Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE

Los españoles han pagado un impuesto ilegal durante 10 años

El tribunal de Luxemburgo tumba el céntimo sanitario y exige al Estado devolver 13.000 millones

La obligación de aportar pruebas de pago limitará el impacto

España ha pasado 10 años gravando a los contribuyentes con un impuesto ilegal. La justicia europea tumbó ayer el céntimo sanitario,un recargo al consumo de hidrocarburos aprobado en 2002 para financiar la sanidad. Tras varios años de recelos en Bruselas respecto a ese impuesto, el Tribunal Europeo de Justicia ha certificado su muerte. El gravamen era contrario al derecho comunitario y, por tanto, el Estado debe devolver las cantidades cobradas indebidamente. Entre 2002 y 2011, esta figura tributaria recaudó algo más de 13.000 millones de euros, aunque la cantidad que podrán recuperar los contribuyentes será muy inferior.

La sentencia explica con rotundidad por qué el tributo era ilegal. Pero, sobre todo, asesta un duro golpe a las autoridades españolas, al acusarlas de mala fe por mantener en vigor una figura que sabían que vulneraba las reglas comunitarias. Por ese motivo niegan al Gobierno español la petición que hizo al tribunal de limitar las consecuencias económicas de su fallo y abren la vía para que todo aquel que quiera reclamar las cantidades abonadas pueda obtenerlas. En la práctica, los requisitos exigidos —básicamente, justificantes de pago como facturas— y las leyes tributarias, que solo permiten reclamar las deudas de los últimos cuatro ejercicios fiscales, limitarán mucho el alcance económico.

Las razones de la ilegalidad son sutiles. El consumo de gasolinas ya está gravado con un impuesto específico (el especial de hidrocarburos), por lo que solo es posible fijar un nuevo recargo si este persigue una finalidad específica. Aunque las comunidades autónomas (receptoras del impuesto) destinan la recaudación a fines sanitarios y medioambientales, el tribunal no considera que exista un vínculo suficiente entre el gravamen y la finalidad. Eso ocurriría, por ejemplo, si los rendimientos se hubieran utilizado “obligatoriamente para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de hidrocarburos”. No basta, por tanto, con una mera declaración genérica de que ese dinero sufraga la sanidad.

Pero la parte más dura de la sentencia deriva de la responsabilidad que atribuye a las administraciones en ese error tributario. Con el argumento de que esa devolución retroactiva de lo abonado “pondría seriamente en peligro la financiación de la sanidad pública en las comunidades autónomas”, el Gobierno español había reclamado limitar en el tiempo los efectos de la sentencia. El tribunal se niega por un motivo fundamental: la ausencia de buena fe en las autoridades.

Tanto el Ejecutivo central como las comunidades que aplicaban el céntimo sanitario (todas menos Aragón, La Rioja y País Vasco, porque Canarias tiene un régimen fiscal diferente) debían conocer que en el año 2000 el tribunal con sede en Luxemburgo había anulado un gravamen muy similar a este. Además, la Comisión Europea inició en 2003 un procedimiento contra España por la aplicación del impuesto. “En estas circunstancias, no puede admitirse que la Generalitat de Catalunya y el Gobierno español hayan actuado de buena fe al mantener [el gravamen] durante un periodo de más de 10 años”, concluye la sentencia.

El texto alude a Cataluña porque el origen de este fallo está en un transportista catalán, Jordi Besora, que reclamó ante la justicia ordinaria. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña apeló entonces al europeo para que decidiera sobre la legalidad de esa figura. La devolución afecta en primera instancia a Cataluña pero sus efectos se extienden al resto de comunidades.

El tribunal se niega a limitar en el tiempo los efectos de la sentencia por la falta de buena fe en las autoridades españolas

Aunque el Gobierno ya esperaba un fallo así —el abogado general del tribunal europeo se pronunció en contra del tributo el pasado octubre—, la sentencia cayó ayer como un golpe. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió culpar al Ejecutivo comunitario. “El Tribunal de la UE no está desautorizando al Gobierno español, sino a la Comisión Europa, que en su momento fue la que autorizó al Gobierno y a las comunidades para implantar ese sistema”, aseguró Montoro en los pasillos del Congreso. La propia sentencia desmiente esta acusación y deja claro que, “contrariamente a lo que alegan” [Gobierno y Generalitat] Bruselas nunca confirmó a España la legalidad de esta figura.

Nadie se atreve a cuantificar hasta dónde puede llegar la devolución, aunque un portavoz de este ministerio subraya que en todo caso será muy inferior a los 13.000 millones recaudados en el periodo de vigencia del impuesto, una cantidad que equivale a lo que cuestan en un año las nóminas de todos los funcionarios de la Administración central. En 2012, el céntimo sanitario se reformuló para integrarlo en el impuesto especial de hidrocarburos, de manera que no incurre ya en el defecto de forma que ha censurado la justicia europea. Este portavoz añade que la devolución se estudiará caso por caso y previa reclamación en los tribunales, lo que implica aportar facturas.

Quienes sí han realizado una estimación aproximada han sido los transportistas, uno de los colectivos más afectados por el pago del impuesto y los que más demandas judiciales han presentado. Julio Villaescusa, presidente de la federación de transportistas (Fenadismer), calcula que este sector ha aportado a las arcas públicas unos 2.300 millones por ese tributo. Villaescusa celebra la sentencia y asegura que ya advirtió sobre la ilegalidad del tributo. “Siempre les dijimos a las distintas administraciones que sería un problema, pero no hicieron los deberes”, explica en conversación telefónica. Esta patronal calcula que cada camión tiene derecho a reclamar una media de 16.000 euros (14.000 por autobús).

El del céntimo sanitario se suma a una serie de reveses que Bruselas ha asestado recientemente a España por aplicar mal las normas. En julio de 2013, la Comisión tumbó el modelo de deducciones fiscales a la construcción naval, lo que enfrentó a las autoridades españolas con Bruselas. Meses antes, el tribunal europeo había obligado al Gobierno a modificar la normativa de desahucios, por considerar que desprotegía al propietario.

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