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Los países del Este se resisten al objetivo de reducción de emisiones de la UE

La propuesta de rebaja del 40% para 2030 encuentra reticencias en los países de la ampliación

Reino Unido sugiere alcanzar el 50% a cambio de un fuerte compromiso internacional

A la división entre el Norte y el Sur de Europa sobre el rumbo de la política económica de la UE se une ahora una nueva brecha, en este caso entre el Oeste y el Este, sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El Consejo de ministros de Medio Ambiente de los Veintiocho, del que debería salir un pacto sobre el volumen máximo de emisiones, ha concluido hoy sin acuerdo y, lo que es aún peor, con una fractura aún mayor entre los países de la ampliación —Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria—, más dependientes de los combustibles fósiles y reticentes a la reducción del 40% planteada por la Comisión Europea a finales de enero, y los países de Europa occidental, proclives a un acuerdo más ambicioso en la lucha contra el cambio climático. La adopción del nuevo objetivo de emisiones estará en la agenda de la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, el próximo 20 y 21 de marzo.

Al fijar un objetivo de reducción de sus emisiones de CO2 de un 40% en 2030 respecto al nivel de 1990, eliminando el objetivo de eficiencia energética, y al situar el peso mínimo de las renovables en el 27% sin fijar cotas nacionales, el Ejecutivo comunitario trató de reducir sus pretensiones para lograr el apoyo de los países del Este. “Hemos propuesto un sistema flexible para que pueda ser aceptado y que la propuesta no nazca muerta”, señaló en aquel momento la responsable comunitaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard. Aunque aún no se ha llegado hasta tal punto, la cruda realidad de las negociaciones entre países ha supuesto un escollo para sus planes, que pasaban por una rápida aprobación de la medida. Polonia —donde cerca del 90% de la electricidad consumida aún tiene origen en el carbón, según datos de 2012—, ha ejercido como líder del grupo de países que consideran los objetivos una amenaza para la competitividad de su industria.

El titular de Medio Ambiente polaco, Maciej Grabowski, ha apuntado que los costes de aceptar el objetivo propuesto por Bruselas serían “drásticamente más altos” para su país que para otros Estados miembros y ha cargado contra la Comisión por no presentar alternativas. “Es inaceptablemente caro para los Estados más pobres de la UE”, ha resumido su homólogo eslovaco, Peter Ziga. Algo más moderado se ha mostrado el representante checo, Richard Brabec, que condiciona su apoyo al objetivo del 40% a que se alcance un acuerdo internacional antes de finales del próximo año. “En caso contrario, la UE debe mantener la meta del 35%”.

En el lado opuesto, el bloque de países occidentales —que ya tienen parte del camino recorrido, al estar mucho mejor posicionados en penetración de energías renovables dentro de su mix eléctrico—, reclamaron un pronto acuerdo que permita a la UE seguir liderando la lucha mundial contra las emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de este grupo las posturas fluctúan entre aquellos que, como Francia, Alemania, Países Bajos y los nórdicos, aprueban la propuesta de Bruselas pero piden flexibilidad en su aplicación para limitar los daños que el objetivo pudiera infligir sobre el sector secundario, hasta los que como Reino Unido y Suecia abogan por imponer un límite más ambicioso. En concreto, ambos países proponen elevar el objetivo hasta el 50% de reducción en 2030 siempre que la UE logre arrancar un amplio compromiso internacional en esta materia.

Polémica por las renovables

Los Estados miembros sí se han mostrado de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo comunitario de no fijar cuotas mínimas de las energías renovables en el mix eléctrico para 2030 en cada uno de los países europeos, como ya ocurrió en el marco de reducción de emisiones para 2020. Una mayoría de países de la UE se mostraron “satisfechos” con una norma que, afirman, no supondrá una pérdida de competitividad del sector y que otorga “mayor flexibilidad” para que los Estados elijan la fuente de energía que más les conviene a sus intereses.

Cuando el Ejecutivo comunitario dio a conocer su intención de que los Estados miembros no tuvieran objetivos individuales vinculantes, desató la airada reacción de grupos ecologistas que calificaron de “poco ambiciosos” los planes de Bruselas.

El ministro español del ramo, Miguel Arias Cañete, ha preferido no evaluar la propuesta de Bruselas al considerar que la Comisión Europea no ha aportado “suficiente información” al respecto. El responsable de Medio Ambiente sí ha puesto énfasis en el necesario refuerzo de las conexiones eléctricas entre países, que la UE debería plasmar en un “mínimo obligatorio” del 10% de la capacidad instalada. Según datos del Ejecutivo español, la conexión de España con el resto de Europa es de solo el 1,2%, lo que convierte a la Península Ibérica en una “isla eléctrica”.