Entidades animalistas pagan recompensas a quien denuncie casos de maltrato
Ya se han pagado dos de 2.550 euros y se ha logrado cerrar un criadero ilegal
Las denuncias por maltrato animal se cobran. Las principales entidades animalistas tienen un fondo para incentivar a los ciudadanos a denunciar esta conducta. Ya se han entregado dos recompensas de 2.550 euros cada una y todavía queda una tercera, que se ingresará en la cuenta bancaria del próximo denunciante.
Los organizadores del Fondo 337 son la Asociación Animalista Libera!, la Fundación Altarriba, Justicia Animal, GEHVA y la Sociedad Zoológica de Extremadura. “Todavía nos queda una tercera paga de 2.550 euros. Cuando la entreguemos estudiaremos si organizamos una nueva recolecta”, explica Carlos López, de Libera!
La valoración de la iniciativa se efectuará una vez terminada la campaña pero, por ahora, las entidades están más que satisfechas. Gracias a estas recompensas han conseguido detectar y cerrar un criadero ilegal en Bullas (Murcia), donde malvivían cientos de animales como ovejas y aves e incluso había, según los denunciantes, fosas con decenas de caballos enterrados.
Un fondo nacido de una tortura
El Fondo 337 se creó en 2011 después de que apareciera un vídeo en un blog en el que se veía cómo un hombre torturaba brutalmente a un cachorro hasta matarlo. El vídeo del perro, bautizado como Schnauzi, provocó una gran indignación social y se intentó dar con su autor con todos los medios.
La investigación policial determinó que las imágenes se habían colgado en la red desde otro país, de manera que no se pudo localizar al maltratador. Las entidades animalistas organizaron una recolecta y prometieron entregar el dinero a la persona que fuera capaz de dar con él.
Se reunieron más de 7.000 euros gracias a pequeñas donaciones. Pero el plan no funcionó y fue imposible encontrarlo. Los colectivos animalistas habían contemplado esta posibilidad antes de empezar la campaña y se comprometieron por escrito a utilizar el fondo “ exclusivamente para incentivar la denuncia de futuros casos de violencia hacia animales”. Y así fue.
Casos como el de Schnauzi no abundan, ya que la Guardia Civil acostumbra a encontrarlos, según explica el sargento de la sección Seprona Barcelona, Álvaro Muñoz. “Se suele dar con ellos, sobre todo cuando es nacional, ya que basta con investigar la dirección IP del ordenador”. En algunos casos, según su experiencia, las personas que conocen a los autores de los maltratos “publican su dirección y lo amenazan”.
A pesar de que estos episodios de maltrato provocan mucha alarma social, no son nada frecuentes. “La mayoría de las denuncias no son por maltratos activos, sino por dejadez de los dueños”, aclara el sargento, que asegura haber detectado que “hay mayor sensibilidad en las ciudades”, mientras que en las zonas rurales se usa a los animales más “como herramientas”.
Dos personas (padre e hijo) están imputadas por un presunto delito de maltrato animal y se han decomisado un centenar de animales. Además, según destaca Raquel López, la abogada que representa a los denunciantes, “se les ha prohibido a los acusados la cría y la tenencia de animales, algo que nunca había pasado antes en España”. La letrada, que pertenece al despacho DeAnimals, asegura que no se trata de un caso aislado: “Hay muchos criaderos y perreras que maltratan a los animales porque se han convertido en negocios privados y lamentablemente no tienen en cuenta el bienestar animal”. López lamenta que con la actual legislación “las condenas por maltrato animal son ridículas”, ya que solo prevén entre tres meses y un año de cárcel, de manera que —a no ser que el acusado tenga antecedentes— es casi imposible el ingreso en prisión.
La denuncia contra el criadero de Murcia la interpuso la entidad animalista La Casita de López y gracias a la ayuda del Fondo 337 han podido pagar las costas del juicio, que todavía no se ha celebrado.
La segunda recompensa ha sido para la asociación Actin —una entidad animalista internacional— y la causa la llevó la misma abogada, Raquel López. El acusado es la empresa Esprineco S.L., una perrera privada. Varios municipios de Murcia —entre ellos el de Mazarrón— tienen encargada a esta empresa la recogida de perros y gatos abandonados y, según los denunciantes, los animales se encuentran “en condiciones muy crueles: alimentación insuficiente, suciedad extrema, parásitos y falta de asistencia veterinaria frente a lesiones o dolencias graves”.
En este caso se han abierto diligencias de instrucción, pero todavía no se ha tomado declaración a nadie, según fuentes judiciales. La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mazarrón, María Martínez, explica que “si llega una sentencia será motivo para rescindir el contrato”, pero añade que el propio Ayuntamiento había informado a la Guardia Civil de que tenía denuncias contra dicha empresa pero que, “según los informes de Seprona, todo estaba de acuerdo con la ley”.
Las entidades que integran el Fondo 337 no comparten esta visión y advierten de que “los Ayuntamientos no pueden eludir su responsabilidad ante casos de maltrato animal”, y menos aún “cuando se trata de empresas expresamente contratadas para prestar el servicio municipal de custodia de animales, un servicio público y competencia ineludible del Consistorio”, según la Fundación Altarriba.
El sargento Álvaro Muñoz, de la sección de Seprona Barcelona, explica que “cada vez hay más denuncias de maltrato animal”, aunque en muchas ocasiones quedan en nada. “Nosotros tenemos en cuenta lo que dice la ley. Si hay un perro solo y atado pero tiene agua y una caseta no podemos hacer nada con la ley en la mano, aunque para la gente que tiene más sensibilidad esté muy mal”, puso como ejemplo. El sargento Muñoz reconoce que, en algunos casos, “la ley ni es explícita ni es concreta”, algo que dificulta el trabajo de los agentes.
Tampoco facilita el control el hecho de que no haya un único cuerpo policial encargado de perseguir el maltrato animal. Los casos pueden caer en manos del Cuerpo Nacional de Policía, de Seprona (Guardia Civil), de las policías autonómicas, de los Agentes Rurales e incluso de la Policía Municipal. Los colectivos animalistas consideran que tendría que existir un cuerpo único y especial —como ya sucede en otros países como Colombia— para perseguir estas conductas.
Los colectivos animalistas, no obstante, han notado un aumento de la sensibilidad sobre el bienestar animal que se traduce en muchas más llamadas de denuncia. “Cada día recibimos cuatro o cinco”, explica Carlos López, de Libera!, que asegura que todas se transmiten “a las Administraciones pertinentes”, a pesar de que “la mayoría se archivan”.
López recuerda que las denuncias que se interponen gracias al Fondo 337 las tendría que liderar la propia Administración. “Nos vemos obligados a denunciar a nivel particular porque las Administraciones no hacen su trabajo”, lamenta.
Para optar a la recompensa es necesario cumplir algunos requisitos en la denuncia de maltrato, como que se aporten pruebas. El Fondo 337 adopta el nombre del artículo 337 del Código Penal, que es el que castiga el maltrato animal. El texto establece penas de entre tres meses y un año de prisión quien “maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud”.
El artículo 337 del Código Penal también prevé la inhabilitación de los condenados para empleos relacionados con los animales. La ley, en cambio, permite que una persona condenada por maltrato animal pueda tener animales de compañía, algo que debería modificarse según las entidades animalistas.
