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El fiscal pide cinco años de cárcel por el falso fármaco anticáncer Bio-Bac

Los responsables de venderlo a 2.000 pacientes van a juicio 12 años después

Según el ministerio público, dieron “una expectativa irreal” a enfermos graves

Encierro de consumidores de Bio-Bac en 2002 en una iglesia de Madrid.
Encierro de consumidores de Bio-Bac en 2002 en una iglesia de Madrid.

La fiscalía pide cinco años y medio de cárcel para Rafael Chacón, al que acusa de fabricar y vender sin licencia Bio-Bac, un tratamiento no aprobado y que anunciaba como cura para el sida, el cáncer y la hepatitis y sin efectos secundarios. En total, 2.030 pacientes lo tomaron hasta que, en 2002, el Ministerio de Sanidad denunció su comercialización. Entonces comenzó una larguísima investigación que ha durado 12 años y que será juzgada en mayo en Madrid. El producto está hoy legalizado como complemento alimenticio y no puede anunciar propiedades terapéuticas.

El 28 de octubre de 2002, la Guardia Civil anunció la detención de 23 personas, 13 de ellas médicos, por vender a enfermos el jarabe Bio-Bac, que se presentaba como tratamiento para enfermedades tan graves como el cáncer. El producto —“un complejo proteico procedente de la lisis de ocho cepas de bacilos”, según su prospecto— no tenía autorización sanitaria.

Sanidad denunció el producto, que se vendía contra sida, tumores y hepatitis

El ministerio, entonces dirigido por Ana Pastor, denunció la venta sin permiso. Afloró así uno de los productos más comunes contra el cáncer fuera de la medicina científica.

Cientos de pacientes protestaron contra el ministerio y llegaron a asaltar un chalé de El Escorial (Madrid) para llevarse miles de frascos que la Guardia Civil había precintado allí. Los testimonios de enfermos de cáncer cuyo estado mejoraba radicalmente gracias a Bio-Bac proliferaron. Chacón culpó entonces a un complot entre Sanidad y la industria farmacéutica para vetar el fabuloso producto, que su padre, el farmacéutico Fernando Chacón, había desarrollado en la farmacia El Globo de Córdoba. Esperanza Aguirre llegó a apoyar a los consumidores en contra del ministerio.

Se fabricaba en un laboratorio veterinario sin autorización médica

El relato que hace ahora la fiscalía es distinto. Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este diario, Rafael Chacón comenzó a vender Bio-Bac en 1997 “sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa, y eludiendo los correspondientes controles sanitarios, generando evidente peligro para las personas que lo consumieron”. Afirma que fueron 2.030 personas “aquejadas de graves enfermedades como cáncer, sida, hepatitis y enfermedades degenerativas”.

El origen de Bio-Bac era la “autovacuna para la inmunoterapia específica de las enfermedades producidas por enzimas vivientes inactivadas” que Chacón padre había desarrollado en su farmacia y que dispensó como fórmula magistral allí hasta 1990. Incluso fue financiada por la sanidad pública. Hasta que, en 1986, Sanidad dictó una resolución “por la que se declaraba que la citada autovacuna no podía ser considerada como medicamento ni como fórmula magistral, y que no era prescriptible ni dispensable, pues no quedaba acreditada su seguridad, eficacia clínica, calidad y pureza”. Esa resolución de Sanidad fue confirmada por el Tribunal Supremo en 1992.

Pese a estos reveses, y con el padre jubilado, Rafael Chacón siguió buscando cómo comercializar su invento. “Entre 1990 y 1994 intentó la realización de diversos ensayos clínicos sobre el producto, que dio en llamar FR-90, FR-91 y FR-92 [...] y al no conseguir la autorización [...] decidió llevar a cabo estudios en el extranjero (Alemania, Bélgica y Georgia sobre el llamado FR-91 en pacientes con VIH y artrosis de rodilla y cadera), hasta que en 1997 no pudo continuar con los ensayos, habiéndolos llevado a cabo de forma incompleta e inconsistente, sin alcanzar resultado positivo sobre la eficacia y seguridad del producto”. Una de las solicitudes la presenta el laboratorio Rovi.

La defensa sostiene que era inocuo y que nunca dijo que fuese medicamento

Pese a ello, lo patenta en 1997 —trámite en el que no se revisa la eficacia o la seguridad— como Bio-Bac (llama Inmunobiol a la forma inyectable). Allí Chacón lo define como “fármaco destinado a la prevención y tratamiento de enfermedades relacionadas con síndromes de inmunodeficiencia, autoinmunidad, procesos neoplásicos, enfermedades articulares degenerativas e inflamatorias intestinales”.

Según la fiscalía, Chacón contacta entonces con un laboratorio de Madrid para que fabrique a escala industrial el Bio-Bac, pese a que es una empresa “autorizada únicamente para elaborar productos veterinarios”. El laboratorio le mandaba el producto y en su chalé en El Escorial, Chacón lo etiquetaba y lo enviaba por correo. La casa está junto a la carretera a las afueras del pueblo, pero oculta tras los árboles. Junto al chalé hay una nave de tejado verde.

El fiscal: un médico aconsejó a enfermos dejar la quimioterapia por el Bio-Bac

Entre 1998 y 2001, el laboratorio fabricó 84.000 frascos en 24 o 25 lotes, según el escrito de acusación. El negocio crecía. En 1998 reclamó “tres o cuatro lotes” y en 2001 subió hasta nueve. En octubre de 2002, la empresa tenía 22.539 frascos pendientes de remisión a Chacón.

El producto se anunciaba en la web de Chacón, donde promocionaba que “no era tóxico, que era natural, sin efectos secundarios y seguro, ‘al no contener ningún elemento que pueda dañar la salud”. El fiscal considera que “daba por ciertos datos no demostrados como que estimula el crecimiento de los sinoviocitos, y que es antitumoral y ‘actúa sobre los tumores y reduce las metástasis”. En otros casos, era más ambiguo: “Permite que el enfermo de sida haga frente a su enfermedad”, decía.

La AECC: "No hay evidencia científica"

El Bio-Bac desapareció del mercado con la operación policial en 2002, cuando la Guardia Civil precintó miles de frascos. Sin embargo, en 2007 fue aprobado como complemento alimenticio bajo el nombre de Renoven. Se vende a 39 euros cada frasco, aunque la web de Chacón ya no lo promociona con propiedades terapéuticas, en Internet sí se cita con dichas propiedades.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) lo incluye en una lista de productos alternativos sobre los que recibe consultas. “Su potencial curativo frente al cáncer u otras enfermedades es desconocido, ya que sus indicaciones se formulan por el resultado de estudios realizados en animales (y se extrapolan sus resultados a humanos), otros son estudios no controlados retrospectivos, por ejemplo pacientes con cáncer que han consumido este medicamento, pero sin hacer referencia a si durante ese periodo de tiempo han seguido o no, además, un tratamiento tradicional”. Y concluye: “No existe ninguna evidencia sólida que avale su efectividad como terapia en estas enfermedades. Las lagunas son especialmente llamativas en el caso del cáncer. Estos mismos estudios son los que avalan que es un producto no tóxico, aunque no se ha demostrado en estudios bien elaborados y estructurados”.

El propósito, según la fiscalía, era generar “una expectativa irreal sobre las posibilidades y eficacia del producto”, ya que era “un compuesto de proteínas y aminoácidos [...] que incumplía gran parte de las normas de producción, control y caracterización de un medicamento”.

Además, tenía “defectos esenciales” como que el proceso de fabricación no siempre era el mismo y “había lotes producidos con distintas cepas bacterianas, lo que resulta absolutamente insólito en la producción de medicamentos”; el límite de formaldehído en el Bio-Bac era tres veces mayor al que establece la farmacopea para vacunas; no se sometía a un proceso de seguridad viral; se producía con un extracto de carne de origen desconocido, con lo que incumplía la normativa contra las vacas locas; en un lote apareció contaminación por un hongo y dos bacterias “con el consiguiente peligro de infecciones gastrointestinales, en piel y pulmones, especialmente graves en pacientes debilitados”.

Por todo, el fiscal pide para Chacón cinco años y medio de prisión por un delito contra la salud pública y otro contra los consumidores y una multa de 295.000 euros. Para su mano derecha, la mujer que llevaba con él la empresa, reclama dos años y medio de cárcel por otro delito contra la salud pública, el mismo que atribuye al biólogo que trabajaba con Chacón, y al entonces responsable de los laboratorios Iven.

Chacón no ha querido dar su versión a este diario, pero su abogado insiste en un correo electrónico en lo que alega en su escrito de defensa. Allí afirma que Bio-Bac es un producto inocuo, niega que existiera contaminación y enumera testimonios de los enfermos que decían mejorar con Bio-Bac. El letrado, del bufete de Enrique Sánchez de León, que fue ministro de Sanidad con la UCD, sostiene que hay una serie de estudios que demuestran la eficacia de Bio-Bac y apunta a una colusión entre Sanidad y la industria farmacéutica para parar el gran invento de Chacón: “Quizá los recelos por los éxitos que estaba cosechando con su autovacuna resultaban, como poco, incómodos en la industria farmacéutica” y cita “las presiones” de esta en el ministerio. La defensa también dice que “jamás comercializó Bio-Bac como un medicamento” sino como complemento alimenticio y que nunca recomendó dejar el tratamiento convencional.

En el caso había un quinto acusado: el doctor Fermín Moriano, ya fallecido. Era un seguidor del médico alemán Hamer, que en 1995 fue denunciado en España por retirar tratamientos de cáncer a algunos pacientes. Moriano tenía consulta con él en Málaga y fue entonces expedientado por el Colegio de Médicos de Málaga. En diversas apariciones públicas, Moriano defendía que el cáncer era una respuesta del organismo a conflictos emocionales y que a menudo no hacía falta tratamiento y sobraba la quimioterapia. Un familiar de Moriano no quiso ayer comentar el caso.

Moriano, siempre según la acusación del fiscal, fue clave en el éxito de Bio-Bac e hizo gestiones para registrar el producto en Venezuela y Colombia: “Aseguraba a sus pacientes que el producto poseía una eficacia terapéutica que no había sido contrastada, y llegando en ocasiones a inducir, directa o indirectamente a algunos de sus pacientes a abandonar en todo o en parte el tratamiento convencional para sustituirlo por Bio-Bac”. El escrito de acusación cita 15 casos de pacientes a los que Moriano les recomendó que cesaran con la quimioterapia o la radioterapia para el cáncer. “En todos estos casos no se ha podido acreditar una relación de causalidad entre el fallecimiento de los pacientes y el consumo de Bio-Bac o el abandono del tratamiento convencional”.

Para Moriano, el fiscal pensaba pedir cuatro años de cárcel, una multa y la inhabilitación para ejercer como médico cuatro años. Pero la causa contra él se archivó porque falleció de cáncer el 1 de diciembre de 2011. Los casi 12 años de instrucción debidos, en parte, a los cambios de jueces, han hecho que no se siente en el banquillo. Otros médicos defensores de Bio-Bac y que fueron inicialmente detenidos, como Alberto Martí Bosch, quedaron durante la investigación sin imputación alguna.