La Ley de Costas amnistía 10.000 viviendas construidas en la playa
Cañete da otros 75 años a casas que a partir de 2018 debían ser demolidas
El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma de la Ley de Costas, la norma que desde 1988 establece los usos en el litoral. El departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha optado por perpetuar lo construido sobre la playa, al darle 75 años más de vida a construcciones que a partir de 2018 debían comenzar a pasar a manos del Estado para ser demolidas. Cañete afirmó que hay 10.000 viviendas levantadas en dominio público. El Gobierno argumenta que la ley había creado “inseguridad jurídica” y mala imagen de España en el exterior, ya que había extranjeros afectados. Los grupos ecologistas cargaron contra la reforma, que tampoco contentó a los afectados.
Cañete, que compareció tras el Consejo de Ministros, explicó que “dentro de cinco años se tendrían que haber empezado a demoler, solo en 2018, cerca de 2.000 viviendas en el litoral, con la imagen de España que se generaría de muchísimas personas que habían invertido en el país y que luego veían que una modificación del sistema jurídico les desposeía de sus viviendas y obligaba a demolerlas con enorme coste”. El ministro añadió que con la reforma busca “mejorar la confianza de los inversores extranjeros y permitir dar salida a los stocks de vivienda que muchas veces, por la imagen de España de inseguridad jurídica, lleva a frenar las inversiones en el litoral”.
La Ley de Costas se marcó un ambicioso objetivo: recuperar en 60 años todo lo construido sobre la playa, el dominio público marítimo-terrestre. Para eso, expropió de una forma singular lo ya levantado en el litoral. Los dueños de las casas pasaron a tener una concesión del Estado por la que no pagaban un canon. A los 30 años, ampliables a 60 en algunos casos, la casa debía pasar al Estado para demolerla.
Con los años, la presión de los dueños de casas había crecido, en España y fuera, y la ley había generado enormes polémicas en el litoral, desde Galicia a Canarias. Al acercarse el plazo, el Gobierno del PP ha optado por dar otros 75 años (el plazo que marcan otras leyes, como la de aguas). Eso, sumado a los 30 o 60 de concesión ya existente, hace que las casas construidas legalmente antes de la 1988 en dominio público se perpetúen. Con la reforma, los concesionarios de las casas podrán venderlas y hacer obras (siempre que no aumenten de volumen ni superficie). Hasta ahora eso estaba prohibido.
El Ejecutivo insiste en que la norma no permitirá construir nada más en la costa, e incluye una cláusula para que el delegado del Gobierno pueda suspender un plan municipal si afecta a la servidumbre de protección —en la que son competentes las comunidades autónomas—.
En texto sí que hay disposiciones que permiten reducir el dominio público y la servidumbre de protección, el paso previo para que los Ayuntamientos puedan construir. Así, facilita la reducción de la servidumbre de protección de 100 a 20 metros en algunas zonas si el consistorio demuestra que en 1988 ya tenían alcantarillado —hasta ahora el requisito era que fuera urbanizable—. Además, el dominio público nunca irá más allá de un paseo marítimo.
La reforma exime a 10 núcleos de la aplicación de la ley: Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d’Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). El ministerio considera que son núcleos tradicionales muy consolidados que no se pueden derribar. Estos pasarán a formar parte del Patrimonio del Estado y luego pasarán a manos privadas. La lista puede ser ampliada durante la tramitación parlamentaria. Entre los núcleos agraciados —la ley no explica los criterios seguidos para elegirlos— no hay ninguno canario, pese a que el ministro de Turismo, José Manuel Soria, es de allí y Coalición Canaria tiene la ley entre ceja y ceja. También se libra Formentera.
Margarita García, vicepresidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, criticó el texto por blando. Los dueños de las casas no quieren una concesión más larga, sino volver a ser propietarios: “Estamos muy disgustados porque no respeta la propiedad”.
El Gobierno ha suavizado algo el anteproyecto que presentó en julio. Y, al menos de momento, no cambia la definición que obliga a declarar dominio público la zona a la que haya llegado el mar en “los mayores temporales conocidos”. La precisión queda para el reglamento.
Los grupos ecologistas cargaron contra la reforma. “El aumento de la concesión a 75 años supone tener en propiedad una zona pública de por vida, abriendo paso a la especulación. Los intereses privados se ponen por delante de los públicos, de los de toda la ciudadanía”, señaló Ecologistas en Acción.
