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Un vertedero fuera de control

La fiscalía y la Junta investigan la gestión de una planta de residuos industriales de Cádiz. Los responsables enterraron 1.900 contenedores de desechos sin tratar

Manuel Planelles
Unos técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía analizan bidones de residuos en el vertedero de Gamasur (Cádiz).
Unos técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía analizan bidones de residuos en el vertedero de Gamasur (Cádiz).

La planta de residuos industriales del municipio gaditano de Los Barrios nació con una Escoba de Plata bajo el brazo. Gamasur Campo de Gibraltar SL recibió este premio, que concede anualmente una asociación especializada en la gestión de desechos, en 2004, antes incluso de su inauguración en 2005. Pero la gestión del complejo, formado por una planta de tratamiento y un vertedero de residuos, está ahora bajo sospecha. Vigilan sus pasos las organizaciones ecologistas —que denuncian irregularidades desde hace años—, la Junta de Andalucía —que le ha abierto dos expedientes sancionadores de más de 6,9 millones de euros— y la fiscalía de medio ambiente, que investiga supuestos delitos por vertidos a un arroyo y el almacenamiento presuntamente ilegal de toneladas de residuos no permitidos. Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente han desenterrado en el vertedero 1.900 bidones con desechos “peligrosos no admisibles” en el último año, según fuentes de este departamento.

El Gobierno andaluz propone una multa de 6,12 millones a la empresa

El elocuente rastro de los problemas que atraviesa este complejo, que depende de la compañía FCC, se podía ver esta semana al pie de la carretera que conduce a la planta de Gamasur. Allí estaban dos operarios pendientes de un camión autobomba. Son los encargados de recoger los restos del vertido tóxico que se generó en la planta de tratamiento tras producirse, hace unas semanas, una fisura en un tanque de hormigón para tratamiento de residuos peligrosos. Entre otras sustancias, los análisis detectaron concentraciones de cromo hexavalente y cianuro en el vertido, que ha afectado a una finca vecina. La Consejería de Medio Ambiente ha abierto un nuevo expediente sancionador a Gamasur. Se culpa a la empresa del vertido de “no comunicar verazmente y de forma inmediata lo ocurrido y de retrasar y obstruir la inspección de los agentes de medio ambiente”. En este caso, la compañía se enfrenta a una sanción de 780.000 euros.

Vertedero de residuos industriales de Gamasur en Los Barrios (Cádiz).
Vertedero de residuos industriales de Gamasur en Los Barrios (Cádiz).JULIÁN ROJAS

Este expediente se une a los que tiene abiertos la compañía por malas prácticas en la gestión de los residuos. Todo comenzó con los vertidos al arroyo Chorreón que el grupo ecologista Agaden denuncia desde hace años. El punto de origen era el Complejo Medioambiental Sur de Europa de Los Barrios. Pero en este complejo, donde está Gamasur, hay otras dos plantas más de tratamiento de residuos. Se tardó demasiado tiempo en localizar al culpable, pero en abril de 2013 los técnicos de Medio Ambiente concluyeron que Gamasur aprovechaba las épocas de lluvias para verter al arroyo lixiviados, que son los desechos líquidos que resultan durante el tratamiento de los residuos industriales.

La gran sorpresa se la llevaron los agentes medioambientales cuando entraron a inspeccionar las instalaciones. Localizaron 105 contenedores tipo GRC de mil litros cada uno con residuos en estado líquido, algo prohibido por la normativa ambiental para evitar filtraciones. Estos bidones estaban al aire libre. Bajo tierra se han encontrado muchos más. En el último año se han retirado de las instalaciones de Gamasur 2.889 y el 65% (unos 1.900 contenedores) guardaban residuos no permitidos por su composición o porque se habían enterrado sin el tratamiento previo necesario.

El ministerio público denuncia posibles delitos medioambientales

“Se ahorraban el tratamiento de los residuos”, indica uno de los responsables de la investigación abierta por la consejería. El camino que debían seguir los desechos industriales era simple: tras llegar a Gamasur tenían que ser tratados en la planta para hacerlos inertes; una vez estabilizados, podían ser enterrados en el vertedero. Pero el primer paso, el del tratamiento, parece que no se realizaba. “No son residuos admisibles porque en la mayoría de los casos son líquidos”, detalla un responsable de la investigación de la Junta. Francisco Perea, miembro de Cooperación Alternativa y Agaden —dos de las organizaciones que han denunciado la gestión de Gamasur—, cree que tras estas prácticas hay razones “económicas”. “Estaban cobrando como si se trataran los residuos cuando no lo hacían”, afirma.

Sin embargo, FCC niega esta interpretación. Esta compañía es la propietaria mayoritaria de Gamasur. Una minoritaria participación está en manos de una sociedad municipal de Los Barrios, que ahora está en concurso de acreedores.

La consejería acusa a Gamasur de contaminar un arroyo con lixiviados

Cuando la Junta abrió, hace un año, el primer expediente sancionador, un equipo de FCC se desplazó desde Madrid a Los Barrios para analizar lo ocurrido. Se destituyó al responsable de Gamasur —donde trabajan unas 15 personas— y se abrió una investigación. FCC afirma que “no tiene sentido” que los contenedores no se trataran por una cuestión económica. Fuentes de la compañía sostienen que “convertir en sólidos” los residuos cuesta unos 50 euros por metro cúbico, es decir, por contenedor. Por lo tanto, el ahorro logrado al no tratar esos 1.900 bidones rondaría los 95.000 euros. Si no hay razones económicas, ¿por qué se enterraron en el vertedero los residuos sin tratar? “Era un acopio temporal”, responde FCC. Según su línea de defensa, tras una racha de lluvias continuadas en la zona se decidió almacenar temporalmente los bidones bajo tierra. Respecto a los vertidos al arroyo Chorreón, FCC sostiene que “no hay evidencias” de que Gamasur fuera la responsable y que ese cauce; “recibe vertidos de otras instalaciones”.

Hace unas semanas, la rotura de un tanque produjo un nuevo vertido tóxico

Por estos dos asuntos la Junta ha propuesto una sanción de 6,12 millones. Además, todo el vertedero estuvo precintado un mes. Ahora, según la consejería, parte sigue cerrada y “sometida a medidas cautelares”. La tramitación del expediente sancionador ha quedado paralizada al haberse abierto la vía penal. Patricia Navarro, la fiscal especializada en medio ambiente en Cádiz, se encarga de la investigación. “Se continúan practicando diligencias”, detalla. En la denuncia que el ministerio fiscal ha presentado, se apunta a presuntos delitos contra el medio ambiente por los vertidos al arroyo y el depósito de residuos sin tratar.

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Sobre la firma

Manuel Planelles
Periodista especializado en información sobre cambio climático, medio ambiente y energía. Ha cubierto las negociaciones climáticas más importantes de los últimos años. Antes trabajó en la redacción de Andalucía de EL PAÍS y ejerció como corresponsal en Córdoba. Ha colaborado en otros medios como la Cadena Ser y 20 minutos.

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