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Sancionado por indecoroso, señoría

Gallardón ofende a funcionarios y secretarios judiciales al exigirles por ley corrección en el vestir

Los códigos laborales han evolucionado del traje y corbata a la diversidad en función del sector

Los jueces y fiscales, que están obligados a llevar toga, no están incluidos en el artículo de la nueva ley que exige decoro.
Los jueces y fiscales, que están obligados a llevar toga, no están incluidos en el artículo de la nueva ley que exige decoro.

Dicen que una buena capa todo lo tapa. Y si es una buena toga negra de alpaca, con sus mangas abullonadas, sus solapas satinadas y sus faldones hasta los tobillos, ya puede ir uno de trapillo debajo, que por fuera transmite el empaque y la solemnidad que se les supone a los profesionales de la Justicia. O no. Al ministro Alberto Ruiz-Gallardón parece que no le basta. Al menos, no en el caso de los secretarios judiciales.

Estos altos empleados públicos, pertenecientes al grupo A1, con rango de autoridad, tratamiento de “señoría” y el deber del uso de la toga en sala estarán obligados, como el resto de funcionarios de la Administración de Justicia, a “vestir y comportarse con el decoro adecuado a la función que desempeñan”. Así lo estipula el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado el pasado 4 de abril por el Consejo de Ministros, y que establece también la correspondiente sanción —desde el apercibimiento a una multa de hasta 600 euros— por falta leve para aquellos que los incumplan. El texto, sin embargo, no estipula nada respecto al vestuario de jueces y fiscales. A lo que se ve, a ellos el decoro en el vestir se les supone.

La novedad —hasta ahora no había nada escrito al respecto— ha provocado primero la incredulidad, y después la indignación de los colectivos afectados. Tanto los secretarios judiciales como los funcionarios de Justicia se declaran “ofendidos”. Profesional y hasta personalmente.

“Nos están faltando al respeto”, estima Carlos Arcal, de 50 años, secretario del juzgado de primera instancia número 17 de Zaragoza y portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales. “Presidimos subastas, señalamos vistas, dirigimos oficinas judiciales. Tenemos un prestigio ganado a pulso, y esta ocurrencia lo tira por tierra. Nos obliga a vestir con decoro, como si necesitáramos que nos lo recordaran y como si a alguien se le ocurriera venir a trabajar en traje de baño. Lo que se trasluce es la visión trasnochada, rancia, decimonónica de la Justicia que tiene este ministro. El mismo concepto decoro es de otra época. Parece como si Gallardón viviera en una realidad paralela. Además, resulta doblemente ofensivo cuando no le pide lo mismo a jueces y fiscales, como si, ellos sí, estuvieran por encima del bien y del mal”.

"El problema es quién decide lo que está bien o no", dice el filósofo Gomá

Los funcionarios rasos de Justicia, aquellos que atienden a los ciudadanos en los juzgados y gestionan las oficinas judiciales, no están menos indignados. “Esos artículos son injustos, innecesarios y destilan cierta mala leche del Ejecutivo con los empleados públicos”, corrobora Francisco Lama, funcionario del Cuerpo General y portavoz de Justicia del sindicato CSIF. “Se pone en tela de juicio el decoro de todos los funcionarios, menos de jueces y fiscales. Yo he estado sentado al lado de Gallardón en una mesa y voy igual de decoroso que él, o más. ¿O es que ahora el decoro reside en llevar corbata?”, espeta este profesional de mediana edad que acude a su trabajo “cómoda, correcta y decorosamente” vestido con vaqueros, camisas, jerséis y chaquetas más o menos formales, dependiendo de la agenda, del tiempo y de su gusto personal.

Ramón Álvarez, responsable de la sección de Justicia de Comisiones Obreras y funcionario con décadas de servicio, no conoce un solo caso de quejas de ciudadanos acerca del aspecto o la indumentaria de las personas que les atienden en los juzgados. “Con esta medida, el ministro Gallardón demuestra su clasismo y sus prejuicios”, opina. “Que defina lo que es ir indecoroso dentro y fuera de la sala de vistas. Porque, además, en la sala, los actores del acto de justicia llevan toga. Hay hasta un escalón, la tarima, un protocolo y una escenografía que establece claramente quién es quién. Lo demás son ganas de remarcar las clases en los juzgados y de establecer unas etiquetas ya superadas por la realidad”, añade.

En el Ministerio de Justicia se muestran sorprendidos por la reacción a este artículo del anteproyecto que, según señala un portavoz, ya estaba previsto en el informe que presentó la Comisión de Expertos reunida por el ministerio el 25 de febrero de 2013, y que lleva colgado en su web desde entonces. “Se han celebrado muchos debates y nadie había planteado ninguna alegación”, señalan. “En cualquier caso”, añaden, “lo único que se pretendía con esta norma es no salirse de los usos sociales”.

Ocurre, sin embargo, que los usos sociales han cambiado. ¿Es hoy el decoro lo mismo que en el siglo pasado, por no ir muy lejos? ¿Quién establece lo que es decoroso y lo que no a la hora de vestir en el trabajo? El filósofo y letrado del Consejo de Estado Javier Gomá, autor de La ejemplaridad pública (Taurus), recuerda que el concepto decoroviene del latín decorum, utilizado por Cicerón ya en el siglo I antes de Cristo.

No hay quejas de ciudadanos por la indumentaria de los trabajadores

“Era la premisa por la cual los personajes de una obra de teatro tenían que vestir y actuar según las características de su personaje. Si se trataba de un caballero, tenía que actuar y vestir como tal. Y si era un labrador, lo mismo. Después, la palabra derivó hacia connotaciones de índole sexual. Pero, aplicado a hoy, el decoro sería algo así como el saber estar. Lo que es correcto en cada momento”, señala Gomá. “El problema es si eso se puede establecer por ley, y quién es el juez para decidir qué es decoroso y qué no”, añade. Según el filósofo, “intentar apresar en la ley la diversidad de los estilos y los roles de las personas es imposible. Es mejor establecer unos principios generales y confiar en la discreción de quienes los tienen que observar”.

Gabriela Bravo, hoy fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es poco sospechosa de indecorosa. En sus primeros tiempos como portavoz del CGPJ cuidaba escrupulosamente su vestuario, incluso su gesto en las fotografías, para evitar “proyectar una imagen frívola” de su persona y de su cargo. Bravo, sin embargo, considera “un exceso” el artículo que obliga a observar decoro. “Se trata de que los funcionarios atiendan a los ciudadanos con educación y eficacia. Se les supone sentido común y sensatez. Jamás, en veintitantos años en la fiscalía, me he sentido incómoda con el aspecto de ningún funcionario. Sin embargo, más de una vez he asistido a juicios de faltas con el denunciante y el acusado en bañador, en mi época de fiscal en Gandía”, bromea.

Los propios tribunales han emitido sentencias que contradicen ese “exceso de celo”. Así, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó por unanimidad el 25 de mayo de 2012 estimar el recurso de alzada interpuesto por un abogado contra la decisión de una magistrada de un juzgado de Madrid que, al inicio de una vista oral, le prohibió sentarse en los estrados sin corbata. El tribunal se basaba en un reglamento de 2005 que recoge que lo único que se exige en la celebración de actos jurisdiccionales en los estrados es que el letrado “use toga y traje o vestimenta acorde con la solemnidad del acto”. En el Estatuto General de la Abogacía, de 2001, se expresa la obligatoriedad de adecuar “la indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga y al respeto a la Justicia”. Y la corbata, concluía la sala, no es imprescindible.

Las imágenes cotidianas del juez José Castro, instructor del caso Urdangarin, llegando a su juzgado indistintamente en traje y corbata o en vaqueros y mangas de camisa, o las de Mercedes Alaya, juez de los ERE, entrando y saliendo del suyo con minifalda y escote, son ejemplos de cómo visten en su día a día algunos magistrados, más allá de la hiperformalidad de ciertos miembros del Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. La pregunta es si consideraría o no decorosos a Castro y a Alaya la nueva ley si incluyera a los jueces en sus exigencias.

El cambio de milenio y la irrupción de la tecnología variaron los usos de vestuario

Más allá de la Justicia, los códigos de indumentaria en el ámbito laboral se han diversificado y flexibilizado paralelamente a la diversificación y fragmentación de los sectores productivos. El antes y el después coincidió con el cambio de milenio, en opinión de Ceferí Soler, de 70 años, profesor del Departamento de Personas y Organización de la escuela de negocios ESADE. En los primeros años noventa, Soler tuvo que confeccionar, “con cierta mala conciencia”, el código de vestuario de Price Waterhouse, una multinacional de consultoría angloamericana. “Los hombres con traje y corbata, y las mujeres con falda a la rodilla”, recuerda. “Para los presidentes de entonces, cualquier otra cosa no era ajustada a la moral del momento”, recuerda. “Pero es que recordemos que los médicos o los profesores iban con corbata o pajarita, y hoy van en pijama y bata, o tan mimetizados con los alumnos que se confunden”.

Porque todo ese protocolo, sostiene Soler, “saltó un poco por los aires” con la irrupción de la tecnología y la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral. “Las empresas tecnológicas rompen los esquemas, dando importancia al talento, el conocimiento y la creatividad sobre el formalismo. Y el talento, el conocimiento y la creatividad no resisten ninguna ley jurídica”, opina. En ese sentido, la exigencia de decoro “te está hablando de un concepto de autoridad antiguo. Los líderes influyen, no imponen. La autoridad se gana. En la empresa no se trata de mandar, sino de influir. Y el vestir de una determinada manera no va a significar mejores o peores decisiones”.

En cualquier caso, según Soler, la importancia de la imagen sigue siendo fundamental. Y depende muchísimo de los sectores. “Con la fragmentación y diversificación de los sectores se han fragmentado y diversificado los códigos de vestuario. No hablemos de decoro, hablemos de corrección. De adaptarnos a los paradigmas del sector. El Ministerio de Justicia es serio, y tiene que parecer serio. Los comerciales o los recepcionistas de una empresa son su imagen, y tendrán que dar la imagen que la empresa, privada, desee. Pero es que incluso las empresas más modernas de Palo Alto, con todos sus empleados en bermudas y chanclas y toda su flexibilidad, también observan un código. Al final, todos llevamos un uniforme más o menos formal”.

Juan Hernando, director de Compensación y Beneficio de la empresa de trabajo temporal Adecco, no impone ningún código de vestuario al personal de su firma. “No hay normas escritas. Es complicado, porque en España no hay convención social al respecto. En el mundo anglosajón, todo el mundo entiende lo que es business, business casual o casual. Aquí, no. Cada uno puede entender una cosa. Creo que una empresa debe exigir una indumentaria cuidada a sus empleados, porque ellos son su imagen. Pero no soy partidario de códigos estrictos, no es de este tiempo. Es más una cuestión de saber quién eres, qué haces, a quién representas, y de mucho sentido común”.

En el mundo anglosajón las convenciones
están más claras

En ese sentido, apunta Hernando, hoy existe una división claramente sectorial. Los códigos exigidos, y aceptados, dependen de la actividad de la empresa y de sus departamentos. “En los comerciales, financieros y los de cara al público sigue dominando lo formal del traje y la corbata y la chaqueta para las mujeres. En los de informática, publicidad, moda y tecnológicos hay teóricamente más libertad, pero solo teórica. Pueden ir en bermudas, sí, pero si van a ver a un cliente, se ponen algo más formal. Aquí, cuando mandamos a gente a entrevistas de trabajo, siempre recomendamos ofrecer una excelente imagen, aunque sea para una cadena de montaje. La primera impresión es fundamental”, concluye.

Los expertos consultados coinciden en que la irrupción de las mujeres en todos los sectores laborales ha añadido complejidad a los códigos de vestuario. “El peligro de ser considerado sexista está siempre presente, y muchos prefieren no meterse en ese jardín”, dicen, pidiendo anonimato. En ese aspecto, conviven realidades distintas. En 2011, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la obligación que establecía la empresa Clínicas Pascual de que sus enfermeras del hospital San Rafael de Cádiz vistieran falda, cofia y medias, mientras permitía a sus compañeras de quirófano y a todo el personal masculino usar pijamas sanitarios. Sin embargo, cualquiera que visite hoy la cadena de hamburgueserías Mel’s verá a sus jóvenes camareras vestidas con una ceñida y corta bata rosa como parte del supuesto encanto vintage de sus locales.

Y es que, según Luis Enrique Alonso Benito, director del departamento de Sociología del Consumo de la Universidad Autónoma de Madrid, el modo en que cada uno acude a su trabajo “no tiene mucho que ver con la libertad”. “Los programadores o los creadores de videojuegos tan alternativos pueden estar tan explotados o más que los chupatintas de traje y corbata”. Al final, opina Alonso, el hábito hace al monje. “Son códigos interiorizados del colectivo al que se quiere pertenecer. El sociólogo francés Pierre Bordieu, en su libro La distinción, hablaba del habitus. Aquello que hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir gustos, hábitos y estilos de vida parecidos. Lo del decoro de Gallardón es otra cosa. Tiene un sustrato más ideológico. Que quede claro quién es quién por el vestido”.
Ya se lo dijo el otro día Ignacio Cosidó, director general de la Policía, a los periodistas al recomendarles el uso de chalecos identificativos en las manifestaciones. Tal y como van vestidos, se les confunde con los antisistema.