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Portugal plantea divulgar una lista de condenados por delitos sexuales

Justicia debate una ley que permitirá el acceso a los padres de menores de 16 años

Paula Teixeira da Cruz, en una foto de archivo.

Cada día, un portugués es condenado por un delito sexual contra menores de edad. Y, según el Ministerio de Justicia, la tendencia va en aumento. Entre 2003 y 2012, un total de 2.349 portugueses han sido condenados por este motivo, 330 el pasado año.

Con estos argumentos en la mano, la ministra de Justicia, Paula Teixeira da Cruz, ha distribuido entre los especialistas y magistrados un proyecto de ley que, en su actual redactado, da a los padres con hijos menores de 16 años acceso a la lista de condenados por delitos sexuales.

En esa lista constará el nombre del condenado, su edad y descripción física, la residencia privada y su lugar de trabajo. Tras su puesta en libertad, el condenado tendrá 15 días para dar sus datos. En el caso de un cambio de residencia o de trabajo, tendrá cinco días de tiempo. Y así seguirá aunque hayan pasado 20 años desde su condena, aunque el plazo va en función de la gravedad del delito cometido. Una mera multa obliga a permanecer en la lista durante cinco años.

El proyecto de ley se ha justificado por la necesidad de trasponer la legislación europea, aunque esta no obliga a la difusión de listas sino solo a "reducir los delitos sexuales contra menores". Si se aprueba el texto actual, Portugal tendrá la legislación más severa contra este tipo de delitos, después de Estados Unidos. Solo en Inglaterra hay algo similar, con acceso limitado de los padres a esa información.

Aunque nadie duda de la eficacia de las listas para la policía y jueces, e incluso la labor de prevención en el caso de los padres, se critica que ese acceso semipúblico facilitará que las listas acaben pronto en Internet. Sin embargo, son los juristas quienes más dudan de ese mecanismo de control, pues consideran que el delincuente, tras haber saldado sus cuentas con la sociedad en la cárcel, seguirá condenado con esta exposición pública. La ley también prohíbe para siempre que un condenado por estos delitos trabaje con niños, sea con carácter profesional o como voluntariado.

La primera norma en este sentido se implantó en 1994 en Estados Unidos, a raíz de que una niña fuera violada y asesinada por un vecino con antecedentes de delitos sexuales. Allí las listas de pedófilos son de acceso general en la mayoría de los estados, incluso por internet. En California, las agencias inmobiliarias adjuntan a la compraventa de una casa, la localización de los condenados por delitos sexuales más cercanos.

Según las cifras oficiales del Ministerio de Justicia, el 97% de los portugueses condenados por este tipo de delito son hombres; el 25% tiene menos de 30 años de edad y el 10% más de 65 años.

De momento, el proyecto de ley solo ha recogido el tibio respaldo del Instituto de Apoyo de la Niñez (IAC), que destaca que el actual sistema no está funcionando.

Los críticos están dispuestos a admitir que las listas estén a disposición policial y judicial, pero no de los padres. Según la actual redacción del texto, la base de datos no es pública, por lo que los padres deberán acudir a la comisaría del barrio o al colegio de sus hijos para informarse. Una vez demostrado que es el progenitor de un menor, se le mostrará confidencialmente la información.

En Europa solo Inglaterra tienen una ley similar, aprobada en 2011. En la actualidad, la lista británica consta de 28.000 nombres. En Francia, la lista es solo accesible para la policía, y algo similar ocurre en Irlanda y Escocia.

A raíz del caso Casa Pia -una red de pederastia que implicó hasta a altas esferas del estado- desatado a principios de siglo, los órganos judiciales y policales han visto una tendencia continuada de las denuncias ciudadanas. De las 207 en el año 2001 a superar el millar a partir de 2004. El pasado año, se abrieron 1.227 investigaciones y hubo 330 personas fueron condenadas.

El caso de Madeleine McCann en 2007 también convulsionó a la sociedad portuguesas y británica. La niña de 4 años estaba de vacaciones con su familia en una urbanización del Algarve. Los padres cenaban en el restaurante de la urbanización y habían dejado a los niños durmiendo en el apartamento. Cuando regresaron, Madeleine no estaba. Recientemente Scotland Yard reabrió el caso en Inglaterra, pero sin resultados positivos.