El peligroso efecto de las sanciones

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aprobó el pasado jueves sanciones económicas contra Rusia y amenazó con un “aislamiento político” si las tropas del presidente Vladimir Putin continúan acaparando el control de la península de Crimea, en Ucrania. Durante las últimas dos semanas la Unión Europea vaciló una y otra vez con imponer sanciones al régimen del expresidente ucranio Victor Yanukóvich. Finalmente, el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, anunció medidas contra el presidente depuesto y 18 hombres de su confianza. El 20 de enero, Irán protagonizó un momento histórico en sus relaciones diplomáticas: la UE y EE UU anunciaron la intención de levantar algunas sanciones que pesaban sobre el país desde hacía décadas. Y, al mismo tiempo, la UE abría la puerta a una nueva vía de relaciones bilaterales con Cuba. ¿Hay un giro en la política de embargos? ¿Logran estas medidas los fines perseguidos? ¿A quién dañan las sanciones?

El objetivo de los embargos internacionales económicos es “cambiar el comportamiento de los regímenes autoritarios para mejorar la situación del país”, según la UE. Pero los investigadores y ONG destinadas a la vigilancia de los derechos humanos —Human Rights Watch, Amnistía Internacional— consultados coinciden en que, a excepción de Sudáfrica, donde las sanciones de 1987 sí contribuyeron a terminar con el sistema racista del apartheid, estas medidas no solo son la causa de un “impacto fatal” en la población, sino que no son eficaces para lograr sus fines.

Desde 2008, sin embargo, estos castigos de aislamiento se han ido afinando hasta lo que se conoce como “sanciones inteligentes” que afectan solo a determinados ciudadanos y empresas. Pretenden evitar así el sufrimiento indiscriminado de la población.

Son 22 los países sobre los que en la actualidad pesan sanciones inteligentes por parte de la ONU, según Sanctionsapp, una aplicación desarrollada por un equipo de la Universidad de Brown (EE UU) y del Graduate Institute (Suiza). “Nadie se beneficia de las sanciones internacionales”, afirma el irlandés Daniel Keohane, director de Investigación de FRIDE, un think tank europeo sobre política exterior. Sostiene, convencido, que “la otra opción es la guerra”, tesis compartida por casi la totalidad de los expertos que han sido consultados. “La única razón por la que se imponen sanciones es para evitar una intervención militar en un país”.

Las sanciones económicas existen desde el año 433 antes de Cristo, cuando Pericles, poco antes de comenzar la primera guerra del Peloponeso, impulsó el decreto de Megara por el que sus mercaderes quedaban excluidos del comercio con Atenas. El motivo fue que los megareses, supuestamente, habían ocupado tierra sagrada para cultivarla. Su economía se ahogó.

Pero fue 25 siglos después, a partir de 1960, cuando este acto de “violencia económica”, según Carlos Espósito, catedrático de Derecho internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid, se hace popular. EE UU, como penitencia al régimen comunista de Fidel Castro por expropiar tierras y bienes a ciudadanos estadounidenses en la isla, impuso de forma unilateral un intenso embargo económico al país caribeño que dura hasta hoy. Allí, la escasez de equipos médicos para hospitales y medicamentos sigue afectando a los ciudadanos que sufren los efectos “desastrosos” de las sanciones, según Human Rights Watch. Son ya 54 años de castigo y el régimen castrista perdura.

“Las sanciones pueden ayudar a flexibilizar alguna política como el enriquecimiento de uranio de Irán o frenar el programa de armas químicas que el ya fallecido Muamar Gadafi desarrollaba en Libia. Pero para promover la democracia han sido un completo fracaso”, comenta Richard Younghs, exdirector de FRIDE. “La población es la que sufre todas las consecuencias”. Los países dejan de exportar, el dinero deja de entrar y los productos se encarecen.

Pero las sanciones económicas ni han acabado con el régimen castrista en Cuba, ni acabaron con Muamar Gadafi en Libia, ni con los Kim en Corea del Norte, ni con Sadam Hussein en Irak, por poner algunos ejemplos de los países que soportan medidas restrictivas permitidas por el Derecho Internacional.

El pasado 20 de enero, la política exterior de Irán experimentó uno de los mayores puntos de inflexión. EE UU y la UE —como compensación al arranque de las negociaciones sobre la suspensión del programa nuclear del presidente Hasán Rohaní— hicieron una declaración de intenciones y anunciaron el levantamiento de algunas de las sanciones económicas que pesaban, desde la Revolución Islámica de 1979, sobre el régimen. A partir de ahora, por ejemplo, se podrá comercializar con petróleo y metales preciosos. Pero la represión de las mujeres —la lapidación por adulterio es legal—, la ausencia de libertades individuales y la violación “sistemática” de los derechos fundamentales permanecen y, en algunos casos, ha aumentado, según varias ONG. Tan solo en enero de este año el régimen ejecutó a unas 40 personas, según ha revelado Amnistía Internacional.

Vietnam es la otra cara de la moneda. El país asiático sufrió un bloqueo estadounidense durante tres décadas (1964-1994). Pero la decisión del expresidente Bill Clinton de poner fin a las sanciones significó el despegue del país que, años más tarde, se convirtió en una economía competente. Goldman Sach sitúa al país como la 17ª economía en 2025.

“Los embargos económicos no han sido eficaces para derrocar regímenes y dictadores”, argumentó hace años el investigador del Peterson Institute Gary Hufbauer y también autor de Economic Sanctions Reconsidered, un ensayo donde estipula que “no se debe esperar que las sanciones funcionen cuando van contra regímenes fuertes, estables, hostiles y autoritarios”. Los expertos sugieren, pues, atacar a unas determinadas políticas y no a la economía de un país.

En un país embargado, los ciudadanos se ven desprovistos de los instrumentos más básicos para poder subsistir: medicamentos, infraestructuras para potabilizar el agua, material de construcción —como en el caso de la franja de Gaza, que sufre un duro bloqueo israelí desde 2006—, alimentos, electricidad… Se produce, además, un incremento en los precios que “los más vulnerables [enfermos, ancianos y desempleados] no pueden afrontar”, explica Reinhard Lamfuss, de Amnistía Internacional. Pero para algunos investigadores como Keohane, el consuelo es que “al menos no están en guerra”. Se trata, defiende, de la “menos mala” de las opciones: “La guerra o no hacer nada”.

“No son un instrumento [las sanciones económicas] que sirvan para promover la democracia”, sostiene Sussane Gratius, experta en América Latina. El Gobierno contra el que van dirigidas, con poco margen de maniobra, se aferra al poder y achaca la opresión de sus ciudadanos a las sanciones.

Según los investigadores en políticas de aislamiento económico, el embargo que más daño causó a los derechos humanos fue contra el régimen de Sadam Hussein durante la primera guerra del Golfo (1990-1993), abiertamente respaldado por la ONU. “La población se moría de hambre pero Sadam seguía en el poder”, comenta Espósito. “Quizás unas sanciones empujen a un Gobierno a convocar elecciones, pero no a construir un país estable”, argumenta la estadounidense Kimberly A. Elliott, del Global Center for Development. Las sanciones en el caso de Irak “fueron desproporcionadas”. Por eso, hace unos cinco o seis años, la comunidad internacional recondujo la marcha hacia lo que bautizaron como “sanciones inteligentes”. Es el caso de Bielorrusia, donde la UE —más proclive a negociar que a sancionar— ha vetado el visado para viajar a países miembros de la Unión a 232 ciudadanos y ha congelado las cuentas de 25 empresas. O el de Birmania, que aún soporta medidas parciales que comenzaron en la década de los noventa.

Pero para Youngs las medidas selectivas “tampoco funcionan”. Los regímenes continúan, la necesidad de un mejor sistema democrático es evidente y la población —que no goza de todas las libertades— sigue sin acceso a determinados bienes.