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Uno de cada diez trasplantes en el mundo procede del tráfico ilegal

Las mafias reclutan personas en países pobres que proporciona órganos a los ricos

Elena G. Sevillano

La imagen impacta. Dos hileras de hombres miran a cámara con las camisetas levantadas mientras enseñan unas cicatrices alargadas en el costado. Prácticamente todos los varones de este pueblo de Filipinas han vendido un riñón por poco más de lo que cuesta un ordenador portátil. Es uno de los ejemplos que muestra un documental de la HBO sobre tráfico de órganos estrenado el año pasado. Y no es un caso aislado. “Durante mucho tiempo, Pakistán fue un lugar de compraventa. Hay pueblos enteros en los que al 90% de la población les falta un riñón porque lo han vendido”, explica José Ramón Núñez, coordinador del programa de trasplantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como sucede con el tráfico de drogas o de armas, o con cualquier otro comercio ilegal o clandestino, las cifras son esquivas. Lo que hay son estimaciones: la OMS calcula que un 10% de los más de 100.000 trasplantes anuales en el mundo se practican con órganos procedentes del comercio ilegal. El esquema, el previsible. Los países pobres proporcionan riñones e hígados a enfermos de países ricos. “En Pakistán se compran riñones por 150.000 dólares (108.000 euros). El paquistaní que lo vende recibe 2.000; le da para vivir él y su familia durante un año”, cuenta Núñez. “Lo que más nos preocupa en la OMS es que ciudadanos de países ricos donde hay necesidad y escasez de órganos se estén aprovechando de otros donde la miseria es la norma”.

Fuentes: Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Fuentes: Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.EL PAÍS

Porque los órganos son un bien escaso. Se calcula que hay un millón de pacientes en lista de espera en el mundo. Y los órganos disponibles cubren el 10% de las necesidades. “Hay gente que vende porque hay gente que compra”, resume Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), organismo que gestiona el registro mundial de la OMS. Compran americanos, europeos, israelitas, emiratís y “ciudadanos ricos de países no tan ricos”, explica Matesanz, que traza un mapamundi de los lugares en los que se comercia con partes del cuerpo humano: “Uno de los puntos calientes de tráfico es Oriente Medio, pero fundamentalmente Líbano, por la guerra de Siria y la catástrofe humanitaria que ha generado. Hay constancia de venta de órganos de refugiados”.

Pero en todos los continentes hay puntos calientes; bien porque la compraventa no es ilegal, bien porque se trata de países con estructuras de Estado débiles y falla el control, relata Matesanz. Bandas organizadas trasladan a los donantes entre países. “Hace años, Estambul era uno de los centros clave en riñón. Llevaban en autobús a los donantes desde Moldavia para proporcionar órganos a israelitas y europeos. Cuando las autoridades lo frenaron, el negocio pasó a Sudáfrica”. En Latinoamérica el tráfico de órganos ha descendido, añade. “En los años ochenta y noventa iban estadounidenses a comprar a países andinos, donde ya se castiga la práctica. Ahora la zona de mayor riesgo es Centroamérica y México. El negocio se traslada a los países más débiles”.

China es “un punto y aparte”, dice Matesanz, porque hasta ahora prácticamente todos sus órganos para trasplante procedían de prisioneros ejecutados. “Ha sido una de las mecas del tráfico internacional de órganos”, añade. Núñez, en la OMS, trabaja para revertirlo formando a coordinadores. Como es un problema de oferta y demanda, hay que crear oferta: “Nuestro trabajo consiste en promover sistemas de donación que proporcionen donantes. Dar soporte legislativo, organizativo y técnico para crear programas de trasplantes. El tráfico ilegal es difícil de atajar; mejor trabajar por la parte legal, para que haya órganos que colmen las necesidades”.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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