamos”, zanja.

Lamela: “Que los edificios se queden sin uso significará la muerte de la ciudad”

En las Ramblas de Barcelona, una antigua sastrería vende hoy porcelana de Lladró. En París, la joyería Aleixandre se convirtió en un MacDonald's conservando buena parte de su decoración. Y el Musée Carnavalet de historia de la ciudad conserva la decoración completa (fachada incluida) de algunas tiendas antiguas. Sin embargo, ¿qué valor tiene preservar comercios y cambiarles el uso? El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Barcelona, Raimond Blasi, abordó, por primera vez esta semana, la posibilidad de preservar actividades como bien cultural en medio del debate sobre el futuro de la chocolatería Fargas. En Sevilla, la relojería El Cronómetro ha superado crisis y cambios generacionales sin alterar su fachada. Lo mismo que ha hecho el bar Manteca de Cádiz, la centenaria farmacia Rodríguez Maimón de Logroño o el café Iruña de Bilbao, pero son excepciones.

Tellería considera que en España arrastramos el complejo de ser un país atrasado: “Eso hace que nos entusiasmemos por cualquier novedad que nos haga sentirnos modernos, despreciando elementos del pasado por valiosos que sean”. Tenemos, además, un problema con el mantenimiento: “Aquí las cosas se degradan porque no se cuidan y se dejan decaer hasta que requieren una renovación completa”, explica. Y no le falta razón. Piensen en los aparatos de aire acondicionado colgados en las fachadas o en edificios recién construidos en los que se renuevan rejas y ventanas sin respeto por el diseño original. A esa falta de decoro atribuye Tellería que algunos locales antiguos presenten una mezcolanza desconcertante, fruto de continuas reformas descontroladas.

Sin una educación que induzca a cuidar los bienes colectivos y con leyes interpretables por los ayuntamientos de acuerdo con sus prioridades es difícil que el patrimonio no siga desapareciendo o generando controversia. Sin embargo, la falta de cuidado con los bienes de interés cultural no solo supone una pérdida económica y patrimonial, también permite intuir qué ocurrirá con nuestras obras cuando ya no podamos cuidarlas.

Catalogar o destruir el patrimonio

El catálogo de elementos protegidos es parte del Plan General de Ordenación Urbana. Lo actualizan los Ayuntamientos —convocando concursos periódicos— y lo supervisan las autonomías. Los niveles de protección varían entre el máximo —nivel 1 de protección íntegra— y el mínimo —nivel tres de protección ambiental—, que obliga a mantener el volumen que ocupa un edificio, pero no a conservar la fachada. En medio quedan las protecciones volumétricas, parciales o de valores determinados.

Cualquier ciudadano puede pedir la protección para un inmueble o parte de este, “pero la experiencia que tenemos es que no sirve de nada”, indican en la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, donde solo han conseguido conservar un antiguo frontón, el Beti Jai, mientras que para proteger obras como el teatro Albéniz o las Vistillas de Madrid tuvieron que recurrir al Tribunal Supremo, que evitó su destrucción. Dice Vicente Patón, que dirige esa asociación: “Asistimos a una hipertrofia y abducción del poder político sobre la autoridad de los técnicos de la Administración, cada vez más relegados y sustituidos en sus niveles altos por asesores, o peones del partido gobernante, a veces sin el menor conocimiento de su tema”.