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Nueve autonomías aplican a rajatabla la exclusión sanitaria a los sin papeles

Médicos del Mundo analiza la aplicación de la medida a los tres meses de su entrada en vigor Madrid, Aragón, Baleares o Castilla-La Mancha, entre las regiones más restrictivas

Inmigrantes en el centro de salud de Embajadores en Madrid.
Inmigrantes en el centro de salud de Embajadores en Madrid. ULY MARTIN

La heterogeneidad y el caos son dos de los principales rasgos que definen la aplicación de la exclusión de la red sanitaria normalizada de los inmigrantes en situación irregular. Tres meses después de la entrada en vigor de la medida, la entidad humanitaria Médicos del Mundo ha analizado cómo la están implantando los distintos Gobiernos autonómicos y ha llegado a la conclusión de que existe una gran diversidad entre regiones.

Hay nueve Gobiernos autonómicos que están ejecutando la medida sin paliativos. Se trata de Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón. Algunos de ellos no solo están siendo totalmente fieles a la intención de dejar a los sin papeles al margen de la cobertura de la red pública –excepto las urgencias, la asistencia al embarazo y parto, y a los menores-, sino que “van más allá de lo que marca el real decreto 16/2012 en materia de vulneración de derechos”. Por ejemplo, “otorgando al personal administrativo en lugar de al sanitario la potestad de decidir lo que es o no una urgencia”.

El informe recoge una selección de casos en los que se ha obstaculizado la asistencia a inmigrantes. De entre las autonomías más estrictas con la exclusión, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Baleares son las que cuentan con más incidentes y de mayor gravedad. Con todo, Médicos del Mundo advierte que se han registrado casos de denegación de atención en toda España, incluso en aquellas que la desobedecen.

Existe otro grupo de autonomías que aplican la norma y, a la vez, han desarrollado herramientas administrativas para permitir la atención de las personas sin permiso de residencia por encima de los mínimos que fija la ley. Es el caso de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra.

Un tercer grupo es el que integran Andalucía, Asturias, Cataluña y Euskadi. Todas estas autonomías rechazan la aplicación de la norma en su territorio, hasta el punto de haber recurrido la medida en los tribunales, como ha sido el caso de Andalucía o el País Vasco.

Más allá de la diversidad en la aplicación de la norma, Médicos del Mundo ha constatado también que existe un desconcierto generalizado en su aplicación. Y esta circunstancia no solo afecta al personal sanitario y administrativo de los distintos sistemas de salud. También a los usuarios que podrían verse afectados por la exclusión. Ello se traduce en “derivación de pacientes de un servicio a otro, respuestas contradictorias, rechazo a la tramitación de la tarjeta sanitaria aun cuando la persona afectada tenía derecho a ella o negación de atención a embarazadas o menores”.

Solo seis autonomías han desarrollado normativa propia para aplicar la expulsión sanitaria en sus territorios. Pero incluso entre estas regiones, los documentos son muy variados (circulares informativas, instrucciones, comunicados) como también lo son sus contenido: “mientras unos se caracterizan por detallar procedimientos administrativos muy complejos, otros solo contemplan afirmaciones vagas”. Además, la mayoría de ellas tienen carácter provisional.

Relatos de exclusión

En el informe presentado este miércoles por Médicos del Mundo se incluye una lista de casos en los que se ha vulnerado el derecho a la salud en distintas autonomías. Estos son algunos de ellos:

ARAGÓN: Grace procede de Ghana, cuenta con permiso de residencia en España y tiene una hija de 13 años. Acudió al centro de salud a tramitar la tarjeta para su hija y le remitieron al Instituto Nacional de Seguridad Social, cuando es el propio centro de salud quien tramita este documento. En el INSS le comunicaron que no tenía derecho de asistencia sanitaria ni como titular ni como beneficiaria.

BALEARES: En julio de 2012 caducó el permiso de residencia de Juliana. Está pendiente de que la embajada cubana tramite un documento para poder renovarlo. Mientras tanto, se ha dado de baja su tarjeta sanitaria a pesar de que padece hipertensión, diabetes, glaucoma, hipotiroidismo y depresión.

CASTILLA-LA MANCHA: Fátima es marroquí, está en situación irregular y carece de tarjeta sanitaria. Fue diagnosticada de un carcinoma de mama. Se le operó y ha sido sometida a quimioterapia. Sin emnbargo, en la actualidad no acude al médico al carecer de cobertura y no está bajo ningún seguimiento.

CANARIAS: Mercedes tiene diabetes, está embarazada y no cuenta con permiso de residencia ni tarjeta sanitaria. Al saber que esperaba un hijo acudió al centro de salud al ser de riesgo por su enfermedad. No la atendieron y la remitieron al INSS para ser atendida durante la gestación. La primera ecografía se le practicó a las 20 semanas. Tras dar a luz, el centro sanitario se ha negado a dar la medicación que necesita. Se supone que la exclusión sanitaria deja al margen la atención a mujeres embarazadas, así como después de dar a luz.

MADRID: Carolina es una paciente venezolana con epilepsia. Vive en Madrid con su familia. Estaba en tratamiento hasta el 31 de agosto, pero al carecer de permiso de trabajo y de residencia, se ha quedado sin asistencia sanitaria. Ya no recibe la medicación que necesita ni acude a la consulta del neurólogo que supervisaba su evolución.

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