Esquilmando el mar

Es una sanción ejemplar, a la altura de una práctica que está en la base del agotamiento de las reservas pesqueras. La justicia británica ha impuesto una multa de 1,62 millones de libras (algo más de dos millones de euros) a dos barcos, el O’Genita y el Cayo Tercero, por pescar durante 18 meses merluza por encima de lo autorizado y falsificar los registros correspondientes. Los buques tenían bandera inglesa, pero son de propiedad española. Es solo el último ejemplo de una sorda batalla por los recursos, ciertamente castigados, del mar. Y si hablar de mar en general es hacerlo de un espacio donde las especies rentables sufren un continuo acoso, ya en las costas de la UE, es acoso y derribo.

La situación de la merluza, la anchoa, la cigala o la bacaladilla se está poniendo cada vez peor. Como recuerdan las asociaciones ecologistas Oceana y Fundación para la Justicia Medioambiental (EJF en inglés), la Comisión Europea calcula que el 63% de las especies del Atlántico Norte, las aguas que bordean la UE por el oeste y el norte, están sobreexplotadas. Pero ser una especie mediterránea es aún peor: el abuso, la pesca insostenible, afecta al 82% de las especies.

En el conjunto mundial, los datos no son mucho mejores. La Agencia para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) ha calculado que entre 1998 y 2002, con los datos de un 75% de los desembarques, el 14,1% de la producción mundial (unos 11 millones de toneladas) procedía de poblaciones subexplotadas o moderadamente explotadas; el 57,3% (unos 41 millones de toneladas), de poblaciones totalmente explotadas; el 13,7% (alrededor de 18,4 millones de toneladas), de poblaciones sobreexplotadas; el 7,6% (en torno a 10,2 millones de toneladas), de poblaciones agotadas o en recuperación.

La zona que está entre Irlanda, Gran Bretaña, Francia y España está especialmente disputada. Es donde cayeron el O’Genita y el Cayo Tercero. Ahí es relativamente frecuente que un barco sea llevado a puerto —generalmente de un país del que no tiene bandera— por irregularidades en alguno de los numerosos requisitos (cuadernos de captura, tipo de artes de pesca, cantidad de animales pescados, saltarse la cuota asignada y muchos detalles más) que rigen una actividad que, por otro lado, está fuertemente subvencionada. El director general de Ordenación Pesquera, Andrés Hermida, admite sin un intento especial de justificación que esto le sucede al 20% o 30% de los barcos españoles. “Lo que ocurre es que en los otros países, esto sigue un procedimiento penal. Lo normal es llevar el barco a puerto, hacer una inspección, que se valore el pescado, las artes, se establezca una fianza y que luego, tras el juicio, se imponga una multa. Pero nunca tan alta como la de estos dos barcos”, añade.

No hace falta decirle al responsable de Ordenación Pesquera del Gobierno español de qué barcos se trata. Se sabe los nombres de memoria. Y el de sus propietarios, también. Aunque actuaran mediante una subsidiaria británica, como explica la directora de Campañas Pesqueras de Oceana, María José Cornax, se trata de armadores españoles. En concreto, Manuel Vidal Suárez es el director de la empresa Hijos de Vidal Bandín SA, dueño del Cayo Tercero. La otra empresa, Sealskill Limited, es dueña del O’Genita y subsidiaria de esta última en Lancaster. Su directora es María Dolores Vidal Mariño.

Fuertes explica que el de la pesca es un sector “con una de las regulaciones más pormenorizadas que existen”. “Todo está detallado, y no es difícil estar mal en algo. Pero lo principal se cumple”, insiste. “Puede haber barcos pillados en renuncio, y estos siempre emborronan al colectivo, pero el año pasado, la UE solo impuso dos sanciones graves”.

El presidente de los armadores de Vigo, que actúa como portavoz de a Confederación Española de Pesca (Cepesca) porque sus directivos están en Mauritania intentando mejorar un —“hasta ahora ruinoso”, según su jefa de comunicación— acuerdo pesquero, no se cree los datos del agotamiento de los mares. “Según nuestros cálculos, más del 50% de las especies están explotadas, que no sobreexplotadas. Eso solo lo está el 15%. Del otro 35%, no se conoce su estado. Por eso pedimos a la Comisión que haga estudios. Lo que ocurre es que a falta de estos, se aplica el principio de precaución, y eso empobrece las posibilidades de pesca”, dice.

El armador insiste en que hay especies, como la anchoa, sobre la que se impuso una moratoria de cinco años en 2005, o la bacaladilla, que como tienen ciclos de vida muy cortos son muy difíciles de estudiar, y que eso lleva a tomar decisiones muy drásticas. “Solo pedimos, para que el sector sea rentable, que los cambios de las cuotas sean del 10% o el 15% anual”.

Mercedes Roselló, de EJF, cree que el caso de los dos barcos es una señal de lo que ocurre aunque sea a menor escala, y tampoco se cree lo que dice la FAO, pero en sentido contrario. “Suelen ser conservadores”. “Hay una demanda creciente de pescado, y cada vez hay más presión de los mercados. Además, un 30% de la pesca es ilegal, y eso no entra en los cómputos”, explica.

España es el país que más subvenciones recibe de la UE para pesca

Cornax, de Oceana, destaca un aspecto del informe de la FAO. Que se refiere a capturas “desembarcadas”. Pero falta una partida no menor: los llamados descartes. Se refiere a los peces que caen en las redes de los barcos pero que no son de las especies que estos buscan. “En los arrastreros representan el 80% de las capturas, en los otros, puede estar en el 50%”, dice.

Fuertes defiende que los patronos “saben dónde están los bancos”, y que esos descartes son pocos. “Hay unas cuotas para ellos”, dice. Pero los datos de Oceana son que solo en Europa se arrojan 1,3 millones de animales —la inmensa mayoría muertos— por la borda. Y la UE no lo remedia. Mientras la pesca camina hacia la insostenibilidad —aparte de los casos de la anchoa o la bacaladilla, están el del atún rojo o algunos tipos de tiburón— el sector está fuertemente subvencionado. “España se ha beneficiado mucho de estas ayudas”, indica Cornax. A pesar de que el 80% de la flota pesquera española es de bajura, esta dispone de barcos de gran capacidad. En 2009, aunque el 13% de los barcos de la UE eran españoles, las bodegas de los buques nacionales suponían el 24% de la capacidad pesquera total de los países de la UE, según datos de la Comisión Europea.

Entre los años 2000 y 2006, España recibió el 50% de las subvenciones de la Unión Europea para la pesca. Italia, el segundo beneficiario de las ayudas, estaba muy lejos: recibió tan solo el 8% de la tarta para actividades pesqueras. Los ecologistas lo tienen claro: estamos pagando para que nos esquilmen.