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Justicia universal, sí, hasta que afecta al amigo

España deja de ser modelo internacional en la lucha contra la impunidad

La presión política y la diplomática se imponen sobre los derechos si los criminales son socios

Prima la geoeconomía

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Protesta de tibetanos exiliados contra el Gobierno chino en 2009. AFP

El genocida, el autor de delitos contra la humanidad o el criminal de guerra en cualquier parte del mundo puede tener, dentro de unos meses en España, un país en el que ningún juez le molestará. Sin el apoyo de ningún otro partido, el PP en el Congreso pretende dinamitar la capacidad de los tribunales españoles para ejercer la jurisdicción universal. Es una noticia interesante para gente como Bachar el Asad, por ejemplo. Si fuera derrocado en Siria y despojado de todo cargo, podría venir aquí de vacaciones tranquilamente. Si la futura ley se formula igual que la propuesta, solo podría ser procesado en España si otro país —pongamos Francia, que quiere copiar la aún vigente jurisdicción universal española— reclamara su extradición y España se la negara. Las víctimas son las principales perjudicadas, pero también se resiente la cacareada Marca España, al dejar el país de ser el modelo internacional en la lucha contra la impunidad que había forjado desde los noventa.

El Gobierno tramita a toda velocidad un recorte en esa jurisdicción tan drástico que, si entra en vigor tal y como está planteado, tendrá muy poco de universal. Los jueces solo podrán perseguir esos delitos de extrema gravedad cuando el presunto autor sea español, o extranjero residente en España o, como en la hipótesis del principio, esté en España y esta niegue su extradición al país que la solicite. Otra conjetura: si miles de españoles en otro país fueran víctimas de crímenes de guerra, no podrían acudir a la justicia española, sostiene Javier Chinchón, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense y director de Investigación de Rights International Spain. “Desprotege incluso a los españoles en el extranjero frente a los crímenes internacionales más graves”, explica. Con este cambio, Madrid cede a la presión de Pekín para torpedear la causa contra cinco exdirigentes chinos investigados por el delito de genocidio en Tíbet con el objetivo de que quede sobreseída.

Cada Estado decide si incorpora la jurisdicción universal a sus leyes, y lo hace en función de “sus valores y de su papel en el mundo”, precisa Antonio Remiro, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid. “En 1985, la jurisdicción universal era buena para aplicársela a los tiranos africanos, pero cuando los criminales son socios comerciales, países amigos o inversores, cambian los valores. Los populares podrían reconocer esa hipocresía, podrían decir, ‘no somos Juana de Arco, no nos jugamos nuestras inversiones por los tibetanos”, opina Remiro. En vez de a la heroína francesa, el PP ha recurrido a Cervantes para calificar la jurisdicción universal. “Quijotesca” la ha llamado el diputado popular José Miguel Castillo.

“Hoy prima la geoeconomía, abrir España a inversiones y negocios a empresas españolas”, explica Borja Lasheras, director adjunto del think tank European Council on Foreign Relations (ECFR) en Madrid. “Esa tendencia se alinea con las nuevas corrientes que imperan en las relaciones internacionales, lejos del intervencionismo de los noventa y de principios de la década pasada, y más partidario de un orden de Estados soberanos, con pocas injerencias externas”, argumenta. España ha optado, dice, por un perfil bajo y posibilista en derechos humanos “excepto en la causa palestina, donde es más activa”.

No es la primera vez que la presión de un país poderoso desfigura el ejercicio de la jurisdicción universal de otro. Tal vez el caso más sonado sea el de Bélgica y el antiguo ministro de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld. En 2003, Washington se opuso a la construcción de la nueva sede de la OTAN en Bruselas si los belgas no abandonaban la jurisdicción universal. “Ningún político o militar de mi país puede sentirse seguro con leyes así. No queremos interferir en la soberanía belga, pero deben resolver este asunto”, dijo Rumsfeld, al ver que desde los juzgados belgas se interponían demandas por presuntos crímenes contra la humanidad perpetrados por estadounidenses en Irak. Entre los citados a comparecer figuraba el presidente de entonces, George W. Bush, y el general Norman Schwarzkopf. Los cambios operados por el legislador ese mismo año obligaban a que tanto acusados como víctimas fueran belgas o residieran en el país.

Países con casos abiertos

Argentina. Acepta en 2013 la investigación de los crímenes del franquismo
y ordena detener a cuatro expolicías denunciados como torturadores, entre ellos Billy el Niño. Ese mismo año, la Cámara de Casación Penal reabre la causa por genocidio (cerrada en 2009 por presión de Pekín), presuntamente perpetrado por el régimen comunista chino contra millones de practicantes
de la disciplina espiritual Falun Gong. También ha recibido una querella criminal de 16 ciudadanos paraguayos contra los responsables
de la dictadura del general Alfredo Stroessner.

Francia. Abrió el 4 de febrero el juicio contra el ruandés Pascal Simbikangwa por complicidad en genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos durante el genocidio de 1994 (el intento de exterminio de la población tutsi a manos de la etnia rival, los hutu, causó entre 500.000 y 1.000.000 de muertos).

Alemania. A punto de concluir, en Fráncfort, el juicio por genocidio contra Onesphore Rwabukombe, antiguo militar ruandés. Se le acusa de una masacre en la localidad de Kiziguro y el fiscal pide cadena perpetua.

Holanda. En enero, arrestó al ruandés Jean Baptiste M., sospechoso de genocidio en su país en 1994. Fue secretario general de la Coalición para
la Defensa de la República de Ruanda, un partido de extrema derecha hutu.

Suecia. Investiga a cinco personas por su supuesta participación en crímenes contra civiles kurdos en Irak. Al menos tres de los sospechosos, que pidieron asilo a las autoridades suecas, fueron miembros del partido Baaz, de Sadam Hussein.

Suráfrica. El Servicio Nacional de Policía ha apelado contra la decisión de los tribunales de que investiguen crímenes contra la humanidad. Las fuerzas del orden no quieren atender las quejas, presentadas en 2007, contra 18 ciudadanos de Zimbabue por el Foro de Exiliados de dicho país.

En diciembre de 2009, ocurrió algo parecido en Reino Unido. La justicia británica emitió una orden de arresto contra Tzipi Livni, ministra de Exteriores de Israel durante la denominada Operación Plomo Fundido. Oficialmente, la ofensiva militar lanzada contra Gaza un año antes debía destruir “la infraestructura terrorista de Hamás”. En el ataque murieron 1.400 palestinos y 14 israelíes, y la detención de la política fue solicitada por los abogados de los primeros. Livni debía asistir en Londres a una conferencia, pero canceló el viaje dos semanas antes. El malestar creado unió al entonces primer ministro laborista, Gordon Brown, y a la oposición conservadora en sus críticas contra la jurisdicción universal. Hoy ministra de Justicia, Livni es partidaria de crear dos Estados, uno palestino y otro israelí, y Londres la considera esencial “para avanzar en el proceso de paz”. A pesar de ello, solo pudo viajar a Reino Unido en 2011, cuando la legislación ya había sido modificada “para evitar que los tribunales fueran utilizados con fines políticos”. En esencia, ha otorgado al Fiscal General del Estado poder de veto sobre las demandas privadas.

En un estudio publicado en 2011 en el American Journal of International Law, Máximo Langer, experto en Derecho Penal Internacional de la Universidad de California (Los Ángeles, UCLA), sostiene que desde los juicios de Núremberg, “los procesados en virtud de la jurisdicción universal son en su mayoría nazis, ciudadanos de la antigua Yugoslavia y ruandeses”. Y añade: “En otras palabras, el tipo de acusado que la comunidad internacional está de acuerdo en juzgar y castigar, y carece del apoyo de su propio Estado de origen o nacionalidad”.

No es el caso de los cinco exdirigentes chinos investigados por el delito de genocidio en Tíbet. Pekín se ha mostrado molesta por la investigación y ha usado su influencia para frenarla. China posee el 20% de la deuda española en manos extranjeras y España la contempla como un paraíso de oportunidades donde ya se han establecido unas 600 empresas españolas. En medio de la crisis, muchos entenderían que prime “la agenda económica sobre la de los derechos humanos”, como constata Ignacio Jovtis, de Amnistía Internacional. Pero los argumentos que ha dado el PP para justificar el hachazo a la justicia universal delatan que la ve, además, como una fuente innecesaria de problemas. El portavoz del grupo parlamentario popular, Alfonso Alonso, lo expresó la semana pasada de un modo diáfano: hay que eliminar esta jurisdicción para evitar “disputas inútiles que solo generan conflictos diplomáticos”, dijo.

Las víctimas son las grandes perjudicadas, pero también la imagen de España

Esas tensiones motivaron, en 2009, que se cercenara por primera vez la jurisdicción universal. Israel estaba molesto por el caso abierto en España contra siete militares israelíes. Entonces era presidente del Gobierno el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, abanderado de la alianza de las civilizaciones, la cooperación y los derechos humanos. PSOE y PP pactaron que un juez español solo pudiera actuar si el presunto criminal estaba en España, tenía una conexión relevante con España o la víctima era española. De hecho, el recorte en la legislación española lo anunció primero la ya mencionada y entonces ministra de Exteriores israelí Tzipi Livni.

El otro argumento que esgrime el PP y los contrarios a la jurisdicción universal es que para estos delitos gravísimos ya están los tribunales internacionales. Sin embargo, la responsabilidad de perseguir esos crímenes es de los Estados, y la Corte Penal Internacional es un complemento, no al revés. China y Estados Unidos, por ejemplo, no reconocen a ese tribunal internacional y no se someten a él. Para reparar a las víctimas quedan entonces los Estados. Pero hay países persuasivos, como China, y países que no quieren problemas, como España. Hasta ahora, España ha sido “un referente para toda América Latina a raíz del caso Pinochet. Se convirtió en un faro de esperanza”, explica Jovtis. De algún modo, España sembró en los jueces la posibilidad de perseguir esos delitos, y ahora, tantos años después, “una jueza argentina fundamenta su jurisdicción para investigar los crímenes del franquismo, entre otros argumentos, en la jurisprudencia española”.

En 2009, con el Gobierno socialista, ya hubo un primer recorte de la ley

Aunque ha sido imposible investigar esos crímenes en España, se ha producido una situación circular. “No tiene precedentes. En mi opinión, esta reciprocidad de la jurisdicción universal es fundamental para acabar con la impunidad”, dice Jill Coster van Voorhout, investigadora en el The Hague Institute for Global Justice. “Ahora, Argentina puede ayudar a las víctimas españolas [del franquismo] a que se haga justicia. Aunque los casos argentinos se acabaron juzgando allí, las imputaciones iniciadas por el juez Garzón [sobre la dictadura argentina] forzaron a las autoridades argentinas a examinar los casos, que resultaron en condenas. Es de esperar que las víctimas españolas puedan ser oídas, ya sea en Argentina, o si España puede y quiere, en su propia tierra”.

Tal vez la jurisdicción universal no consiga, por sí sola, crear un imperio de la ley de ámbito internacional. Pero se expande en la lucha contra la impunidad. Un ejemplo es el juicio en Senegal contra el expresidente de Chad, Hissène Habré, en el que también siguen la estela española. “Se le llama el Pinochet africano porque España pidió la extradición del antiguo mandatario chileno cuando estaba fuera de su territorio. Habré había huido a Senegal. Desde Wikileaks sabemos que Estados Unidos presionó a España para que abandonara el caso de José Couso, y la investigación de los vuelos de Guantánamo. Con el cambio planeado ahora, el legislador español dejará una ley que era amplia por debajo de los acuerdos del derecho internacional”, dice Reed Brody, abogado de las víctimas del dictador africano.

El PP dice que para los delitos más graves están los tribunales internacionales

Habré fue presidente de su país entre 1982 y 1990 y escapó a Senegal, al otro lado del continente, una vez depuesto. En el año 2000, varias de sus víctimas le demandaron en Dakar, la capital senegalesa, por crímenes contra la humanidad. Organizaciones como Human Rights Watch, de la que Brody es portavoz, calculan que el régimen de Habré asesinó a unas 40.000 personas y torturó a otras 200.000. Cuando los jueces senegaleses rechazaron la causa, las víctimas recurrieron a Bélgica. Era 2001 y aún no había recortado su jurisdicción universal. En 2005, un juez belga dictó una orden de arresto contra el político caído y Senegal solo lo detuvo. Hace dos años, sin embargo, la Corte Penal Internacional ordenó a Dakar que lo juzgara “de inmediato”. El proceso debe comenzar allí a mediados del año en curso. “Puede sentar un precedente y demostrar que los tribunales africanos son capaces de juzgar los delitos cometidos por sus dirigentes”, añade el jurista.

En opinión del catedrático Remiro, “el valor de esta jurisdicción es mantener viva la idea de la lucha contra la impunidad, el de sembrar esa posibilidad en los jueces de otros países, sobre todo en América Latina, y en concreto en Argentina y Chile. La existencia de esta jurisdicción obliga a los criminales a estar recluidos en sus países, que se convierten en una cárcel natural”, explica. A veces es la única cárcel que conocerán, pero es la última opción.