Desigualdad camuflada
El grado de democracia de un país se mide por el principio de igualdad recogida en su Constitución, así como por los instrumentos para evitar la discriminación. Pero si la igualdad se refiere a mujeres y hombres todo se complica, se suele recordar nuestras diferencias y, precisamente por ellas, dudar de la eficacia de su aplicación.
La igualdad no alude a las características de mujeres y hombres, sino a su consideración de iguales en el disfrute de derechos. Por ejemplo, la Ley 17/99, del régimen militar permitió el acceso de mujeres a todo tipo de destinos y sin limitaciones. Primero la igualdad y luego las particulares necesidades que supuso adaptar infraestructuras a la presencia femenina.
En cuanto al principio de discriminación, hemos de pensar en aquellas situaciones que recomiendan un trato diferente y no por ello se incurre en discriminación. Pero si interpretamos que toda discriminación debe estar prohibida, no se aceptará la discriminación positiva. Los Consejos de Administración son prueba de ello. Al no reconocer que su retribución y solvente red de poder e influencia les blinda, deprecian la discriminación positiva como un modo ilegitimo de operar, siendo sólo un instrumento para democratizar aquellos espacios exclusivos dada su concentración de élites masculinas.
Si la discriminación directa es más fácil de observar, como la prohibición de ingreso de mujeres en la judicatura española hasta 1978, la discriminación indirecta se camufla. Bajo la apariencia de neutralidad fija reglas que afectan negativamente a un sexo sobre otro, al colocarlo en una situación de desventaja. En muchas universidades cambiarse de horario requería de un justificante de trabajo, sin embargo en una familia con un enfermo crónico, la madre requería más veces la ayuda en el cuidado de una hija que la de un hijo.
En otro orden, los criterios de ascenso contabilizan la antigüedad, pero hallaríamos discriminación indirecta si pensamos en la tardía presencia de mujeres en muchos ámbitos de la vida pública. Otro ejemplo lo detectamos en las organizaciones políticas o sindicales, en relación a la tasa de presencia en múltiples reuniones. Un uso del tiempo que afecta negativamente a las mujeres frente a los hombres. Otra vez la disponibilidad juega en su contra, aún sabiendo que participar en espacios informales es parte esencial de su cultura interna. Pero para ser un cargo se precisa un tiempo excedente y liberado de cualquier contingencia. Al no detectarse una discriminación indirecta en ello, no se revisa esa gestión del tiempo distinta a pesar de todos los actos y mítines celebrados en días festivos. Por eso se llega a creer que las mujeres no están interesadas en la participación política.
Soledad Murillo es miembro de la CEDAW (Comité Antidiscriminación de la Mujer. Naciones Unidas) y profesora de Sociología (Universidad de Salamanca).
