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La fiscalía denuncia a ‘Entre todos’ por usar a un menor discapacitado

Acusa al programa de RTVE de utilizar al niño con fines mendicantes y pide 15.000 euros de indemnización

La presentadora de Entre Todos, Toñi Moreno. EL PAÍS

El Ministerio Fiscal ha presentado una demanda en un juzgado de primera instancia contra RTVE, el programa Entre todos y la productora Proamagna por vulnerar presuntamente los derechos a la imagen y a la intimidad personal y familiar de un niño con discapacidad. La Fiscalía pide una indemnización para el menor de 15.000 euros por daños y perjuicios.

En el caso objeto de la demanda, a la que tuvo acceso este diario, el Ministerio Fiscal considera que se utilizó la imagen del niño enfatizando su discapacidad “con fines conmiserativos” y mendicantes, aludiendo reiteradamente a datos sensibles de su vida familiar. Además, el menor era fácilmente identificable, pues en la emisión del programa se facilitó el nombre y apellidos del padre, así como las iniciales del menor. Por otra parte, su rostro apareció en pantalla “débilmente pixelado” y el resto de su imagen quedaba a la vista de los espectadores, facilitando su identificación.

La demanda, que ya ha sido admitida a trámite, se hace extensiva, como “responsables solidarios”, a Proamagna, productora de Entre todos; Nicolás Díaz Bustos, director del programa, y RTVE. Una portavoz de la Corporación confirmó a este diario que han recibido la demanda y están estudiando las alegaciones.

En la misma, se asegura que ni el progenitor, ni RTVE ni los responsables del programa Entre todos informaron al Fiscal del uso de la imagen e intimidad del menor en el citado programa, en contra de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen.

La citada norma establece que el consentimiento debe otorgarse por escrito por el representante legal, pero añade la obligación de este último de poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Esta comunicación, que no actúa como censura previa, es necesaria para dar validez al consentimiento del representante legal.

La Fiscalía de Menores, que en este caso actúa de oficio, considera que los responsables del espacio utilizaron indebidamente la imagen de un niño con discapacidad y exhibieron públicamente datos sensibles de su vida personal y familiar.

De hecho, se incluyó información sobre el ámbito personal, escolar, familiar y vecinal en el que el niño desarrolla habitualmente su vida. “Con tantos datos personales y referencias identificativas, el niño pudo ser identificado perfectamente en su círculo más próximo”, fundamenta la Fiscalía. En su argumentación, considera que la imagen que se ha transmitido del niño con discapacidad en el programa dista mucho de ser integradora. “Cae de lleno en la óptica caritativo/paternalista de la desgracia familiar enfatizando negativamente la discapacidad”, añade la demanda.

 

Reiteradas denuncias del Cermi

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, más conocido por sus siglas Cermi, ha exigido varias veces a RTVE la retirada inmediata de la parrilla de la televisión pública del programa Entre todos por proyectar con reiteración una imagen contraria a los derechos, la inclusión y la participación regular de las personas con discapacidad en la vida social, y que el ámbito de la discapacidad percibe como hirientes y lesivas.

Para el Cermi, “la gravedad de los contenidos del programa es máxima cuando trata casos de niños y niñas con discapacidad en situación de necesidad, en los que no se respeta la legislación vigente que protege reforzadamente la privacidad y el derecho a la intimidad y a la propia imagen de estos niños”.

El programa que se emite por las tardes en La 1 trata casos de personas que pasan por dificultades económicas y solicita ayuda financiera en directo a su audiencia. El programa, que conduce Toñi Moreno, ha recibido numerosas críticas de diversos colectivos que han pedido su retirada.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, denunció el espacio al Defensor del Pueblo para que considere la posibilidad de remitir la queja a la Fiscalía General del Estado, por el abuso en la instrumentalización de los menores “con el recurso fácil de la lástima y la compasión con el débil”.

También lo hizo el Consejo General de Trabajo Social quien denunció el “periodismo amarillo y rancio” de un programa que “vulnera la dignidad de las personas” por llamar “al llanto y la lágrima” y potenciar “la lástima hacia la persona necesitada”.

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