Condenada casa

José León y su esposa, Carmen, acaban de pasar 25 días en la cárcel. Él, de 64 años, en la prisión de Sevilla I. Ella, de 59, en la de Alcalá de Guadaíra. Prácticamente todo el mes de abril entre rejas por negarse a acatar la orden de derribo de la casita que levantaron en la urbanización Las Minas (Castilblanco de los Arroyos, Sevilla), uno de los asentamientos ilegales más grandes de Andalucía (alrededor de 241 hectáreas). Se negaron por convicción y por falta de recursos económicos, aseguran. Él es parado de larga duración; ella, personal interino del Servicio Andaluz de Salud.

El lunes pasado, el juez decretó la libertad de la pareja. Su situación ha llenado de inquietud a los vecinos de la urbanización, en la sierra norte sevillana, donde aún hay una decena de contenciosos abiertos por construir en suelo no urbanizable. Pero solo José y Carmen han acabado en la cárcel. Un hecho insólito y no solo en Castilblanco. “Es el primer caso en el que tengo constancia de que se decrete la entrada en prisión. Además, normalmente, el juez nunca resuelve con la restauración del lugar”, apunta el responsable de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción de Andalucía, Juan Clavero, quien estima que en la región hay más de 300.000 casas ilegales.

La historia de este matrimonio sevillano es parecida a la de las 819 familias que, según el Ayuntamiento, viven o tienen su segunda residencia en este paraje de bosque mediterráneo. Un entorno en el que, entre encinas, se mezclan chalés con porche y piscina cercados con alambradas, viviendas modestas o a medio acabar y chamizos de chapa en los que sus propietarios acumulan enseres. Según relata la familia, a principios de 2002 el patriarca inició la búsqueda de una parcela en la que poder construir una vivienda con piscina para ir en vacaciones. Tras buscar por toda la provincia de Sevilla, el matrimonio compró en Las Minas un solar de 2.000 metros cuadrados —la superficie media de las parcelas en Las Minas es de 1.200—. Su sueño estaba cada vez más cerca gracias a “los ahorros de toda una vida y a un préstamo personal”.

“El dueño de la parcela le aseguró a mi padre que podía edificar, incluso un funcionario municipal se lo confirmó cuando fue a preguntarlo al ayuntamiento. Mis padres nunca actuaron de mala fe”, afirma Iván León, hijo mayor de la familia. A finales de 2002, la vivienda, de 70 metros cuadrados, quedó terminada, pero sin la proyectada piscina. El presupuesto no llegó para todo.

Para entonces, la urbanización, a dos kilómetros del municipio de 5.075 habitantes, estaba ya consolidada. Nació en los años setenta. Dos de sus primeros vecinos Eduardo Gómez, de 90 años, y María Valenzuela, de 78 años, regentan hoy uno de los dos establecimientos que hay en Las Minas: un pequeño ultramarinos —“en el que se puede encontrar de todo”, mantiene María— que también hace las veces de bar. Eduardo y María tienen su vivienda junto a la tienda. La construyeron “a su gusto” y con “todos los papeles en regla” —el vendedor de la parcela les aseguró que se trataba de suelo urbanizable—.

Según cuenta este matrimonio, poco a poco fueron instalándose en la zona más familias, y entonces llegó el momento de organizarse. “Los amigos venían a visitarnos y se perdían, no sabían cómo llegar a nuestras casas. Así que le propuse a los vecinos que le pusiéramos nombre a las calles. A una de las primeras le pusimos mi segundo apellido: calle Torralba”, dice orgulloso Eduardo antes de levantarse para atender a dos vecinos que se acaban de sentar en lo que llama “la terracita del bar”, en el patio que une su casa con el establecimiento.

La urbanización creció al margen de las Administraciones y bajo la organización de las propias familias. Solo en 1985, el Consistorio optó por recalificar una pequeña parte del suelo. “El Ayuntamiento animaba a la gente a construir, decía que no había problemas, que estaba trabajando en su regularización”, explica Román Moñino, el presidente de la asociación de vecinos La Arada, una de las ocho que hay en la urbanización.

En 2012 un juzgado de Sevilla condenó al que fue alcalde del municipio durante 27 años, Manuel Ruiz Lucas, a cuatro años de inhabilitación por “no tomar ninguna medida efectiva” contra la construcción desde 1976 de edificaciones que causaban “graves consecuencias medioambientales” por su multiplicación indiscriminada, la proliferación de pozos ciegos, la sobreexplotación de acuíferos, la acumulación de basuras y la degradación o desaparición de especies arbóreas y fauna. El exregidor tiene recurrida la sentencia ante el Tribunal Supremo.

En la última década ha habido un centenar de contenciosos. Aún hay una decena de demoliciones pendientes

La masificación, según Moñino, se produjo en los 80. Las familias llegaban atraídas por la idea de vivir en medio de la naturaleza. “Buscaba un sitio en el campo para estar a gusto. Me maravilló cómo se veían las estrellas desde allí, me sedujo su masa verde”, explica Ana Córdoba, de 64 años, otra de las vecinas y vicepresidenta de la asociación Macarena. Pero para muchos, el sueño se convirtió en pesadilla. “Durante todos estos años, las Administraciones han mirado hacia otro lado y ahora la Justicia solo nos responsabiliza a nosotros. A nosotros, que pagamos nuestro recibo del IBI, para que nos recojan la basura...”, critica Ana Córdoba.

A José y Carmen la denuncia les llegó en 2006. Y al igual que a ellos, a casi un centenar de familias. Según cuenta Román Moñino, los afectados son aquellos vecinos que construyeron sus viviendas tras la aprobación en diciembre de 2002 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), mucho más dura y, es esta fecha, el principal punto de discusión en el caso del matrimonio encarcelado. La familia mantiene que la obra se acabó ese año, mientras que el juez considera que la vivienda se construyó en 2005.

El criterio dispar de los jueces ha ido marcando la suerte de cada familia. Según cuentan Román Moñino y Ana Córdoba, casi la mitad de las familias expedientadas han sido absueltas frente a los 30 derribos que se han ejecutado. En el menor de los casos, el magistrado ha determinado que el delito ha prescrito. “En todos los casos, el Ayuntamiento ha informado al juez de turno de que se estaba trabajando en la regularización de gran parte de la zona, que estimamos esté en vigor en dos años”, explica el alcalde de la localidad, Segundo Benítez (PSOE). El caso de José y Carmen fue singular. El magistrado condenó a la pareja a un año de prisión, una multa de 7.300 euros por cabeza, y a derribar la vivienda. Y al no haber “actitud reparadora” ordenó el ingreso en prisión.

Actualmente, según cuentan estos vecinos, el proceso sigue abierto para ocho familias, de ellas, la mayoría con una orden de demolición. Uno de los sentenciados, que prefiere ocultar su nombre, tiene desde 2012 orden de tirar la vivienda que compró en 1992, y en la que en los años siguientes levantó una segunda planta. “El proceso parece que se ha paralizado, pero tenemos miedo de que con casos como el de estos vecinos se reabra el nuestro”, precisa. “Somos 15 de familia, si nos obligan a tirar la casa no tenemos adonde ir”. Él, igual que Carmen y José, vive ahora con la incertidumbre de si su insumisión le llevará, como a sus vecinos, a cambiar la casa en el campo por la celda en la ciudad.