Doñana despeja las amenazas

Hasta en los mejores bloques de vecinos hay problemas de convivencia. Doñana —un parque natural flanqueado al Este por el río Guadalquivir y al Norte por las plantaciones freseras de Huelva— no escapa a las tensiones entre vecinos por los intereses enfrentados. El parque celebró ayer una importante reunión de comunidad en Aznalcázar (Sevilla). En el pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana se sentaron los representantes de los Ayuntamientos de la zona, ecologistas, Junta, Gobierno, científicos, sindicatos, empresarios... Durante tres horas estuvieron debatiendo sobre el problema que más les enfrenta: el reparto del agua. Finalmente, la mayoría —algunos, como los alcaldes, a regañadientes— aprobaron empezar a poner orden en el uso descontrolado de los recursos hídricos para la agricultura, que está afectando al acuífero 27, del que se nutre el espacio natural.

El Consejo de Participación atendió ayer a las recomendaciones de la Unesco, que ha alertado de la amenaza que supone para el parque ese uso descontrolado del agua y el proyecto de profundización del dragado del Guadalquivir. Por un lado, se aprobó el plan especial de ordenación de los cultivos de regadío que hay al Norte de Doñana. Esta norma empezó a elaborarla la Junta hace siete años y ha sufrido innumerables retrasos. En la reunión se rechazó, también por una gran mayoría, el plan de protección de las orillas de Doñana que ha presentado el puerto de Sevilla. De su aprobación depende en parte que la Autoridad Portuaria pueda profundizar el calado del río para que entren barcos de mayores hasta la capital andaluza. Tras el pronunciamiento del Consejo de Participación, esos planes de ampliación del dragado parecen inviables.

De ambos asuntos, del dragado y del uso descontrolado del agua que hacen muchos agricultores del entorno de Doñana, llevan alertando los grupos ecologistas desde hace años. Sus quejas han sido respaldadas por la Unesco. El parque de Doñana está declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1994. Y en la última reunión del Comité de Patrimonio Mundial, celebrada en junio de 2013 en Camboya, se instó a España a que solucionara estas amenazas. Si no, Doñana corría el riesgo de entrar “en la lista del patrimonio mundial en peligro”.

Los dos pronunciamientos del Consejo de Doñana no son vinculantes. Pero, en ambos casos, la Junta los asume. “No vamos a aprobar el plan de protección de las márgenes”, sostuvo tras el pleno la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano. La tramitación del proyecto del puerto está ahora “suspendida”. Respecto al plan de regadíos, Serrano calculó que estará definitivamente aprobado en el último trimestre del año, ya que aún se deben recabar algunos informes sectoriales.

Pero su aprobación definitiva será solo el comienzo. En el plan se establece que, en un plazo de cinco años, se cerrarán los cientos de pozos ilegales que captan agua del acuífero. En los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena de Puerto, Moguer y Rociana del Condado hay 506 captaciones autorizadas. WWF denuncia que hay un millar más de pozos ilegales, además de balsas y sistemas de tuberías que tampoco tienen permisos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha abierto 200 expedientes sancionadores por extracción ilegal de agua en la zona.

“Todos han reconocido que la situación era un caos”, indicó Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación, tras la reunión. También resaltó que los distintos actores admitieran que se debe “regular” este desorden, que ya está afectando a la proyección internacional de la fresa de Huelva, la principal provincia productora de España. En su opinión, la aprobación del plan no supone el fin del problema, porque ahora se tendrá que desarrollar la norma y porque “siempre existirá un déficit de agua”.

El plan contempla que en la zona solo pueda haber 9.338 hectáreas de cultivos de regadío, lo que supondrá la eliminación de entre 1.000 y 1.200 hectáreas que se consideran ilegales. Los representantes de los regantes y los Ayuntamientos, pese a que critican esa supresión, votaron ayer favor del plan de ordenación. Eso sí, reclamaron que se incluya una cláusula para que esas hectáreas puedan ser legalizadas en el futuro si hay agua suficiente.

Los cuatro representantes de los ecologistas votaron en contra. Entre otros asuntos, critican que se hayan legalizado más hectáreas de la cuenta y que los cálculos del agua que podrán utilizar los agricultores hacen inviable la supervivencia del acuífero. “El plan no es la solución”, resumió Felipe Fuentelsaz, de WWF. Los ecologistas sí se sumaron al rechazo a las intenciones del puerto de Sevilla. 38 miembros votaron en contra, tres se abstuvieron y uno votó en contra, el representante de los empresarios andaluces. En el caso del plan de regadíos, 37 representantes votaron a favor, cinco lo rechazaron y hubo una abstención.