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Madrid hace más del 40% de las mamografías públicas en la privada

La región acaba de sacar un concurso para realizar 133.000 en 2014 en clínicas concertadas Los sindicatos denuncian que los mamógrafos de los hospitales están infrautilizados

La Comunidad de Madrid envía a clínicas privadas más del 40% de las mamografías de las mujeres atendidas en la sanidad pública. Distintos colectivos, entre ellos el sindicato CC OO, critican la infrautilización de los recursos en los hospitales públicos y aseguran que no sería necesario privatizar tantas pruebas diagnósticas si el aparataje médico se usara más horas. La Consejería de Sanidad acaba de publicar un acuerdo marco para la realización en centros concertados de 133.013 mamografías en el año 2014, según ha avanzado Redacción Médica. Supone el 40% de las 333.711 que se hicieron en toda la región en 2012, último año del que hay datos cerrados.

Si se toman como referencia las cifras de 2012, proporcionadas por la Consejería de Sanidad a preguntas de EL PAÍS, las mamografías por indicación médica ante alguna sospecha fueron 182.341. Las preventivas del programa Deprecam (Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama) fueron 151.370, y todas se realizaron en clínicas privadas, tal y como reconoce Sanidad. Con estos datos, el porcentaje de mamografías hechas en centros concertados en 2012 fue del 45%.

La memoria de 2012 del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) recoge que los hospitales madrileños cuentan con 51 mamógrafos. Rosa Cuadrado, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO Madrid, asegura que los mamógrafos de los centros públicos "están infrautilizados". Añade que, según un estudio reciente que ha elaborado su sindicato, si funcionasen a pleno rendimiento, en 2012 se podrían haber realizado 140.000 más, lo que evitaría sacar estas pruebas a concurso. "El problema es que falta plantilla, porque con el aparataje actual se podría cubrir la demanda", añade Cuadrado.  

"Todas las mamografías en el marco del Deprecam (preventivas) son en centros y unidades móviles concertados / conveniados", reconoce la Consejería de Sanidad. El programa de detección precoz del cáncer de mama funciona desde diciembre de 1998 en Madrid. Empezó haciendo mamografías preventivas a mujeres de entre 50 y 64 años; la prueba se amplío hasta los 69 años en 2006. La campaña se dirige a mujeres sanas, sin síntomas, que cada 24 meses reciben una carta con la citación. Parte de las mamografías de cribado las realizan las unidades móviles de la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc) (cita cada año a unas 200.000 mujeres y acaba realizando 100.000 pruebas). El resto se contratan con clínicas privadas.

Sin mamografías durante siete meses

La realización de este segundo grupo de pruebas saltó a las noticias, al Parlamento regional y al Congreso de los Diputados en octubre pasado, cuando se conoció que la Comunidad de Madrid había tenido congelado el programa de detección precoz del cáncer de mama durante al menos siete meses, entre febrero y septiembre, lo que provocó que durante ese tiempo no se realizaran mamografías preventivas a unas 30.000 mujeres. La Consejería de Sanidad madrileña explicó entonces que el parón se debía a un “retraso” en el nuevo contrato que negociaba con las clínicas privadas que hacen estas pruebas, el que ahora se ha publicado.

Con el anterior acuerdo, los centros privados cobraban a la Administración entre 20,5 y 30 euros por cada mamografía. Fuentes de las clínicas privadas relataron a este diario que la culpa del parón fue de "las restricciones presupuestarias". La Consejería de Sanidad no ha desvelado el porcentaje de utilización de los 51 mamógrafos públicos. En lugar de responder a ese dato, ha asegurado que del total de mamografías no preventivas, sino por indicación médica, realizadas en 2012, "un total de 173.549 se hicieron en centros propios, lo que supone el 95,17%". 

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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