Los tribunales paralizan temporalmente la privatización del agua en Alcázar

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha paralizado cautelarmente la privatización de la empresa municipal de agua de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). La resolución, emitida este miércoles, responde a uno de los tres recursos interpuestos por el PSOE (la oposición en el pleno del Ayuntamiento), explica la concejal de este partido Ana Belén Tejado Alberca.

El pasado jueves, el alcalde del Partido Popular Diego Ortega firmó el contrato sin notarios presentes con Aqualcázar, una sociedad privada constituida especialmente para la compra del agua de esta localidad. Esta firma no es vinculante porque todavía debe "pasar por notaría", en palabras del alcalde, y la justicia ha congelado el proceso mientras se resuelven los recursos, que producen la "suspensión automática del expediente de contratación", según detalla el tribunal en la resolución. Ortega asegura que la semana pasada, al realizar la firma, desconocía el proceso automático de paralización que resulta de un recurso, a pesar de que afirma que este mismo trámite ya había ocurrido con anterioridad.

El Consistorio pretende privatizar el 52% de la empresa mediante el siguiente sistema: la adjudicataria Aqualia (que pertenece a FCC), constituyó el 7 de marzo una empresa llamada Aqualcázar con un capital de 3.000 euros (el mínimo requerido). Aqualcázar es la que firmó el contrato no vinculante el pasado jueves con el alcalde, que también es presidente de la entidad pública Aguas de Alcázar. El PSOE acusa al Consistorio de hacer negocios con una "empresa fantasma".

"De esta forma Aqualia se libra de toda responsabilidad", afirma Tejado, en el caso de que se realizaran despidos –la compañía se comprometió a conservar la plantilla– o se incumplieran otras partes del acuerdo, porque la empresa responsable es Aqualcázar, "que ni tiene trabajadores, ni tiene recursos técnicos". "Si Aqualia estuviera interesada en gestionar la empresa, lo podría hacer directamente", apostilla la concejal.

El trámite ha sido acogido con alegría por la Plataforma contra la privatización del agua de Alcázar, agrupación que en los últimos meses recogió 11.000 firmas, se encerró cuatro días en el Ayuntamiento en febrero y organizó, el pasado fin de semana, una consulta ciudadana que en cuatro días recabó más de 7.600 votos a favor de mantener el suministro en manos completamente públicas.

"Las irregularidades en el procedimiento administrativo habitualmente tardan un mes en resolverse", explica Tejado. Ese es el plazo que el alcalde se había propuesto para poner en marcha la nueva gestión parcialmente privada de Aguas de Alcázar, la entidad pública que gestiona el suministro.