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El Vaticano refuerza el control de sus finanzas

El Papa crea dos organismos para administrar de forma “fiel y prudente” y ganar credibilidad tras los escándalos. El arzobispo de Sydney, George Pell, será el prefecto de Economía del Vaticano

Los datos siguientes, puestos en fila, dicen mucho de la opinión que el papa Francisco tiene de la jerarquía de la Iglesia católica. El domingo, durante la misa que concelebró con los 19 cardenales a los que había nombrado el día anterior, Jorge Mario Bergoglio les advirtió: “Los cardenales —y os lo digo a vosotros— entran en la Iglesia de Roma, no en una corte. Evitemos hábitos y comportamientos cortesanos, intrigas, habladurías, camarillas, favoritismos, preferencias…”. Ayer lunes, el Papa creó dos nuevos organismos —una Secretaría de Economía y un Consejo para la Economía— con la misión de administrar, de forma “fiel y prudente”, las finanzas de la Santa Sede después de los graves escándalos que marcaron la renuncia de Benedicto XVI. Al frente de la secretaría —una suerte de ministerio— estará el cardenal australiano George Pell, actual arzobispo de Sidney, pero el Consejo estará formado a partes prácticamente iguales por prelados y laicos. Junto a ocho cardenales y obispos, Bergoglio elegirá personalmente a siete laicos de varios países con experiencia en administración y finanzas. El objetivo parece claro. Ir arrojando luz, aunque sea poco a poco, hacia lo que durante siglos ha venido ocultando el Vaticano: las luchas de poder y sus pingües beneficios.

La retahíla de todo aquello que los cardenales no deben de hacer es justamente lo que los documentos robados a Joseph Ratzinger demostraron que era práctica habitual. Los altos miembros de la curia parecían estar más preocupados por disputarse el poder mediante guerras intestinas que por su verdadera misión. De ahí que, mediante un Motu proprio o decreto pontificio, Jorge Mario Bergoglio haya tenido a bien refrescarles la memoria: “Los administradores tienen el deber de cuidar con meticulosidad lo que se les ha confiado, así como la Iglesia es consciente de la responsabilidad de tutelar y gestionar con atención sus propios bienes, a la luz de su misión de evangelización y con particular premura hacia los necesitados”. De fondo, como siempre desde que Francisco se sentó en la silla de Pedro, surge el debate de si el IOR —el Instituto para las Obras de Religión, más conocido como banco del Vaticano— tiene razón de existir o está condenado a desaparecer.

La reestructuración del área económica del Vaticano, según explicó su portavoz, el padre Federico Lombardi, tiene dos funciones principales. Una es arrojar credibilidad y transparencia a las cuentas y a las posesiones del Vaticano —que no son precisamente pocas— y la segunda y tal vez más importante aún es la de “invertir mejor las finanzas vaticanas entre los pobres y marginados”. De ahí el nombre del Motu proprio —Fidelis dispensator et prudens (administrador fiel y prudente)— y de ahí sobre todo el detalle no menor de crear dos organismos que se complementan y se vigilan, incluyendo además por miradas distintas a las de la curia. El documento explica que la Secretaría de Economía —cuyo número dos será el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo— pondrá en marcha las indicaciones del Consejo, que se reunirá “periódicamente para preparar o analizar informes sobre las actividades económicas de la Santa Sede”. De hecho, el Consejo viene a sustituir a aquella comisión que se dio en llamar G-15 creada por Francisco al inicio de su pontificado para que le informara de los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede. La secretaría o ministerio ahora creado tendrá “autoridad sobre todas las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede y del Estado Vaticano”. También elaborará un presupuesto anual y tendrá competencias sobre recursos humanos. A este respecto, y según se desprende de una carta firmada por el secretario de Estado, Pietro Parolin, divulgada por el diario Il Messaggero, el Vaticano ha puesto en marcha una serie de medidas para contener y reducir el gasto que incluirían la paralización de los ascensos y los sueldos de sus funcionarios, así como suspender la renovación de contratos.

 

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