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Los cultivadores uruguayos de cannabis inician la ‘salida del armario’

Las asociaciones creen que tomará un tiempo el que la sociedad deje de discriminarles

El nuevo instituto se encarga de distribuir permisos de cultivo y de registrar a los consumidores de marihuana. afp

Esta semana se formó el Instituto de Regulación y Control de Cannabis de Uruguay, encargado de distribuir permisos de cultivo y de registrar a los consumidores de marihuana en el país, etapa final de la implementación de una ley de legalización del cannabis que tiene el ambicioso objetivo de combatir el tráfico de drogas.

Además de un experimento único, ya que la producción queda bajo el control del Estado, la legalización de la marihuana supone todo un cambio cultural que tiene sus primeras consecuencias en los cultivadores: uno de los eslabones clave del proceso impulsado por el presidente uruguayo José Mujica.

Los locales de AECU, la Asociación de Estudios del Cannabis de Uruguay, están impregnados del olor a marihuana uruguaya que el público empieza a conocer, un olor intenso, diferente al del cannabis con agregados que se encuentra en el mercado negro.

“Estamos saliendo de la clandestinidad”, dice el portavoz de AECU, Juan Vaz, quien compara la situación de los cultivadores con la de los “gays”.

“El salir del armario, en cualquier orden en que se plantee, tiene todo el problema de la discriminación, pero creo que es el proceso natural para que la opinión pública digiera el tema”, afirma Vaz.

Efectivamente, los últimos sondeos muestran que la opinión uruguaya no acaba de “digerir” la legalización: el 65% de los encuestados por Equipos Mori este mes de mayo se muestran en desacuerdo con el cambio legislativo y tan solo el 25% está a favor. El rechazo entre los votantes de la derecha supera el 80% mientras que la reglamentación convence por muy poco a los electores del izquierdista Frente Amplio (44% a favor, 42% en contra).

Pasará cierto tiempo antes de que las plantas de marihuana sean aceptadas en los balcones de las casas y los floreros de la mesa dominical. Pero para los cultivadores de AECU se ha ganado una gran batalla: “el tener reglas de juego significa atenerse a ciertos modelos, antes no había que ir a hacer un trámite para cultivar, pero podía ir preso”, dice un miembro de la asociación.

Hasta la reforma, en Uruguay el cultivo de marihuana se asimilaba al tráfico de drogas y a la aplicación de una legislación penal especialmente dura, que incluye hasta 12 meses de prisión preventiva.

La mayoría de los miembros de AECU han tenido algún incidente con la policía: detenciones, allanamientos, la cárcel. El mismo Juan Vaz pasó 11 meses en prisión por cultivo entre 2007 y 2008; estuvo en el penal de Comcar, a las afueras de Montevideo, encerrado en una celda con dos presos condenados por asesinar y descuartizar a una mujer.

En el 2013 el abogado con el trabaja AECU, Martín Fernández, defendió a no menos de 11 cultivadores que entraban dentro de la ley en curso de reglamentación (y que ya había sido aprobada), ninguno fue a prisión.

Sin embargo, existen cultivadores todavía en la cárcel y en ese caso los testimonios coinciden: una denuncia anónima produce una intervención de la brigada antinarcóticos, luego llegan largos periodos de prisión preventiva, en cárceles con problemas de hacinamiento y de violencia. Los centros penitenciarios de Uruguay han sido denunciadas por organismos internacionales por sus pésimas condiciones.

Desde el Ministerio de Interior no se dispone de cifras sobre el número de encarcelados por plantar marihuana en el marco de la ley, pero “son muy pocos”, aseguran. El asunto le compete ahora a la Justicia y en todos los casos debería aplicarse el principio penal de la retroactividad de “la ley más benigna”, añaden.

Como signo del cambio de los tiempos, la presidenta de AECU, Laura Blanco, se encuentra en la ciudad colombiana de Medellín dictando una conferencia sobre la experiencia uruguaya en la Universidad de Derecho. Su último incidente con la justicia data del 2012, cuando un envío de semillas desde España, denunciado por FEDEX, casi le cuesta una condena. Ahora la asociación centra el interés de la prensa y los socios llevan, con algo de sorna, un recuento de los periodistas nacionales e internacionales que reciben en entrevista: 172 desde 2013.

Pero el mundo clandestino de la marihuana se enfrenta a serios desafíos, como el divorcio entre vendedores (ahora toda la venta está en manos del Estado) y cultivadores, dos sectores que convivían en la ilegalidad y que ahora están claramente separados. Los abogados de AECU dejarán de defender los casos de cultivadores que tengan más plantas de lo permitido y que no estén al día con el registro.

Dentro de unos años se sabrá si todo este cambio produce una disminución del tráfico de marihuana, que actualmente llega sobre todo desde Paraguay. Por el momento, el número de cultivadores para consumo propio se ha disparado en Uruguay, hasta 50.000 registrados en lo que va de 2014, según AECU, cuando en el 2013 no llegaban a los 10.000.