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Invierta, pero no demasiado

Los límites al ‘crowdfunding’ alejan drásticamente a España de los países de su entorno

El sector advierte de que se frena un modo de financiar negocios alternativo a los bancos

Europa prepara una directiva para regular estas aportaciones a proyectos. CORBIS

“Somos una empresa con origen en Salamanca que en poco tiempo se ha establecido como uno de los portales mejor posicionados en España en el sector de los seguros. Está en completo funcionamiento, solo necesita un plan de publicidad para convertirse en un referente de primera línea y un éxito empresarial. Dinero necesario: 2.400.000 euros. Inversión mínima: 100.000 euros”. Esta campaña de captación de inversores, que acaba de lanzar la empresa Segurode.com en la plataforma Sociosinversores.es, sería imposible si estuviera ya en vigor la legislación que prepara el Gobierno de Rajoy para regular la financiación colectiva de iniciativas empresariales por Internet, una fórmula conocida como crowdfunding [por el inglés crowd, multitud, y funding, financiando].

La normativa, que introduce medidas de protección para los inversores, establece tres límites a la actividad: las colectas no podrán superar el millón de euros y los inversores no podrán aportar más de 3.000 euros por iniciativa ni más de 6.000 a una misma plataforma durante un año, topes que sobrepasa con creces la campaña de la firma salmantina.

La nueva regulación, incluida en el anteproyecto de ley de fomento de financiación empresarial presentado la semana pasada por el Ministerio de Economía y Competitividad, afecta únicamente a las dos modalidades de crowdfunding en las que el inversor espera recibir acciones o una remuneración monetaria por su participación, el equity crowdfunding —que busca fondos para empresas— y el crowdlending —préstamos entre personas—, y deja fuera las dos fórmulas a las que habitualmente recurren los promotores de iniciativas sociales y culturales: la que ofrece recompensas futuras —entradas de cine o teatro, discos, camisetas— a cambio de financiación previa, que tributa como cualquier compraventa, y la que considera las aportaciones como donaciones, que se rige por las leyes de mecenazgo o donaciones y no ofrece ningún retorno material.

30 millones de euros en un año

  • Hay cuatro modalidades de crowdfunding. El de recompensa, que ofrece entradas, camisetas, discos o cualquier otro retorno material a cambio de una financiación previa, se rige como una transacción de compraventa. El de donaciones, en el que no hay retorno material, está sujeto a las normativas sobre donación y de las entidades sin ánimo de lucro. Una tercera fórmula es la denominada equity crowdfunding, cuyo fin es conseguir financiación para proyectos empresariales a cambio de acciones o beneficios futuros. Y la cuarta es el crowdlending, que son préstamos entre personas. El anteproyecto de ley presentado por el Gobierno solo regula las modalidades en las que el inversor espera recibir una remuneración monetaria por su participación, es decir, el equity crowdfunding y el crowdlending.
  • En España hay alrededor de medio centenar de plataformas de Internet dedicadas a poner en contacto a promotores de iniciativas (empresariales o no) con inversores o mecenas. En 2013 recaudaron unos 30 millones de euros, según la Asociación Española de Crowdfunding, de los cuales solo tres fueron para financiar proyectos empresariales. El resto se destinó a proyectos culturales o sociales sin retorno económico.
  • El anteproyecto de ley del Gobierno impone varios límites a las modalidades reguladas. Prohíbe a los inversores aportar más de 3.000 euros por proyecto y 6.000 si se trata de una plataforma. Además, ninguna iniciativa podrá recolectar más de un millón de euros. La norma también establece medidas para proteger a los inversores.

Aunque estas dos últimas modalidades son las más comunes —suponen en torno al 75% del total de campañas lanzadas hasta ahora—, todo el sector está revuelto porque el anteproyecto ha llegado por sorpresa. “Se ha hecho sin consultar con el colectivo. No somos contrarios a que haya una normativa; al contrario, llevamos tiempo pidiendo una regulación para ordenar la actividad y nos parecen muy bien los artículos de la nueva ley que exigen claridad, transparencia y la obligación de avisar de los riesgos de invertir en este tipo de proyectos, sobre todo las empresas de nueva creación, porque es cierto que muchas no salen adelante o no llegan a dar beneficios. Pero no entendemos los límites tan bajos impuestos a los inversores, los han fijado sin tener en cuenta la realidad del sector y sin hablar con nadie”, afirma Xavier Olivella, presidente de la Asociación Española de Crowdfunding (AEC).

Tan de sorpresa les ha pillado, que ya hay una plataforma que ha decidido suspender temporalmente su actividad hasta conocer la versión definitiva de la nueva ley, que tendrá que pasar por el Congreso y el Senado antes de ser aprobada. Se trata de The Crowd Angel, dedicada en exclusiva a la financiación de nuevas empresas. Ramón Saltor, su director, explica sus motivos en su web: “No existe un mercado suficientemente grande de inversores crowd para alcanzar los tamaños mínimos de inversión necesarios en proyectos viables a base de tickets de un máximo de 3.000 euros”, afirma. Además, añade, “excluye de estos vehículos a los business angels tradicionales que invierten importes muy superiores y son los que están haciendo posible el éxito de las operaciones de equity crowdfunding en España y el resto del mundo”.

El Ministerio de Economía afirma que su intención no es coartar el desarrollo del crowdfunding, sino impulsarlo. “No es una fórmula pensada para grandes inversiones, sino de micromecenazgo, es decir, de muchos pequeños inversores que invierten en un mismo proyecto. La ley no pretende restringirla, al contrario, quiere fomentarla dando garantías y seguridad a esos pequeños inversores”, explica un portavoz. El anteproyecto de ley, de hecho, deja claro que los “límites a la cantidad que pueden invertir los inversores a través de dichas plataformas pretenden, de un lado, circunscribir esta actividad a la auténtica financiación basada en el volumen elevado de financiadores, teniendo estos un carácter minorista no profesional y, de otro, restringir la potencial pérdida que se pudiera padecer por el uso directo de este canal”. “Quienes quieran invertir cantidades mayores tienen otras fórmulas para hacerlo, como el capital riesgo o la compra de acciones”, añade el portavoz.

Pero acceder a esas otras fórmulas no es fácil y a veces el crowdfunding es la única vía posible para encontrar financiación. “Nosotros hemos optado por esta fórmula por varias razones. Primero, porque es muy difícil que un banco conceda un crédito a una empresa tan joven como la nuestra, con cuatro socios de poco más de 30 años y sin patrimonio. Segundo, porque es más fácil conseguir que seis o siete personas apuesten por el proyecto con inversiones moderadas que lograr un solo inversor arriesgue una gran cantidad de dinero por la vía tradicional. Y, por último, porque nuestra iniciativa está muy ligada a Internet y los inversores interesados en este tipo de proyectos son los que más se fijan en las plataformas de crowdfunding”, explica Mario Vicente, director general de Segurode.com. La colecta online permite además dar a conocer el proyecto a inversores de cualquier lugar del mundo, lo que amplía las posibilidades de conseguir financiación.

Los españoles no podrán superar los 3.000 euros por cada proyecto

“Los límites son absurdos. En Sociosinversores.es, donde hemos conseguido financiación para 60 empresas en los dos años que llevamos en funcionamiento, los inversores destinan una media de 44.000 euros por proyecto. Y aunque hasta ahora no ha habido ninguna campaña que haya recaudado más de un millón de euros, que es el límite que fija la nueva ley, hay ya varias en marcha por encima de esa cantidad”, explica Javier Villaseca, director de esta plataforma, pionera en la modalidad de equity crowdfunding. “No es comprensible que una persona pueda gastar todos sus ahorros en una compra inmobiliaria, en preferentes, en Bolsa o en la compra de 30 coches, pero no pueda invertir cuanto desee en empresas de manera colectiva. Por otro lado, el límite de 3.000 euros por proyecto obliga a buscar muchísimos inversores, lo que además de resultar más difícil complica el funcionamiento de la empresa. ¿Qué compañía aguanta asambleas de 400 socios con ideas diferentes?”, se pregunta.

Villaseca destaca además otros dos puntos de la ley que perjudicarán mucho a las plataformas. “Por un lado, no podremos cobrar comisiones a los proyectos en base a lo que recauden, lo que inhabilita nuestra fórmula habitual de ingresos porque las empresas no suelen poder pagar nuestros servicios por anticipado, sino que prefieren darnos una parte de lo que consigan (en torno al 5%). Y, por otro lado, tampoco se nos dejará publicitar nuestras campañas fuera de nuestra página web, lo que va a limitar nuestra capacidad para captar inversores”, explica. En el mismo sentido, el presidente de la AEC se pregunta por qué en lugar de prohibir la publicidad no se regula como se ha regulado la de otros productos financieros como los bonos del Tesoro o las ampliaciones de capital de las grandes empresas.

Francia no fja una aportación máxima e Italia tiene

un millón de tope

Como reconoce el propio anteproyecto de ley de financiación empresarial, el crowdfunding “constituye un novedoso mecanismo de desintermediación financiera desarrollado gracias a las nuevas tecnologías y han crecido de manera muy significativa en los últimos años, avivando el debate en la arena nacional e internacional sobre la necesidad de su regulación”.

En España se calcula que existen unas 50 plataformas que movieron unos 30 millones de euros en 2013, según la AEC. El informe Crowdfunding Industry Report, un estudio elaborado el año pasado por la agencia Massolution, estimó que en todo el mundo se recaudaron alrededor de 2.000 millones de euros en 2012 —más de 700 de ellos en Europa—, y calculó que en 2013 se llegaría a una cifra global de 3.700 millones de euros. El fenómeno parece tan imparable que la Unión Europea ha empezado ya los trámites para elaborar una regulación comunitaria: el año pasado abrió una consulta pública, cuyos resultados aún no se han hecho públicos, para conocer a fondo el sector antes de empezar a legislar.

Como esa directiva europea va a tardar, algunos países europeos han tomado la delantera y se han puesto a regular la actividad en sus territorios. Reino Unido, Italia, Alemania y Francia tienen ya normativas en vigor, aunque ninguna fija límites tan bajos como los que pretende aprobar España. Reino Unido e Italia establecen un tope de cinco millones de euros al año para cada inversor, en Alemania el máximo es de 100.000 al año y en Francia no hay límite. “Son regulaciones pensadas realmente para promover la actividad. Y algunos países han ido más allá. Por ejemplo, Reino Unido puso en marcha en 2012 un programa piloto en el que destinó 200 millones de euros a plataformas de crowdfunding para financiar nuevas empresas sin tener que pasar por los bancos”, apunta Ángel González, socio fundador de Universo Crowdfunding, una consultora especializada en financiación colectiva.

El Gobierno dice que se trata de incentivar esta fórmula financiera

EE UU también aprobó en 2012 una ley que impone límites a las inversiones, pero no son fijos sino que varían en función de los ingresos y el patrimonio de los inversores. “Es una fórmula muy interesante, está pensada para evitar blanqueo de capitales y bancarrotas sin frenar el desarrollo del crowdfunding. Pero en España se ha planteado una regulación muy proteccionista de las fórmulas tradicionales de financiación y de los bancos, lo que no parece muy conveniente dado el escaso crédito que los emprendedores logran por estas vías”, opina González. Según la AEC, mientras en EE UU solo el 45% de la financiación de las empresas sale de la banca, en Europa el porcentaje sube al 65% y en España se dispara hasta el 90%.

¿Están los bancos preocupados por que el auge del crowdfunding les quite protagonismo en la escena financiera? Según un informe del servicio de estudios del BBVA en EE UU, no solo están preocupados, sino que lo empiezan a ver como una amenaza. Según este documento, de momento las plataformas de crowdfunding están cubriendo la base del mercado que no interesa a los bancos, pero están empezando a llegar a segmentos superiores por su capacidad para diluir el riesgo en una multitud de inversores. “Existe el riesgo real de que los bancos dejen de ser la fuente de financiación principal para los préstamos personales y las pequeñas empresas”, concluye el estudio.

La AEC considera que, dada la situación de la economía española, el Gobierno debería fomentarse todas las fórmulas posibles de financiación para impulsar la creación de empresas en el país con algunas medidas que ya se han aprobado en otros países, como desgravaciones fiscales a los inversores que arriesguen más apostando por empresas todavía no consolidadas.

Los bancos empiezan a ver esta práctica como una amenaza

El sector propone incluso dar mayor regulación a las dos modalidades de crowdfunding que quedan fuera del anteproyecto de financiación de empresas, las de recompensa y las de donaciones.

“Esperamos que la nueva Ley de Mecenazgo que prepara el Gobierno incluya medidas específicas para fomentar la modalidad de donaciones. Nosotros hemos propuesto algunas, como flexibilizar los requisitos que se exigen a un proyecto para ser considerado de utilidad pública, así los mecenas pueden aplicarse deducciones fiscales y se animarían muchos más”, comenta Xavier Olivella.

Carlos Otto, miembro de la plataforma Lánzanos, que acoge solo proyectos de recompensa o donaciones, cree que es urgente regular también las campañas de recompensa para agilizar trámites. “Esto funciona como una compraventa: el que financia tiene que emitir una factura con IVA e IRPF, y el financiado, por supuesto, debe tributar. Esto es muy engorroso, sobre todo cuando se trata de cantidades a veces muy pequeñas —hay aportaciones de 10 euros—, y puede empujar a muchos a la economía sumergida”, subraya Otto.

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