Contra el negocio del grifo
Los alcaldes de París, Ámsterdam y Viena piden la regulación del servicio público
Los alcaldes de Ámsterdam, Bruselas, Copenhague, Viena y París, entre otras ciudades que representan a 10 millones de habitantes, ya han firmado en contra de la privatización de la gestión de los servicios de agua en la primera Iniciativa Ciudadana Europea, un mecanismo de participación que permite, con un millón de firmas de siete países, “invitar” a la Comisión a que proponga un texto legislativo. Desde este fin de semana, decenas de asociaciones de todos los ámbitos y sindicatos reunidos en Madrid relanzan la campaña con una moción que presentarán en todos los ayuntamientos españoles. Responden así a la presión privatizadora de servicios de agua, un elemento reconocido por la ONU como un derecho humano desde 2010.
En 1996, el 63% de la población española estaba abastecida por sociedades públicas y el 37% a través de un sistema de gestión privada. En 2003, según el Sistema Español de Información sobre el Agua, la empresa privada ya gestionaba el 48% de los sistemas y el 52% mantenía el carácter público. A partir de 2006, los porcentajes se invierten: 47% público y 53% privada. En la actualidad sigue así, pero podría cambiar en breve si se consuman los procesos de privatización pendientes.
La última gran ciudad en vender ha sido Jerez (Cádiz) que, a cambio de 80 millones de euros, va a ceder durante 25 años a Aqualia su empresa municipal y los nueve millones anuales de beneficios que genera. El Ayuntamiento obtiene liquidez inmediata a cambio de su única sociedad pública sin números rojos. La empresa privada, un negocio seguro, ya que se trata de un bien del que nadie puede prescindir; rentable, porque los beneficios serán de 341,5 millones de euros, según la memoria justificativa del cambio de modelo de gestión; y libre de supervisión, ya que se convierte en la dueña de la información sobre el servicio.
“Hacer negocio con una necesidad es inmoral”, afirma tajante Pedro Arrojo, economista en la Universidad de Zaragoza, premio Goldman de medio ambiente y fundador de la fundación Nueva Cultura del Agua. “Al día siguiente de la privatización, la empresa le cobra al ciudadano la amortización del préstamo más los beneficios”, asegura antes de advertir que, además, detrás de las empresas de agua están entidades financieras que utilizan para estas operaciones dinero público que obtienen a través del Banco Central Europeo.
“Un gobierno municipal que va a estar cuatro años entrega el agua durante 25 o 40 años y crea una situación irreversible porque para el rescate habría que pagar el lucro cesante”, asegura Arrojo. “Es un fraude a los ciudadanos, que se convierten en clientes”, añade Jaime Morell, secretario general de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).
Morell explica que, ante situaciones de asfixia económica, aparecen “salvapatrias” que ofrecen dinero a cambio de la gestión del agua. “Pero no dicen cómo y solo hay dos fórmulas: aumentando los ingresos con las tarifas y reduciendo los gastos, que en este caso son inversiones necesarias para mantener la calidad del abastecimiento y las redes. Los servicios públicos son derechos de los ciudadanos. Es un engaño, una estafa que se produce porque falta regulación y cada uno hace lo que le parece”.
Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), no rechaza el modelo de gestión privada o mixta, pero personalmente cuestiona que los fondos que se obtengan no se reinviertan en agua. No obstante niega que la titularidad sea el problema. La gestión puede ser buena o mala en todos los modelos, aunque matiza que la privada “en general” suele ser más eficiente. Sí coincide con todas las partes que el gran conflicto nace de la ausencia de regulación.
Entre el 25% y el 100% han llegado a subir las tarifas en algunos municipios, afirma Eloi Badía, de la Red Agua Pública en Cataluña, donde hay una treintena de colectivos muy activos en la lucha contra la privatización porque, según asegura, hasta el 80% de la población tiene los servicios en manos de empresas.
Una iniciativa "urgente"
El activista catalán de la Red Agua Pública Eloi Badía cree que la Iniciativa Ciudadana Europea y las mociones municipales "son urgentes" porque advierte que la presión privatizadora no viene solo de las empresas o de un partido sino que la propia UE impone este modelo. El reto es "implicar a la sociedad y conseguir un compromiso de los Ayuntamientos", señala Badía, quien advierte que, por la crisis, "cada día crece el número de los que se quedan sin suministro".
"El agua es fundamental en la vida de cualquier ciudadano y no se puede cortar. Es una responsabilidad pública de la que no se puede renegar cuando más falta la solidaridad con las familias que más están sufriendo la crisis", añade Luis Babiano, gerente de Aeopas, quien insiste en que es imprescindible una regulación que garantice el acceso universal al agua y al saneamiento, así como que establezca unas reglas clara de supervisión, tanto económica como de calidad.
La Iniciativa Europea surge de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, a la que pertenece Fernando Antón (CCOO). "El objetivo es que se legisle y que la UE obligue a los Estados. Es una oportunidad única de defender el agua como derecho humano", concluye.
La iniciativa será trasladada a los partidos políticos para que la lleven a todos los ayuntamientos y algunos partidos ya han mostrado su interés por sumarse.
Los objetivos es que la legislación europea exija que se garanticen servicios de agua potable y saneamiento convenientes, que el abastecimiento de agua y la gestión de recursos hídricos no se rijan por “las normas del mercado interior”, que se excluyan los servicios de agua del ámbito de la liberalización y que la UE redoble esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento.
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