La PAC, para el que la trabaja

El reparto de las ayudas al campo que da Europa disgusta a los agricultores. Entre un 75% y un 80% de los 5.160 millones que recibe España se queda en manos del 20% de los beneficiarios. Así, miles de pequeños agricultores reciben entre 500 y 1.000 euros anuales mientras que grandes productores, terratenientes o ganaderos, se reparten ayudas cuantiosas; entre ellos, grandes empresas de la alimentación reciben millones de dinero público. El sistema es legal, pero el reparto cada vez está más cuestionado.

Europa está ahora redefiniendo la figura del agricultor, para frenar determinadas prácticas, pero no es fácil. El Tribunal de Cuentas Europeo alertó el año pasado de que el criterio de reparto permitía que se beneficiaran quienes “no desempeñan actividad agrícola o lo hacen de forma insignificante”.

El objetivo es vetar las subvenciones a los "agricultores de salón"

La UE también ha mostrado su preocupación por el reparto de los subsidios entre aquellos que el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha denominado “agricultores de salón”. La Política Agraria Común (PAC), ha dicho en alguna ocasión, "no tiene intención de pagar a agricultores de sofá". El objetivo ahora, según Ciolos, es evitar que sigan recibiendo ayudas, entre otros, aeropuertos y campos de golf e ir poniendo un tope al dinero que perciben los grandes productores agrícolas.

La propuesta europea que se discute estos días veta la concesión de los llamados pagos directos a aquellos perceptores que no alcancen a ingresar por esta vía ni un 5% de su renta total. Se entiende que así quedarán excluidos los que se dedican mayoritariamente a otras actividades que nada tienen que ver con la agricultura o la ganadería. Este límite no se aplicaría a aquellos que hayan percibido menos de 5.000 euros anuales porque pueden estar complementando su actividad habitual con alguna pequeña explotación agraria.

Pero la propuesta no convence a todos. El Tribunal de Cuentas Europeo considera que ese tope dirigido a excluir a “aeropuertos, compañías ferroviarias, inmobiliarias y empresas de gestión de instalaciones deportivas” de los que perciben estas ayudas, “no impedirá que aquellas personas que no ejercen, o solo marginalmente, una actividad agraria se beneficien de los pagos directos”.

El 75% del presupuesto se lo lleva un 20% de los beneficiarios

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) también matizaría este nuevo criterio. Cree que el tope debería establecerse de otra manera, con la vista puesta en la producción: “No deberían recibir ayudas aquellos que ingresen con la venta de sus productos agrícolas menos del 25% de su renta total”. Considera que de esa manera los agricultores de verdad quedarían distinguidos del resto. La organización agroganadera Asaja tampoco está de acuerdo con ese límite del 5% de ingresos que propone Europa, pero por otros motivos. “Puede dejar fuera a algunos agricultores por el hecho de percibir rentas mayoritarias de otros sectores productivos”, dice Ignacio López, director Internacional de Asaja.

López explica que “no debería importar la persona que lo percibe, sino quién genera empleo en este sector, produce y cuida el medio ambiente”. La UPA comparte solo una porción de este razonamiento y pide que en la reforma haya “un filtro para las ayudas a las hectáreas no productivas”.

No es poca cosa ese filtro, porque la reforma que ahora se plantea desvincula de nuevo las ayudas que se perciben de la producción agrícola que se desempeña para relacionarla, sin más, con las hectáreas que se poseen. El miedo de premiar con ayudas la producción agrícola parte de los años setenta y ochenta, cuando el campo y la ganadería fueron excedentarios. Producir más de la cuenta salió caro. Por eso, las reformas posteriores relacionaron los subsidios con las hectáreas declaradas en años precedentes, sin vigilar si después se abandonaban los cultivos (por resumir un sistema que es enormemente complejo). La filosofía era premiar también al agricultor como guardián de espacios verdes, no solo como productor. De ahí los campos de golf y otros pastos.

Vincular las ayudas a las hectáreas premiará a los que no trabajan la tierra

Con la reforma que ahora se propone no importará siquiera si se cultivó alguna vez. Se tomará un año de referencia, 2014, y las hectáreas de campo que se acrediten entonces. En España hay 38 millones de hectáreas que podrían, de esa forma, percibir fondos. En 2009, optaron a estas ayudas 21 millones de hectáreas y en 2011 casi 25 millones. Europa da fondos para 17 millones de hectáreas en la actualidad. “Con el nuevo sistema cualquiera que tenga una hectárea, haga lo que haga con ella, podrá beneficiarse y eso no puede ser, porque las ayudas se quedarán en manos de quien tenga capacidad de jugar en los mercados, de especular y no entre los agricultores”, dicen en la UPA. “Si el temor es que la producción se dispare, que lo regulen, que lo inspeccionen, pero no se pueden desligar las ayudas de los productores”, afirma el secretario general de la organización, Lorenzo Ramos. Además, dice, “si todo se deja a las hectáreas que se poseen, como el 66% de las tierras están en arrendamiento y no se necesitan referencias de usos históricos, las hectáreas las cobrarán los propietarios”.

"A la industria van apenas 95 millones", se defienden las grandes empresas

Si ya las ayudas europeas a la agricultura son criticadas por las desviaciones que se han producido, esto puede ser el remate. Pero no son las explotaciones familiares las que se llevan la parte del león, desde luego. Desde 2010 solo se hacen públicas las ayudas que reciben las personas jurídicas, porque una sentencia impide sacar a la luz los datos privados de las personas físicas. Eso deja fuera a los grandes terratenientes y las millonarias explotaciones ganaderas y vuelca la atención en empresas como Zumavesa (Zumos Valencianos del Mediterráneo) que ha recibido 10 millones de euros; Pastas Gallo, 7,4 millones; o los 7,1 del grupo galletero Siro. Porque estas sí aparecen públicamente en la web del Ministerio de Agricultura. Hay otras marcas como El Pozo, Campofrío, Nutrexpa, Leche Pascual, Nestlé o Bonnysa, proveedora de Mercadona, que también ingresan dinero público europeo.

La nobleza, pero también arzobispados y conventos, clubes de golf, sagas familiares, afamadas bodegas, son también perceptoras de estas ayudas en sus diferentes capítulos. Algo que las organizaciones rurales no acaban de ver bien.

La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) se defiende de las acusaciones recurrentes. “De los miles de millones que recibe España, a la industria apenas van unos 95, eso es una parte ínfima, ridícula casi, para la mejora de las industrias a través de planes de desarrollo rural, para restituciones de la exportación [que equilibra el precio medio europeo de los productos respecto al mercado mundial] y para ayuda alimentaria a las organizaciones humanitarias”, explican.

La renta en el campo ha caído un 24% y  el 20% de las exportaciones

“Poco o mucho, no es comprensible que estas grandes empresas, algunas con beneficios, se queden con un buen puñado de millones, ni que se pague con dinero público la ayuda humanitaria en alimentos”, critica el presidente de Veterinarios sin Fronteras, Javier Guzmán, cuya organización ha elaborado un detallado documento con el destino de estas ayudas.

Pero la FIAB insiste en que no se trata de materias primas excedentes que sencillamente se destinan a la población necesitada, como se hacía antes, sino que se les paga porque estas industrias transforman esas materias primas. “Así es como lo solicitan, leche en polvo, carne envasada...”, dicen en la federación industrial.

Los grandes nombres asociados a las ayudas han traído mala fama a “la política más fiscalizada de Europa, la agrícola, que es prácticamente la única común a todos los Estados”, dicen en UPA. La PAC supone el 25% del presupuesto europeo, pero si se compara con lo que los países destinan a otras partidas sin presupuesto comunitario, como educación o sanidad, o defensa, apenas sería el 1%, unos 40.000 millones.

Europa se desentiende progresivamente de la producción y eso trae fuertes sospechas en el sector agrario. Algunos temen que se esté caminando hacia una reconversión a la chita callando. “Se premia a las hectáreas improductivas y un día pueden decirnos que nos dieron ayudas y no produjimos nada. Y se acabará el apoyo económico para los que lo necesitan sin que se haya estudiado un plan de jubilaciones como en otros sectores, ni de reformas para avanzar en competitividad. Nunca se han querido hacer esos planes, todo se soluciona con la PAC. Hasta que se acabe”, aventura Lorenzo Ramos.

Más grave aún será si un día Europa se despierta de un mal sueño económico (propio o fuera de sus fronteras) y descubre que su agricultura no puede abastecer a la población de lo más básico. “Que así empezaron algunas de las primaveras árabes, con problemas de alimentación”. Las más históricas revoluciones tuvieron en su origen un conflicto agrario y de precios. El hambre, en definitiva, que motivó el origen de la Política Agraria Común tras el desabastecimiento que siguió a la II Guerra Mundial. “Estamos dejando nuestra alimentación en manos de terceros países que son muy inflacionarios”, avisan en la UPA.

"Hay que potenciar la relación directa entre productor y cliente", dice CECU

España ya solo exporta aceite, fruta, hortalizas y vino. Hasta los huevos los importa ya, desde diciembre. Muchas granjas no han podido adaptarse a los requisitos de sanidad o bienestar animal, exigencias que se pasan por alto cuando se importan productos de fuera de la Unión. “Nuestra soberanía alimentaria está muy amenazada. De 2003 a 2010 hemos perdido el 20% de las explotaciones y la renta de los agricultores ha caído un 24,7%; mientras, los márgenes de las grandes empresas se incrementaron un 24%; los pueblos se desertizan. Vamos hacia una dependencia alimentaria. Si hasta importamos el 87% de los garbanzos”, enumera el presidente de Veterinarios sin Fronteras, Javier Guzmán.

Pero hay diferencias en Europa. Francia mima a sus agricultores. “Allí, el 23% de las ventas son de mercado directo, lo que se llama circuito corto; el agricultor vende directamente a las tiendas o en puestos en plazas o carreteras, porque su normativa es menos restrictiva. Aquí ese mercado es mínimo”, explica Andoni García, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

El último eslabón de la cadena, el consumidor, también juez. “Tenemos que pensar qué estamos comiendo. Europa está colonizada por la falta de tiempo y los alimentos precocinados y con exceso de sal, de azúcar. Productos como el aceite de palma están ya causando estragos en la salud”, empieza Ana Etchenique, de CECU. Y continúa: “Hay que volver a la dimensión humana, con una relación más directa entre productores y consumidores. Nos ha costado mucho adaptar nuestras explotaciones a unas condiciones sanitarias y ahora abrimos las puertas a productos que no sabemos con qué fitosanitarios se tratan ni en qué condiciones de explotación humana. ¿Son más baratos? Puede, pero solo el necio confunde valor y precio”