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La nueva factura de la luz nos deja a oscuras

La tarifa por horas hará todavía más difícil entender el recibo y reclamar

Las eléctricas califican el sistema de “bomba de relojería”

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El Jefe de Laboratorio de la empresa Tecnalia comprueba el funcionamiento de un contador inteligente.

Entre las dos y las siete de la madrugada de ayer, el precio de la electricidad en el mercado mayorista diario (OMIE) era de 0 euros (sin contar peajes ni impuestos). A las ocho de la mañana subió a 2,50 euros por megavatio por hora. A las diez de la mañana subió a 6,61 euros y a las cinco de la tarde bajó a un euro. A partir de esa hora volvió a subir y se disparó a las diez de la noche hasta los ocho euros por megavatio hora, el precio más alto de la jornada. Esto es lo que habrían pagado las viviendas con contadores digitales si estuviera ya funcionando el nuevo sistema de fijación de la tarifa de la luz regulada por el Gobierno, que entrará en vigor en abril (se llamará precio voluntario para el pequeño consumidor, PVPC, en sustitución de la TUR), a la que tienen derecho los clientes con una potencia inferior a 10 kilovatios y que actualmente disfrutan 16 millones de viviendas. A las que aún no tienen contadores digitales se les habría facturado el precio medio del día: 3,12 euros por megavatio por hora.

Fuente: OMIE.

El Ministerio de Industria remitió el lunes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el borrador del real decreto que establece este nuevo mecanismo, que sustituye al actual sistema de subastas que determina un precio fijo cada trimestre, implantado en 2009. Según el Gobierno, así se eliminará el sobrecoste (calculado en 1.160 millones de euros entre 2010 y 2013) que generan los intermediarios que participan en las subastas, principalmente bancos de inversión y entidades financieras, y bajará un 3% la factura de los clientes con tarifa regulada. Una factura que se ha incrementado un 60% desde 2007.

Esto es en teoría. En la práctica, puede pasar cualquier cosa. “Es como tener una hipoteca a interés variable, pero con mucha más incertidumbre, porque los tipos de interés de las hipotecas se revisan cada seis meses o cada año y el precio de la electricidad en el mercado cambia cada segundo”, advierte Jorge Morales, experto en energía y productor fotovoltaico. “El mercado diario es tan volátil que si hubiera estado vigente el nuevo sistema, teniendo en cuenta condiciones meteorológicas como el viento, la factura de diciembre habría sido un 12% más cara de lo que fue, mientras que la de enero habría sido un 15% inferior”, calcula.

Para quienes no quieran vivir con la incertidumbre que genera este sistema, el real decreto ofrece la posibilidad de contratar un precio cerrado por kilovatio por hora durante un año. Pero esta opción saldrá más cara. No solo eso. “Obliga a una permanencia durante 12 meses. Es decir, el cliente no tiene derecho a cambiar de opinión a mitad de año ni a pasarse a otra comercializadora si no está contento”, avisa Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). “No aconsejamos esta opción, pero la otra tampoco nos parece buena. La factura va a ser aún más farragosa y nadie va a saber lo que está pagando. ¿Quién se va a poner a comprobar que lo que le facturan es lo que realmente consumió cada hora de los dos meses anteriores?”, se pregunta.

Lo mismo opina Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua. “Si a los que tengan contadores digitales se les va a cobrar un precio distinto cada hora, teniendo en cuenta las horas que hay en una factura de 60 días, en cada recibo puede haber hasta 1.500 precios distintos. Así va a ser muy difícil saber si te están cobrando lo correcto”, dice. Tanto Facua como la OCU auguran una avalancha de reclamaciones porque los clientes no van a entender la factura, y advierten de que va a ser más difícil demostrar errores de facturación.

La complejidad del mecanismo ha conseguido que, en este caso, las eléctricas opinen lo mismo que los defensores de los consumidores. Las compañías han calificado el sistema de “bomba de relojería” y afirman que “la luz no bajará lo suficiente”. Además, el presidente de la patronal Unesa, Eduardo Montes, ha subrayado que se va a plantear “un problema de facturación” por el plazo tan breve que se les ha dado para adaptarse. “No sé si perjudica o favorece a los consumidores, pero es de una complejidad enorme”, dijo en unas jornadas de Esade.

Como un jeroglífico también lo ve la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (ANAE), que considera una desventaja que cada factura sea distinta. “La ventaja es que sabemos que sin las subastas en la media anual estaremos pagando menos”, afirma Francisco Valverde, su presidente. Valverde opina que es pronto para hablar del impacto que tendrá el mecanismo basado en los contadores digitales, ya que hasta 2018 no estarán implantados en todos los hogares. “De momento, las únicas beneficiadas son las eléctricas porque les permite la telegestión”, afirma. Por ejemplo, pueden hacer la lectura sin enviar a un técnico a la vivienda. Pero los clientes no ven ningún beneficio porque no pueden consultar en tiempo real sus propios datos, pues solo las compañías tienen acceso directo a esa información. “Eso implica, además de que tenemos que fiarnos de la lectura de las eléctricas, que no podemos aprovechar esos datos para hacer un consumo más eficiente”, lamenta Morales.

“Podrá haber hasta 1.500 precios distintos cada dos meses”, dice Facua

“De momento, el consumidor no podrá ver los datos de otra manera que no sea a través de las páginas web de la eléctrica con la que tenga contratado el servicio, donde podrá pedir una lectura inmediata”, corrobora Ibon Arechalde, jefe del laboratorio de telecomunicaciones de Tecnalia, encargado de certificar estos dispositivos. Arechalde considera conveniente que en un futuro, cuando culmine el proceso de instalación, los consumidores puedan consultar sus datos en tiempo real, porque los contadores lo permiten.

En España hay instalados unos siete millones de contadores digitales. Es decir, solo una tercera parte del total de dispositivos que hay que cambiar, según establece la ley, antes de 2018. Pero según Arechalde, actualmente solo cuatro de estos siete millones dan verdaderamente servicio, ya que para que la instalación sea completa hay que incorporar un concentrador en la red eléctrica para que sea del todo efectivo.

Tecnalia es uno de los dos laboratorios en todo el mundo que se encarga de certificar el buen funcionamiento de estos dispositivos. “En Europa la instalación está menos avanzada que en España, ya que la directiva comunitaria que obliga a renovarlos deja margen hasta 2020. En Italia, entre 2006 y 2009 se hizo la transición en más de 35 millones de contadores, pero con aparatos más limitados, que solo ofrecen datos de consumo, mientras que los que se están instalando aquí permiten una telegestión más avanzada. En Francia solo se han instalado 100.000 como experiencia piloto, al igual que en Alemania y Reino Unido”, explica Arechalde.

También van a ser distintos entre sí los recibos de los que no tengan contadores digitales, a los que se aplicará el precio medio diario del OMIE. “Como la lectura no se hace los mismos días en todas las viviendas, cada cliente tendrá un periodo de facturación distinto y, por tanto, un precio medio diferente. Y cada consumidor, si quiere comprobar que se le ha facturado bien, tendrá que comprobarlo en el OMIE”, dice Morales.

Facua considera que el nuevo mecanismo, sea con contador digital o por precio medio diario, es ilegal porque vulnera la Ley de Consumidores, que obliga a informar sobre el precio de un servicio antes de su contratación. “Es como pedir un café sin saber cuánto vale hasta después de tomarlo”, recuerda su portavoz.

El Gobierno asegura que se va a conseguir una rebaja del 3%

Sánchez también advierte de que, al eliminar las subastas trimestrales, el Gobierno “se ha quitado de encima el problema de tener que anunciar cada tres meses una subida o una bajada de la luz”. “Y algo peor: no vamos a saber si la luz sube o baja porque cada consumidor tendrá una factura distinta”, añade. “Lo que ha hecho el Gobierno es desentenderse de una responsabilidad que aún le corresponde. No se puede dejar en manos de las empresas un mercado que aún está liberalizado a medias, sin unas reglas que protejan al consumidor”, insiste la portavoz de la OCU.

La OCU augura otro posible problema. “Con lo farragoso que va a ser el sistema, los comerciales pueden hacer su agosto. Si ya son comunes las prácticas agresivas para arrebatar clientes a la competencia, prometiendo ofertas complicadísimas que nadie entiende, ¿qué no harán cuando empiecen a llegar facturas con precios distintos cada hora?”, comenta Izverniceanu. “Veremos qué pasa el primer mes que los ciudadanos reciban un susto porque el mercado se haya disparado y les llegue una factura altísima”, apunta Morales. “Algunos preferirán pagar un precio fijo, aunque sea más alto. Y otros pedirán volver al sistema anterior”, aventura.