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El examinador no se examina

La OCDE recomienda evaluar a los profesores para mejorar la educación, un aspecto en el que España pincha. Otros países aplican sus propias fórmulas

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Fuente: Informe Talis 2013 de la OCDE.

Las aulas españolas son como las cajas negras de un avión. Toda la información está dentro pero es imposible conocerla desde fuera. El ejemplo, citado por un director de instituto, es muy ilustrativo. España no evalúa a sus profesores. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que evaluarles formalmente, a través de sus superiores en los centros o con inspectores externos, influye y mejora el aprendizaje del estudiante.

España nunca se ha decidido a impulsar esa fórmula, recogida en un frustrado estatuto docente que se intenta cerrar desde hace lustros y para el que el Ministerio de Educación prevé una nueva reunión “en breve” con los sindicatos tras mantener cuatro encuentros desde que el ministro José Ignacio Wert asumió la cartera. El informe Talis de la OCDE, basado en encuestas a 106.000 profesores de 33 países y presentado la semana pasada, sitúa a España a la cola de la evaluación de docentes con Italia. Un tercio de los profesores españoles nunca fue evaluado —la media de los países de la encuesta es del 9%—.

El debate sobre cómo examinar al que examina está abierto y en marcha en otros muchos países. Las fórmulas oscilan entre un control nacional y estandarizado, que es el que funciona en la mayoría de los miembros de la OCDE, o revisiones propias como las que defiende Finlandia, una de las naciones con los sistemas educativos más admirados del mundo. Hay países que hacen controles anuales y obligatorios y otros que lo afrontan de forma voluntaria y sin una periodicidad fija. El borrador del estatuto docente español sobre el que se han retomado las negociaciones, de 2007, preveía evaluaciones voluntarias cada tres años. En unos casos, los resultados de la prueba no afectan al salario. En otros, como ocurre en Francia, esas evaluaciones están directamente relacionadas con el sueldo.

El intento asturiano

El Príncipado de Asturias aprobó en 2011 su primer plan de evaluación de la función docente, un modelo al que se podían acoger los profesores de forma voluntaria y que dividió a los sindicatos. Los más de 8.000 docentes que se apuntaron cobran un plus (entre 132 y 206 euros al mes, según refleja el acuerdo). El control de su trabajo se efectúa mediante cuestionarios y con acreditaciones de cursos y actividades, pero sin entrar a las aulas. Se pueden acoger los profesores de los centros públicos con plaza fija que lleven más de cinco años dando clase. <TB><TB><TB>Tienen que acreditar el nivel de formación, que su dedicación es superior a la media y que participan de los objetivos colectivos de su centro.

Para evaluar la formación tienen que demostrar haber cursado seis créditos (equivalente a 60 horas) a lo largo de su vida laboral. Se considera que tienen mayor dedicación si responde afirmativamente al menos a siete de las 14 preguntas planteadas en un test, entre las que se incluyen si su absentismo está por debajo del 7%, si utiliza nuevas tecnologías, manifiesta disponibilidad a las necesidades imprevistas planeadas por el servicio o si respeta los horarios. Esas fichas las debe rellenar el director del centro y deben ser revisadas por la inspección, explica Maximina Fernández, representante de FETE UGT en Asturias. “No te exigen más de lo que estás haciendo, todo el que lo ha solicitado ha cumplido los requisitos y ha obtenido el incremento”, asegura la representante de UGT, uno de los sindicatos firmantes del acuerdo junto con la central educativa ANPE. CC OO y el sindicato regional Suatea se posicionaron en contra.

Suatea llevó la normativa a los tribunales y el pago se paralizó después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias considerara que el plan no se ajustaba a derecho por no haber sido discutido en la mesa sectorial ni haber pasado por el Consejo Escolar del Principado. Ambas cuestiones están ya solventadas y los profesores han vuelto a cobrar, según la portavoz de UGT. Su sindicato pide que se abra el plan porque hay más de 500 solicitudes nuevas de docentes. Y añade que debería extenderse también a los profesores interinos, los funcionarios docentes sin plaza fija.

Comisiones Obreras rechazó la propuesta del Principado. “No se trata de una evaluación que mejore la enseñanza. No entra en las prácticas didácticas”, explica José Ángel Piquero, que era responsable de CC OO de Educación en Asturias cuando se abrió esa negociación. “La gente que se apuntó cobra más que la que no lo hizo en un proyecto que ha quedado paralizado porque no se desarrolla la carrera docente ni sirve para mejorar”, añade.

Los profesores galos son evaluados en primaria y secundaria por inspectores y directores de centro. Obtienen una nota que pueden ir incrementando a lo largo de su carrera docente y que les permite escalar en los 11 niveles laborales existentes y mejorar su remuneración. Los inspectores entran a las clases para revisar su funcionamiento y el director evalúa cuestiones cotidianas, como la puntualidad o lo involucrado que está el maestro con su materia. El sistema está articulado, pero tiene lagunas.

“Hay profesores que nunca han sido evaluados porque los criterios son muy difusos y las inspecciones, más escasas de lo que deberían”, critica Jean- Rémy Girard, docente francés y secretario general de pedagogía del sindicato educativo SNALC. Tres de cada cuatro profesores españoles estarían dispuestos a ser valorados, pero solo un tercio aceptaría que el resultado repercutiera en sus condiciones laborales, según una encuesta del Instituto Idea para la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM) de 2010.

Antonio Bolívar, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, considera que la evaluación docente “se ha convertido en un terreno minado” con riesgo a posibles usos malsanos. Defiende que el pago puede mejorar la práctica docente pero, por otro lado, puede acarrear efectos perversos, como “incrementar la desmoralización del profesorado que trabajan en los centros clasificados como bajo”.

¿El control debe ser externo o interno? En Finlandia, sin un sistema nacional de evaluación, los directores ejercen un control directo de la labor docente, como subrayan distintos informes de la OCDE. En la mayoría de los centros escolares finlandeses se celebran debates anuales para evaluar si los profesores han cumplido los objetivos del año anterior y determinar qué necesitan para el desarrollo de los posteriores.

José Antonio Martínez, veterano director de instituto y miembro de la asociación de directores de centros públicos FEDADI, defiende también el control interno. “Para que una evaluación sea objetiva debe arrancar desde el propio centro pero, eso sí, con consecuencias. Si trabajo mejor, no me pueden valorar lo mismo, aunque no es necesario que el modelo tenga carácter punitivo”.

En México, la última reforma educativa incluye una evaluación nacional (aún en fase de definición) que puede tener consecuencias dramáticas para los docentes con plaza fija. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa justifica, entre otras medidas, que persigue acabar con un sistema educativo basado “en el clientelismo, sobre todo en la asignación de plazas”, según declaraba el pasado mayo a este periódico el consejero del INEE, Gilberto Guevara Niebla. Desde septiembre –cuando fue aprobada la ley general del Servicio Profesional Docente-, en 12 Estados se otorgaron, bajo procedimientos antiguos, 34.312 plazas para maestros sin concurso, 143 profesores al día, según recogía entonces la prensa mexicana.

“Nos van a evaluar para decidir si nos quedamos o nos echan. La percepción que tenemos muchos maestros es que se trata de una reforma laboral encubierta para hacer una purga”, considera Faustino de la Cruz, profesor mexicano de Ciencias en secunsaria y dirigente de una ONG. El examen previsto por el instituto nacional de evaluación mexicana revisará tanto el desempeño docente como el conocimiento de las normas.

 

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