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El PP eleva el tono contra los “abusos” de los inmigrantes

Rubalcaba califica el recorte en sanidad como “xenófobo, cruel e ineficaz”

Mato: "La tarjeta sanitaria le corresponde a los españoles".Vídeo: ATLAS

La oposición clama. El PP lo justifica y para ello eleva el tono contra los “abusos” y el “fraude” cometidos por extranjeros. La retirada de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles ha levantado hoy fuertes críticas frente al cierre de filas popular.

En el PP ha habido argumentos comunes. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha afirmado que con estas medidas “se pone coto a los abusos” y al “turismo sanitario”. El portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, ha dicho que el sistema sanitario “no puede ser un coladero” y ha denunciado el “fraude” en su uso por parte de extranjeros. “Cuando decimos que la sanidad es universal en España no es para el universo mundo, sino para los españoles y los residentes”, ha apostillado. El mismo argumento ha manejado el consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. “No tenemos un sistema sanitario para atender al mundo entero, tenemos un sistema sanitario para atender a los españoles y a los que han venido a formar parte de la sociedad española trabajando, aportando y contribuyendo con los impuestos”.

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El responsable de sanidad del PP y consejero de Salud de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, también ha destacado “los abusos” cometidos por rumanos que retornan a su país y cuya factura médica sigue pagando España. “La tarjeta que identifica al asegurado será para los españoles y extranjeros con residencia legal en España”, ha puntualizado.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha calificado el recorte en sanidad como “xenófobo, cruel e ineficaz”. Demuestra “insensibilidad social”, deja sin asistencia a personas enfermas y hará que “las gripes acaben tratándose en urgencias”. La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha criticado que la reforma “cambia la sanidad universal por un sistema de aseguramiento”. La Junta de Andalucía ha asegurado que sus servicios jurídicos estudian la posible inconstitucionalidad de la medida. El diputado de IU Gaspar Llamazares, ha calificado el cambio de “gravísimo”; “el mayor ataque al sistema sanitario público en democracia”, ha dicho.

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