Evitar el choque

Sin duda, una de las tareas más complejas del juez ante dos intereses en conflicto es determinar cuál de ellos ha de prevalecer y, en su caso, dictar la regla de acuerdo con la cual ambos intereses han de quedar conjugados. Esta tarea adquiere un grado superior de dificultad cuando se trata de un interés particular y otro de carácter general.

Plantear el caso como la prevalencia de un modelo general de educación sobre el interés singular de un ciudadano menor de edad o al contrario puede resultar fácilmente expuesto desde los medios de comunicación. Sin embargo, este no puede plantearse como el caso de “un menor versus la política lingüística de la Generalitat”. Ni menos al contario.

Ha de componerse una regla que evite el choque. Y esto es lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: reconocer el derecho singular a elegir la lengua vehicular de educación de un menor distinta a la establecida con carácter general, pero siempre y cuando se aleguen por los ciudadanos motivos serios y legítimos, valorados por el tribunal como aceptar la excepción.

La solución cabe entenderla equilibrada. Desde luego, obliga a cada ciudadano a comparecer ante los tribunales y alegar los motivos en base a los que pide ser sujeto de excepción. Sin embargo, obliga a algo más y es a que el legislador sea sensible a la situación, reaccione con celeridad y articule las normas legales oportunas en las que se prevean las causas con base en las cuales se pueda solicitar por los padres o tutores de los menores que su educación sea en castellano, atendido su carácter de lengua cooficial del Estado. Es de esperar que la Administración y el legislador sean sensibles y reaccionen para evitar que los ciudadanos tengan que sufrir un proceso judicial para hacer valer sus derechos.

Lorenzo Prats es catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona.