_
_
_
_
_
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Los derechos reproductivos son derechos humanos

Más de 220 millones de mujeres y niñas carecen de acceso a medios anticonceptivos eficaces

Este fin de semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, un día para recordar los avances logrados por las mujeres en la búsqueda de la igualdad, pero principalmente para denunciar todas las injusticias que hoy en día siguen sufriendo mujeres y niñas alrededor del mundo. Uno de esos avances es el hito que significó el Programa de Acción de la Conferencia de El Cairo en 1994 y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 donde se estableció que la salud y los derechos sexuales y reproductivos —incluyendo la educación sexual, el acceso a toda la gama de anticonceptivos, los servicios de salud materna y la posibilidad de tener un aborto seguro— son fundamentales para los derechos humanos y el desarrollo.

Sin embargo, y pese a que 20 años después de El Cairo aún se mantiene ese consenso mundial, los anuncios en la televisión y los múltiples carteles y mensajes en redes sociales mantienen los estereotipos contra los cuales se luchan. Uno de ellos es el de asumir que para ser una mujer plena se debe ser madre, que debemos seguir la suerte del destino porque un hijo es lo más bello que nos puede ocurrir. Como madre, estoy de acuerdo, un hijo deseado y planificado es lo más hermoso que hasta el momento he experimentado, pero una maternidad impuesta debe ser un infierno. Ya lo dijo Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, negar el aborto legal puede equivaler a tortura.

Por eso en el marco del 8 de marzo y los 20 años de El Cairo, es inadmisible que aún haya más de 220 millones de mujeres de los países en vías de desarrollo que no desean quedarse embarazadas y no cuenten con un sistema estatal adecuado que les ofrezca información veraz y acceso a métodos anticonceptivos eficaces. Estas cifras son alarmantes si tenemos en cuenta que el acceso a la anticoncepción disminuye las tasas de embarazo no deseado y, a su vez, la necesidad de recurrir al aborto inseguro, que representa el 13% de la mortalidad materna mundial.

Es inadmisible que en pleno 2014 aún varios países no permitan que las mujeres interrumpan sus embarazos cuando son producto de una violación, o cuando existen malformaciones congénitas incompatibles con la vida, o simplemente que aún no se respete esa decisión tan personal de la mujer. Es inadmisible que aún los políticos estén debatiendo sobre cómo penalizar una decisión tan íntima como la de ser madre.

Actualmente en España se está debatiendo la reforma a la ley del aborto, un debate que paralelamente se está llevando en varios países de América Latina. En algunos se han logrado avances importantes que van acordes con estos compromisos internacionales como es el caso de Uruguay, que en el 2012 despenalizó el aborto, instauró la educación para la salud sexual y reproductiva en el sistema educativo e incluyó un servicio sanitario integral. Como resultado, el Ministerio de Salud manifestó que no se habían registrado casos de muertes maternas ni complicaciones de salud por esa causa a los 6 meses siguientes de implementada la ley.

Sin embargo, otros países han focalizado el debate a concepciones morales y religiosas, como ocurre actualmente con la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón. Lamentablemente, el riesgo, según la prestigiosa revista científica The Lancet es que la tendencia mundial demuestra que en los países donde hay leyes más restrictivas se producen más abortos que en aquellos donde las leyes son más liberales.

Por tanto, para garantizar los derechos reproductivos como derechos humanos según lo establecido hace 20 años por las conferencias mundiales, se debe garantizar el acceso a un servicio integral de salud sexual y reproductiva. La posibilidad de decidir si tener o no hijos, cuántos y cuándo tenerlos debe seguir siendo uno de los compromisos mundiales porque el impacto de esa decisión tiene una repercusión directa en la salud, la calidad de vida y el bienestar de la mujer.

Ximena Casas. Abogada, especializada en género. Maestría en Derecho, Universidad de Columbia, New York, NY

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_