Europa investiga si persiste el fraude de la carne de caballo en los comercios

La Comisión Europea ha ordenado un nuevo plan de control en comercios minoristas para comprobar si persiste el fraude masivo de carne de caballo etiquetada como si fuera ternera, descubierto el año pasado en más de una veintena de países europeos. España, que ya ha puesto en marcha las inspecciones en todas las comunidades autónomas, debe realizar 150 análisis de ADN de productos de vacuno para averiguar si contienen más de un 1% de carne de equino, el porcentaje máximo que se permite sin que sea necesario indicarlo en el etiquetado. En toda la UE se analizarán más de 2.000 muestras y los resultados se harán públicos en julio.

En marzo del año pasado, en una campaña similar que se realizó tras estallar el escándalo, una media del 5% de los productos analizados resultaron fraudulentos. Aunque hubo países más afectados que otros: Francia llegó al 13%, mientras que España se quedó por debajo de la media, en torno al 4%. Ninguno de ellos, según las autoridades, implicaba un riesgo para la salud, aunque sí suponían una estafa al consumidor.

El propósito de esta nueva campaña es comprobar si la desarticulación de varias redes relacionadas con aquella carne de caballo ha servido para reducir estos porcentajes o si persiste en los mismos niveles. Desde que estalló el fraude, la Comisión Europea ha mostrado su preocupación porque el escándalo puso en cuestión los actuales mecanismos de trazabilidad y control de los alimentos, que fueron incapaces de constatar el engaño antes de que se extendiera en tantos países.

Al ordenar los nuevos controles, Bruselas recordó que, pese a que la carne de caballo no suponía un peligro de salud pública, el fraude alcanzó tal dimensión que debilitó la confianza de los ciudadanos en la cadena alimentaria. “Los consumidores han dejado muy claro que quieren más controles”, explicó la Comisión.

El Parlamento Europeo elaboró un informe en otoño en el que recogía, aparte de más controles, algunas propuestas para combatir el problema, como la necesidad de establecer claramente lo que constituye un fraude alimentario, una definición que ahora no está armonizada en el territorio comunitario y, por tanto, puede ser distinta en cada Estado miembro.

El informe también incidió en la necesidad de reforzar la cooperación para realizar investigaciones transfronterizas. Desde 2011, Interpol, Europol y las policías de varios países miembros, entre ellos España, participan de forma coordinada en un programa internacional, denominado Opson, que el año pasado logró decomisar 1.200 toneladas de alimentos ilícitos y casi medio millón de litros de bebidas falsificadas en 33 países.