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Columna
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La pena de telediario

La bronca callejera puede que sea la única condena que cumplan algunos imputados

Gabriela Cañas

Algunas cadenas de televisión han encontrado en España un nicho para ganar audiencia. Con el mismo formato con el que antes se debatía sobre los amores de Jesulín de Ubrique, ahora los contertulios discuten acaloradamente sobre el último paseíllo de Iñaki Urdangarin camino del juzgado o la entrada de Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional tras su penúltima denuncia contra el PP. Algunas agencias informativas ya ofrecen a los medios un seguimiento completo, cámara en mano, de los movimientos de los imputados. Los reporteros se instalan frente a sus mansiones y despachos con dispositivos de vigilancia permanente que antes solo se desplegaban para la prensa rosa. Ahora son políticos y algún directivo financiero los que sufren el asedio. No solo por parte de los reporteros; también de ciudadanos indignados.

No hace mucho, algunos de esos políticos eran aclamados en las calles allá por donde pisaban. Muchos se empujaban por verles de cerca, por estrecharles la mano o incluso presentarles alguna reivindicación. Hoy, ni siquiera los regidores más populares se libran del linchamiento callejero, hasta el punto que algunos alcaldes y alcaldesas acostumbrados a pasearse en olor de multitudes, como Rita Barberá en Valencia y Teófila Martínez en Cádiz, han empezado a odiar lo que antes amaban: ese contacto directo con el pueblo que las eligió.

Los políticos siempre se han quejado amargamente de la llamada pena de telediario, el relato público a través de los medios de las pruebas inculpatorias que pesaban sobre los presuntos corruptos antes de ser juzgados. Camino de la cuarta década de democracia, parece como si la sociedad española hubiera sufrido una terrible regresión, como si la increpación pública y los modos groseros fueran la única herramienta para perseguir a los que presuntamente han saqueado las arcas públicas y, por extensión, a los que les amparan, encastillados en sus intereses partidistas. El nuevo sistema, claro, no siempre distingue entre culpables, menos culpables e inocentes.

Es evidente que esta suerte de justicia popular casi medieval no debería regresar a nuestras sociedades, pero no son los ciudadanos anónimos los que iniciaron el repudio y el desprecio de las instituciones democráticas La encuesta de Metroscopia publicada ayer por este periódico es meridianamente clara. Le gente piensa, mayoritariamente, que esas ahora llamadas élites extractivas sortean la acción de la justicia entorpeciendo los procesos, prologándolos más allá de lo razonable y evitando, finalmente, no las sentencias, pero sí el cumplimiento de las condenas. Esas élites son capaces, a golpe de recursos —pagados quizá con lo que saquearon— evitar la cárcel (¿cómo es posible que Jaume Matas siga en libertad a pesar de haber sido condenado?). Son ellas las que abusan del indulto gubernamental, las que atacan a los jueces que les persiguen, las que mienten para proteger a los suyos e incluso les ofrecen puestos de trabajo bien remunerados.

Se extradita al preso propio —Carromero— olvidando a los cientos de presidiarios que penan en el exterior y, a renglón seguido, se le pone en libertad y a sueldo del Estado. Se mantiene en nómina al imputado mientras se niega la mayor —caso Bárcenasy el político que prometió —Duran Lleida— dimitir si se demostraba que su partido se financiaba ilegalmente sigue en su puesto tras pactar con el juez el pago que evitaría en el caso Pallerols la condena en firme.

No son los que increpan, sino la mayoría de los increpados los que han fomentado la antipolítica, la injusticia —que no es igual para todos— y la irresponsabilidad. Combinan el inmovilismo egoísta y antipatriótico con graves llamamientos al sacrificio de los demás. Se resisten a reconducir la situación para no perder cuotas de poder. Y esa es la razón —aunque no la justificación— de que ahora no puedan caminar alegremente por las calles paseando a sus perros. Quizá confíen en que dentro de tres años la indignación haya terminado y que para entonces la pérdida de confianza en los grandes partidos sea solo resultado de una coyuntura pasajera. ¡Mala cosa! Asentarán así el sentimiento de muchos de la necesidad de desahogarse con la bronca callejera y la pena de telediario por si acaso es la única que finalmente cumplen. Si la política se ha convertido en sus manos en un espectáculo grotesco, al menos que sirva de pasto para el pueblo. ¡Qué peligrosa deriva!

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Sobre la firma

Gabriela Cañas
Llegó a EL PAIS en 1981 y ha sido jefa de Madrid y Sociedad y corresponsal en Bruselas y París. Ha presidido la Agencia EFE entre 2020 y 2023. El periodismo y la igualdad son sus prioridades.

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