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115 mujeres están en riesgo alto o extremo de agresiones machistas

Las víctimas con máxima protección eran 514 hace cuatro años

La policía y Sanidad aventuran que la caída se debe al descenso del número de denuncias

Simulacro de asistencia policial ante un delito de violencia de género en Alcorcón (Madrid).
Simulacro de asistencia policial ante un delito de violencia de género en Alcorcón (Madrid).

Casi 62.000 mujeres víctimas de violencia machista viven con algún tipo de medida de seguimiento y de vigilancia por parte de la policía, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y las policías locales de toda España (en estas cifras no incluyen los casos que son responsabilidad de la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra). Medidas que pueden ser desde una llamada diaria para verificar que todo está en orden a un sistema más amplio de protección policial. Una opción bajo la que se encuentran unas 15.500. De ellas, hay seis mujeres que están en situación de “riesgo extremo” y 109 en “riesgo alto” de ser atacadas por sus parejas o exparejas, según los datos del Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Igualdad. Un peligro que implica sistemas de protección estrictos que pueden llegar hasta la escolta policial constante.

Fuente: Ministerio del Interior con datos de las comunidades. ampliar foto
Fuente: Ministerio del Interior con datos de las comunidades.

Hoy esas mujeres en peligro alto o extremo son 115. Hace cuatro años eran 514. Una caída para la que las autoridades —la policía y la Secretaría de Estado de Igualdad— no tienen un diagnóstico claro pero que podría deberse al descenso del número de denuncias —desde 2010 han ido decreciendo casi un 3% al año—. Este decremento y el de órdenes de protección concedidas por los jueces serán uno de los asuntos que la ministra de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, analizará la semana que viene con sus homólogos de Justicia e Interior.

Las valoraciones de riesgo se realizan a través de un estricto protocolo ideado en 2007 por policías, juristas y expertos a través del estudio de 40.000 casos. Es la policía —a través de los Servicios de Atención a la Familia (SAF)— la que, en el momento en que la mujer acude a presentar una denuncia por violencia de género, pone en marcha el mecanismo y analiza si está en peligro de volver a sufrir una agresión. “El instructor rellena un formulario, que consta de 16 apartados, para evaluar los riesgos que recaen sobre la denunciante”, explica una inspectora. Ese análisis tiene en cuenta si el supuesto agresor ha ejercido alguna vez la violencia física o sexual, si constan contra él amenazas anteriores, si dispone de armas, si tiene celos exagerados, si es drogadicto, si posee antecedentes penales...

Después, el caso pasa a la Unidades de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP), que hace su propio análisis del caso. A través de las declaraciones de la víctima, el agresor, los testigos y otros informes técnicos, los agentes contestan a 17 preguntas de un formulario y así determinan el grado de riesgo que corre la víctima, según explica la inspectora jefe la UPAP central, con jurisdicción en toda España.

El amparo policial puede ir desde llamadas de control hasta escolta

Si a través de este mecanismo se intuye “riesgo extremo”, la mujer tendrá desde ese mismo momento protección policial permanente, y se somete al presunto agresor a “un control intensivo”. En el supuesto de que el riesgo sea alto, la policía o la Guardia Civil efectúan “vigilancia frecuente y aleatoria” de la víctima y harían “controles esporádicos” sobre el denunciado, explica la inspectora. Estar en riesgo bajo o moderado puede implicar un seguimiento telefónico o algunas visitas a la mujer.

Pero no todas aquellas que denuncian están bajo ese paraguas de situación de riesgo. Hay una importante bolsa de víctimas en las que no se ha apreciado peligro (más de 46.000), por lo que no se les hace seguimiento. Fuentes de Sanidad apuntan que la ministra Mato planteará en esa próxima reunión que se haga una revisión periódica de estos casos. También que se analice el protocolo para idear criterios más estrictos que permitan amparar mejor ese riesgo y a las mujeres. Una iniciativa que, de igual forma, se busca con las órdenes de protección, que también han descendido.

Mato busca revisar los criterios de valoración para que haya más protegidas

Y es que, cuando se aprecia riesgo, la valoración de la situación de la mujer se revisa cada 60 días, si es bajo. O cada 72 horas, si es extremo. También los jueces, explica Ángela Cerrillos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, revisan los casos y pueden introducir medidas de protección en cualquier momento del proceso. Medidas de protección que pueden ser desde una orden de alejamiento a que el maltratador tenga que llevar un brazalete de control, que indica si se acerca a su víctima. Una medida que se aplica poco. Actualmente hay 718 dispositivos activos —y 3.000 disponibles—, cuando cada año se conceden más de 30.000 órdenes de protección.

Pero para activar ese engranaje de protección, la mujer tiene que denunciar. Tanto la policía como Sanidad destacan que ninguna de las mujeres asesinadas había acudido a las autoridades —aunque sí cinco de las 17 víctimas mortales de este año—. “Insistimos mucho en que las mujeres presenten denuncia porque les podemos dar protección. Además, el Estado cuenta con recursos para ello”, señala una inspectora.

Desplante a la fiscal

GINÉS DONAIRE

La sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén absolviendo a un maltratador con varios antecedentes del delito de quebrantamiento de condena ha abierto una brecha entre los magistrados y la Fiscalía. Los jueces de la Audiencia de Jaén han protagonizado este viernes un desplante a la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Jaén, Gracia Rodríguez, al ausentarse en pleno del acto en el que la fiscal recibía una condecoración del Ministerio de Justicia.

Rodríguez se había mostrado muy crítica con la sentencia. La fiscal llegó a calificar el fallo como un “indulto encubierto”, unas declaraciones que los jueces calificaron, en un atípico comunicado de prensa, como “injuriosas y calumniosas”.

“La Fiscalía de Jaén no es merecedora de ese desplante”, indicó el fiscal-jefe, Carlos Rueda. La fiscal desagraviada tampoco ha ocultado su perplejidad por el boicoteo, pero ha reafirmado su “orgullo” por pertenecer a un cuerpo, el Ministerio Público, que “se encarga de la defensa y protección de los derechos de las víctimas”. Gracia Rodríguez recibió el pasado año el Premio Meridiana por su compromiso con las mujeres víctimas de violencia de género.