Selecciona Edición
Iniciar sesión

Una juez ordena el cierre de un club cannábico por narcotráfico

Una asociación barcelonesa daba de alta a turistas para que fumaran marihuana en sus vacaciones

El sector reclama una regulación

Ampliar foto
Un hombre fuma un porro en un club cannábico de Barcelona.

Cada vez son más los visitantes que aprovechan su estancia en la capital catalana —que ya se considera la Holanda del sur— para comprar unos gramos de marihuana. Para conseguirlo, basta con meterse en Internet, hacerse socio de alguno de los clubes existentes y pedir la mercancía por teléfono o por correo electrónico, como comprobó este diario. También es posible encontrar a alguno de los empleados de los locales que reparten publicidad por la calle y que se encargan de acompañar al interesado hasta el local para hacerle socio y venderle la marihuana. Pero estas prácticas tienen un riesgo. Ayer, por primera vez en Cataluña, se cerró por orden de la juez un club ubicado en el barrio barcelonés del Raval. La titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, decretó esta medida porque en el lugar se traficaba con drogas, con una lista de precios en su interior, además de venderse consumiciones y aperitivos. Su dueño ha sido imputado.

Esta práctica es ilegal porque los clubes de cannabis (en Cataluña hay unos 400) funcionan como asociaciones y como tales deben cumplir con unos requisitos, entre los que figuran no tener ánimo de lucro y dispensar solo a un círculo cerrado de personas (los socios fijos), no al primer turista que pase por las Ramblas.

Falta fijar como se accede legalmente a la planta”, pide un abogado

En Cataluña están proliferando cada vez más estas asociaciones y, como consecuencia directa aumentan también las medidas de control sobre ellas, ante el peligro de que se conviertan en tapaderas para la venta de droga a turistas, como según los Mossos ocurría con la ubicada en el número 12 de la calle de Santa Margarida de Barcelona. Los agentes que investigaron por orden de la fiscalía la entidad detectaron a un hombre que “interactuaba” con los turistas y les llevaba al local. Allí les hacían un carné de socio al momento, un requisito imprescindible para este tipo de asociaciones, y les vendían marihuana. “Así los turistas podían consumir y comprar marihuana sin limitación mientras durasen sus vacaciones”, según la nota difundida por la policía catalana.

Desde hace años, algunas de las asociaciones de cannabis se han organizado y reclaman una regulación para evitar prácticas como estas y para saber qué derechos y deberes tienen. Temen que la falta de un marco jurídico les deje a todos en el limbo, “como ya sucede con la prostitución”, como explicó un empleado del sector. Las federaciones, que cada vez representan a más asociaciones, han editado un manual de buenas prácticas en el que se recomienda a los federados tener médicos en plantilla o garantizar que se trate de un club cerrado, es decir, donde solo puedan entrar los amigos de los que ya son socios. También tienen una propuesta para evitar el turismo cannábico: “Basta con esperar una semana antes de darles de alta”, explicó Albert Tió, portavoz de la Federación de Asociaciones Cannábicas auto reguladas de Cataluña (Fedcac). Desde la Fedcac no tienen ningún reparo en reconocer la mala praxis de algunas asociaciones, como las que se dedican a vender a los turistas: “Es una mala práctica y está tipificada en el Código Penal”.

El 13 de febrero, el pleno del parlamento catalán votó a favor de que se apruebe una regulación de las asociaciones cannábicas “desde la perspectiva de la salud pública, autoconsumo y autocultivo, que vaya en la línea contraria de la criminalización que pretende el Gobierno español”. Y se dieron un plazo de cuatro meses, que prácticamente se ha agotado. Hace más de un año que el Gobierno catalán estudia a nivel institucional —con Justicia, Salud, Educación e Interior—, con los actores implicados —fiscalía, policía, salud, entidades jurídicas y de derecho— y con los propios clubes una regulación que satisfaga a las partes. Pero, por ahora, sigue sin llegar el acuerdo, sobre todo por las opiniones divergentes entre Salud, proclive a la regularización, e Interior, que se inclina por una política más restrictiva.

El Parlamento catalán votó a favor de un código de conducta en febrero

Mientras ésta no llega, no para de crecer el número de asociaciones y su tamaño. Se calcula que solo en Cataluña estos clubes sin ánimo de lucro pueden estar facturando cinco millones de euros al mes, ya que cuentan con 165.000 socios, 60.000 de los cuales gastan cerca de 75 euros mensuales, según cifras de la Fedcac.

Además del Gobierno de la Generalitat, algunos ayuntamientos también preparan ordenanzas municipales para regular los espacios. El de Girona ya ha aprobado, por ejemplo, que no pueden estar a menos de 300 metros de distancia de colegios o centros sanitarios y que entre cada club tiene que haber al menos 500 metros de distancia.

“Todo esto está muy bien, pero hace falta regular cómo se accede legalmente a la planta” dice Martí Cànaves, abogado penalista. Sin una regulación, las entidades se ven obligadas a comprar la marihuana que dispensan a sus socios al mercado negro o bien plantarla ellos mismos.

El País Vasco busca ordenar el sector

A. ELORZA

Euskadi volverá a intentar regular las asociaciones de consumidores de cannabis a través de la Ley de Adicciones. Su primer intento se produjo en 2011, pero el adelanto electoral en la comunidad autónoma hizo que la ley no se aprobase en el Parlamento. Ayer, el actual consejero de Salud, Jon Darpón, anunció que antes de que finalice este año remitirá al Parlamento un proyecto de reforma de esa ley entre cuyas novedades está la de afrontar la inseguridad jurídica en la que se mueven desde hace años las asociaciones de consumo de cannabis.

Darpón explicó que el anteproyecto de ley incluye el reconocimiento de las asociaciones y sus características, entre ellas que sus miembros no sean menores de edad o que no tengan ánimo de lucro. Su desarrollo será posterior, en una normativa más detallada y que recogerá las aportaciones que realice la ponencia parlamentaria para analizar este problema, un foro creado en 2010 y que, tras el parón en 2012 por el cambio de legislatura, volvió a arrancar en 2013.

La comunidad vasca afrontará la regulación en un momento en el que el consumo de cannabis ha consolidado el descenso que comenzó en 2006. Los consumidores diarios han pasado de 64.000 ese año a 28.000 en 2012, mientras que quienes reconocen haber tomado esta droga en el último mes han pasado de 183.000 a 71.000. El País Vasco cuenta con 77 asociaciones registradas, de las que están activas unas 60.

La demora ha hecho que el Ayuntamiento de San Sebastián (Bildu) se haya adelantado con una ordenanza municipal que regula las asociaciones a las que obliga a estar alejadas de los colegios y los centros de salud. Cada cierto tiempo la policía interviene en asociaciones como Pannagh, del expresidente de la federación de estos clubes Martin Barriuso, que ha sido precintada al menos en tres ocasiones.