La crisis agrava la xenofobia en España, pero la convivencia continúa siendo buena

Hay un aumento del rechazo a inmigrantes: del 10% en 2010 al 14% de la población en 2012

La actitud de los españoles hacia los inmigrantes se deterioró en 2012 por la crisis, aunque la convivencia sigue siendo buena y las actitudes racistas no han aumentado demasiado, en contraste con otros países europeos como Francia, Austria o Suiza –donde los partidos xenófobos se han beneficiado enormemente de la recesión y la tasa de paro–. Mientras que la gente que declaraba aceptar a los inmigrantes en 2010 era un 70%, en 2012 esta cifra se redujo al 57%. En el mismo periodo, el rechazo declarado a las comunidades inmigrantes aumentó de un 10% a un 14%. Los datos han sido facilitados este viernes por la Fundación La Caixa, que ha presentado un informe elaborado en 17 barrios o distritos de 14 provincias en toda España.

El muestreo del informe incluye 9.323 entrevistas personales en estas localidades, de perfil socio-económico bajo, alta densidad migratoria (interna y extranjera) y presencia de otras minorías étnicas como la gitana. La elección de las comunidades deriva directamente del plan de integración de la fundación privada, que cuenta con el apoyo del Gobierno.

El aumento de la intolerancia no llama "en exceso" la atención de Joaquín Arango, catedrático de sociología y experto en demografía en la Universidad Complutense. En el caso español cabe destacar, según él, "la sosegada acogida de los inmigrantes, y que esta se haya mantenido durante seis años de crisis terrorífica". El aumento del rechazo se puede explicar por "la gravedad de la crisis, pero esas manifestaciones no son mayoritarias", explica por teléfono. Un ejemplo de tolerancia que presenta Arango es la baja incidencia de islamofobia en el país, en comparación con otros países europeos. "Es cierto que aquí hay menos inmigrantes musulmanes, pero los atentados de Atocha [el 11-M] no se tradujeron en grandes rechazos ni incidentes", añade. Según el informe, dos de cada tres habitantes (el 67%) considera inaceptable que se excluya a una alumna de un colegio por llevar puesto el velo. A pesar de ello, el recelo declarado hacia "lo musulmán", según la encuesta, aumentó de un 23% a un 26% entre 2010 y 2012.

El 78% de los encuestados siente

que su barrio es

un buen lugar para vivir

Los datos de convivencia, a pesar de todo, son positivos. La gran mayoría de encuestados (el 78%) siente que su barrio es un buen lugar para vivir. Y el 44% de padres cree que la diversidad en la escuela es enriquecedora para sus hijos, frente al 2% que cree que es perjudicial. 

"Los partidos xenóbofos [en España] no tienen ningún éxito y obtienen resultados ínfimos", recuerda Arango. El ataque sufrido en la sede de SOS Racismo en Madrid el mes pasado, realizado por un grupo de extrema derecha, cree que es un hecho puntual: "Para que haya neonazis no hace falta que existan extensos sentimientos hostiles [en la sociedad]", explica. "Atribuir una mayor significación a ese ataque sería seguirles el juego, porque lo que quieren es crear un ambiente de tensión."

Los antropólogos y sociólogos que han elaborado el documento inciden en la importancia del trabajo en el ámbito local: el día a día con Ayuntamientos, ciudadanos y asociaciones en los barrios. La reforma de la Administración local, aprobada el año pasado por el actual Gobierno popular, restringirá las posibilidades de los Ayuntamientos de presentar proyectos de apoyo social por cuenta propia. La competencia de este tipo de iniciativas ya era de las comunidades autónomas antes de la reforma, pero a efectos prácticos los municipios ahora tendrán más dificultades para prestar ayuda de este tipo. "Una centralización hacia arriba es contraproducente", opina Carlos Giménez, uno de los antropólogos del informe, porque la cohesión social "es un papel absolutamente indispensable de la Administración local". "Cuando la falta de infraestructura coincide con la alta diversidad se produce una mezcla explosiva porque se culpa al otro", ha explicado durante la presentación.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denunció esta restricción, que ha sido defendida por el Gobierno como una medida de ahorro repetidas veces el año pasado. Mantienen que la reforma local es "la mayor amenaza que se cierne sobre los servicios sociales", ya que estas competencias "se califican en su mayor parte como impropias y deberán dejar de prestarse". La asociación sostiene que "los servicios sociales de proximidad de los Ayuntamientos constituyen una primera, digna y silenciosa línea de contención" de las personas empobrecidas por la crisis.

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