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Colombia anula la polémica licitación de un canal privado de televisión

El único oferente era el grupo español Planeta, tras el retiro de otras empresas interesadas

Colombia ha anulado hoy una polémica licitación para un tercer canal privado de televisión en la que el Grupo español Planeta figuraba como único oferente tras el retiro de otras empresas interesadas. El Consejo de Estado colombiano considera que existió violación de varias normas constitucionales y legales relacionadas con la libre competencia y el derecho a la igualdad.

La máxima instancia jurídico-administrativa del país ha especificado que no se opone a que haya un tercer canal privado de televisión, pero que para ser adjudicado, deben existir diversas ofertas para escoger la mejor. "El fondo del fallo es que ni se puede adjudicar mediante la vía de la subasta con un proponente único, porque la subasta es un mecanismo jurídico para seleccionar el mejor precio y ese mejor precio supone, necesariamente, la diversidad de proponentes", ha señalado el presidente del organismo, Gustavo Gómez.

Tras una larga deliberación, 17 de los magistrados del Consejo de Estado han votado a favor de la anulación, mientras que otros seis consideraron que era válida.

La adjudicación de un tercer canal de televisión deberá comenzar de nuevo, incluso desde el registro único de proponentes. La tramitación de la licitación ofertada por Planeta había comenzado en 2009.

La adjudicación del canal se tenía prevista para mediados del año 2010, pero se suspendió después de que el grupo venezolano Cisneros y el español Prisa, editor de EL PAÍS se retiraran aduciendo faltas de seguridad jurídicas en diciembre de 2009. Planeta quedó entonces como único oferente e insistió en la legalidad del proceso.

En marzo de 2011 el Consejo de Estado había ratificado la suspensión del proceso decretado desde 2010, debido a que la ley autoriza adjudicar licitaciones a través de subasta pública únicamente cuando es con más de dos oferentes.

Con la nulidad decretada se sella este espinoso proceso en el que intervinieron no solo el Consejo de Estado, sino la Procuraduría (Ministerio Público), los canales locales Caracol Televisión y RCN Televisión, que se manifestaron contrarios a que fuese adjudicado el tercer canal privado de televisión por, según ellos, verse afectados.

La licitación comenzó en el segundo mandato del entonces presidente Álvaro Uribe y como él mismo dijo en su momento, la suerte de la adjudicación la resolvería quien fuera su sucesor, como efectivamente ocurrió.

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