Costa Rica logra que el dinero crezca en los árboles

Propietarios de bosques reciben fondos por cuidar de sus árboles como parte de una estrategia nacional para neutralizar emisiones de carbono

El caficultor Julio Hernández en su finca de Costa Rica.

Mientras en otras partes del mundo se crean apps y se trazan complejos planes para reducir las emisiones de carbono, Costa Rica tiene un plan simple pero efectivo: sembrar árboles, miles de árboles.

Tan importantes son los árboles en la estrategia tica que el gobierno ha prometido que para el 2021, tres cuartas partes de las emisiones de CO2 serán absorbidas por el sector forestal y agroforestal. En esa fecha la nación centroamericana busca convertirse en “carbono neutral”, es decir, capaz de remover de la atmósfera tanto dióxido de carbono como el que produce.

Lograr esa meta no será fácil. Una de las mayores trabas para alcanzar el objetivo de carbono neutral en el país es que hasta el momento no hay políticas paralelas para el sector de transporte, que sigue siendo el mayor emisor y consumidor de hidrocarburos responsable del 46% de las emisiones de CO2.

A esto se suma que Costa Rica sigue siendo víctima de la tala ilegal, cuyo negocio ha florecido en Latinoamérica en los últimos años, pese a mayores protecciones policiales y legales. El comercio ilícito de madera en la región genera entre US$30.000 y US$100.000 millones anuales, de acuerdo a diversos estimados.

Pero el país continúa desarrollando un plan por proteger sus bosques: los propietarios de terrenos boscosos que se suman a la estrategia reciben por parte del Gobierno de Costa Rica una cantidad de dinero por cada árbol que siembran y conservan, cifra que se va incrementando con el correr de los años y la salud de los árboles.

Julio Hernández, un caficultor tico que participa de esta iniciativa, está convencido de que sembrar árboles es un ejemplo de la agricultura inteligente: aquella que hace bien al medio ambiente y al bolsillo. Sus cedros dan sombra a las plantaciones de café y sirven de fertilizantes naturales. Pero también son una fuente de ingreso en sí misma. Por cada árbol que posee, el agricultor recibe US$1,30 cada tres años.

“Cuando lleguen a cierta condición, cada árbol valdrá entre 350 y 400 dólares cada uno”, explica en su terreno de cuatro hectáreas y media.

Junto a decenas de otros propietarios de bosques, Hernández es parte del programa de pagos por servicios ambientales (PSA), que brinda un incentivo económico a aquellos que conservan y cuidan de sus árboles.

El programa es una de las principales razones por las cuales la cobertura boscosa de este país pasó del 21% del territorio en los años 80 a 52% en 2012.

“Se trata de promover la agricultura climáticamente inteligente a través de cultivos diversificados, la ganadería, la agro-silvicultura y los sistemas forestales para lograr una productividad mejorada, y fortalecer los ecosistemas”, agrega Erick Fernandes, experto en cambio climático del Banco Mundial.

Esta proyección se logrará en parte gracias a la inclusión de más propietarios que protegerán unas 340 mil hectáreas adicionales a través de un financiamiento del Banco Mundial, lo que convertirá a Costa Rica en el primer país del mundo que tendría acceso a pagos por resultados a gran escala para conservar sus bosques.

En busca del sello “carbono neutral”

Lo cierto es que no solo los pequeños dueños de bosques se han sumado a la idea de alcanzar la neutralidad de carbono. Los principales productos costarricenses como el café, las piñas o las bananas, poseen orgullosos la característica de que en su producción se han neutralizado las emisiones de CO2.

Así, las primeras empresas de Costa Rica que se iniciaron en esta cruzada han logrado la reducción de 20.000 toneladas de dióxido de carbono, que equivalen a unos 18 viajes de ida y vuelta de un avión con 300 pasajeros desde San José de Costa Rica a Tokio.

Para respaldar el esfuerzo se ha creado el mercado doméstico y voluntario de carbono. La demanda vendrá de las empresas que tengan que compensar las emisiones de CO2 que no puedan reducir de sus operaciones, mientras que la oferta provendrá de actividades de eficiencia energética, reforestación y protección de bosques.

En este caso, la moneda que circulará serán las UCC (Unidades Costarricenses de Compensación) tendrán un valor de 3 dólares y equivaldrán a una tonelada de dióxido de carbono. La Junta de Carbono, conformada por un equipo interdisciplinario, será la encargada de coordinar el mercado local, el cual se estima realizará las primeras transacciones a finales de este año.

La diferencia del mercado tico de carbono respecto a otros es justamente que comercializa compensaciones generadas en pequeños proyectos. Según William Alpízar, al frente de la Dirección de Cambio Climático, “no es solo un mecanismo de mercado sino una manera de trasladar recursos a las regiones más pobres del país”.

María Victoria Ojea es productora online del Banco Mundial

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