Un juez investiga a prisiones por mala atención médica

Mucho de lo que Honorio García sabe de la vida lo ha aprendido en la cárcel. Entre rejas ha pasado 25 de sus 45 años, la mayoría sumando penas por robos, atentado a la autoridad y quebrantamientos de condena. “Te tienes que asilvestrar un poquito nada más llegar porque si no, te comen”, cuenta en un vídeo que ha grabado para la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) para explicar la batalla que lleva años librando con Instituciones Penitenciarias y en la que acaba de lograr su primera pequeña victoria: un juzgado de instrucción de Madrid ha admitido a trámite su denuncia contra varios altos cargos de Prisiones por no prestarle una adecuada atención médica y ve indicios de infracción penal.

El preso, que ahora está interno en Morón de la Frontera (Sevilla), ha sufrido desde 1996 un cálculo renal que llegó a alcanzar un centímetro de diámetro y le ha provocado frecuentes cólicos nefríticos. Además, es portador del virus de la hepatitis C, padece la enfermedad de Dupuytren (una dolencia degenerativa que afecta a los tendones de las manos) y ha tenido dos hernias inguinales. Según explica en su denuncia, los continuos traslados de cárceles a los que le ha sometido Instituciones Penitenciarias han retrasado el tratamiento para estas enfermedades y ha han acabado costándole la amputación de un dedo y parte del dorso de la mano izquierda.

Denuncia que ha perdido un dedo y parte de una mano por tratarle tarde

Cada prisión tiene un hospital público de referencia al que acuden los reos cuando necesitan atención especializada. Desde 1996, Honorio ha pasado por siete cárceles. Desde el principio le dijeron que la curación del cálculo renal y del Dupuytren pasaban por el quirófano, pero cada vez que el urólogo o el cirujano plástico había completado todas las pruebas médicas y preoperatorias e incluso había puesto fecha a una intervención, le cambiaban de prisión. Hasta en cinco ocasiones ha llegado a tener programada una operación y todas las perdió porque le trasladaron semanas antes. Y al llegar al nuevo destino tenía que volver a empezar de cero. Hace tres años ingresó en Morón y por fin, a finales de 2013, consiguió completar tres sesiones de litotricia (un procedimiento para romper cálculos en el riñón) y que le operaran para corregir los daños que ha ido dejando la enfermedad que le afecta a los tendones. Pero para entonces estaba ya muy avanzada y los médicos tuvieron que amputarle el dedo meñique y parte del dorso de la mano izquierda.

El recluso cree que han castigado con traslados su actitud reivindicativa

Honorio, que en Morón es monitor de un taller ocupacional de madera, está convencido de que sus frecuentes traslados tienen mucho que ver con su “actitud reivindicativa” y los abogados que le asisten en los tribunales creen que Interior ha usado los cambios de cárcel como “sanción encubierta”. El preso pisó por primera vez una celda con 16 años y sabe que allí es mejor cumplir las reglas. “No tengo sanciones, no me gusta darles ese gusto”, cuenta el preso, que sí admite que protesta por todo lo que puede y más. “Siempre dentro de los límites de la legalidad”, asegura. “Porque como decimos allí dentro, la sartén la tienen ellos por el mango”. Para denunciar su situación, y en ocasiones la de otros presos, ha hecho huelgas de hambre y encierros en la celda en los horarios permitidos y ha enviado escritos a, comité contra la tortura de Naciones Unidas, el Congreso, varios juzgados y los defensores del pueblo estatal y andaluz. “Han intentado sobornarme con permisos y con historias y nunca me he dejado. No me he callado, siempre he denunciado” asegura el preso, cuyo discurso, fluido y sin rastro de victimismo, está salpicado de frases con mimbres de lema: “Para ellos (los responsables de las cárceles) es más peligroso un boli que un cuchillo”, afirma sobre los recelos que provocan sus denuncias.

Honorio dirige su acusación contra los que eran directores y subdirectores médicos de las prisiones de Carabanchel, Herrera de la Mancha, Aranjuez, Soto del Real, Navalcarnero y Valdemoro cuando él estaba interno en estos centros. Además, ha denunciado al subdirector general de Tratamiento y Gestión Penitenciaria y al de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, dependientes del Ministerio del Interior. A todos les acusa de un posible delito de torturas o contra la integridad moral (artículos 174 y 175 del código penal), un delito de prevaricación (artículo 404) y un delito de rigor innecesario (artículo 533).

El juez que ha estudiado su caso cree que hay indicios de una “infracción penal” y ha ordenado tomarle declaración. Además, ha pedido a Instituciones Penitenciarias que le envíe una copia de todos los expedientes de traslado de Honorio desde 1998 y le informe de si los traslados se produjeron cuando el preso estaba pendiente de pruebas o con intervenciones quirúrgicas programadas, lo que supondría un incumplimiento de una circular de Prisiones que dispone la suspensión de los traslados cuando el interno tenga pruebas médicas pendientes. “Con la privación de libertad ya estamos cumpliendo la pena. Eso no quiere decir que te priven del derecho a la salud y a la vida. A ti no te han condenado a muerte, no tienen por qué matarte poco a poco”, se queja el preso.