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El conflicto lingüístico en Cataluña entra en un callejón sin salida

La Generalitat desoye a la justicia y se niega a revisar el modelo de inmersión para satisfacer a todos los padres La consejera Irene Rigau: “Apostamos por la integración total”

La consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, el pasado febrero.
La consejera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, el pasado febrero. EFE

La pelea en torno al modelo lingüístico en la escuela catalana se adentra en un callejón sin salida. Una madeja cada vez más liada entre la defensa a ultranza de la Generalitat y la mayoría de los partidos de la comunidad de un sistema en el que gran parte de las asignaturas se enseñan en catalán, y una cascada de resoluciones judiciales que obligan a abrir alguna alternativa con más horas de castellano para aquellos alumnos que lo pidan.

La consejera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau (CiU), descartó ayer cualquier posibilidad de revisión del modelo, a pesar de los fallos judiciales y, en concreto, del último auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que dice —aplicando la doctrina del Supremo— cómo hay que satisfacer las demandas de las familias que reclaman más horas de castellano: si un alumno lo pide, habrá que dárselas a él y a toda su clase, aunque el resto de padres quieran la inmersión en catalán. El fallo deja que la Generalitat decida cómo hacerlo. ¿Por qué no contemplan la posibilidad de estudiar otros modelos lingüísticos como el balear, el valenciano o el del País Vasco (con distintas opciones con el castellano o el euskera como lengua principal y otro bilingüe) para satisfacer a todos los padres? “Apostamos por la integración total”, sentenció Rigau. “Defenderemos el modelo de cohesión que durante más de 30 años ha hecho que la lengua no sea tema de conflicto en Cataluña, aunque lamentablemente lo es fuera de Cataluña”, añadió.

La Generalitat va a recurrir el auto del TSJC por este motivo, convencida además —así lo dijo Rigau— de que el Supremo les dará la razón en su rechazo a que la decisión de que un alumno decida la lengua de un aula. Siempre ha defendido que con la atención individualizada se cumplen las decisiones judiciales. Consiste en que el profesor atienda en castellano a aquel alumno que así lo pida, aunque la clase es en catalán.

Wert recuerda que obligará por ley a pagar clases en castellano

La mayoría de los partidos catalanes (CIU, ERC, PSC, ICV y CUP) ofrecieron ayer en el Parlament un apoyo cerrado a esa defensa de la inmersión lingüística al rechazar una moción de Ciudatans que reclamaba un reparto equilibrado de catalán, castellano y una lengua extranjera (trilingüismo).

En la polémica política terció el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que contestó al anuncio de la Generalitat de que no cumplirá el auto: “La Constitución dice claramente que las sentencias y las demás resoluciones judiciales hay que cumplirlas. No es algo que voluntariamente se pueda hacer o dejar de hacer”. Y les recordó que el proyecto de reforma educativa que impulsa incluye un punto para hacer cumplir la doctrina del Tribunal Constitucional que, sin cuestionar la inmersión, exige un reparto equilibrado entre las lenguas. La reforma educativa establece que si un alumno catalán exige recibir educación con el castellano como lengua principal, la Generalitat tendrá que ofrecérsela, si es necesario, pagándole un colegio privado.

El debate de las lenguas escolares en zonas bilingües existe y ha existido en distintas comunidades de España y en todo el mundo, sin que se haya encontrado una opción que no genere algún problema, según recordaba en ese diario hace unos meses la especialista china Zhenzhou Zhao (en el gigante asiático conviven unos 300 idiomas y dialectos).

Los argumentos a favor de la inmersión en Cataluña siempre han sido la defensa de un idioma que está en inferioridad frente al castellano y el fomento de la cohesión social, evitando la segregación por razón de lengua. De hecho, en el País Vasco, el Consejo Escolar criticó hace años que el modelo separado de enseñanza en una u otra lengua puede acabar creando guetos.

En la Comunidad Valenciana (con distintos itinerarios), las quejas se suelen referir a la escasez de oferta en valenciano; de hecho, el Gobierno se acaba de ver obligado por decisión judicial a introducir líneas en este idioma en dos colegios. La Consejería de Educación, por su parte, insiste en “el equilibrio actual” entre ambas lenguas y de una “convivencia en el sistema educativo”, por la que “ha velado” la Generalitat “repetando la elección de las familias”. Después de tres décadas de aplicación del modelo bilingüe, alrededor de un 30% de alumnos están matriculados en valenciano. El modelo, que ha aumentado sin cesar el alumnado en la lengua autóctona, pierde impulso al llegar a la Secundaria. “La Ley establecía que el valenciano en la enseñanza es obligatorio en todos los niveles, pero la Administración no ha garantizado la existencia de suficientes programas en valenciano en todas las localidades ni a todos los niveles”, se lamenta la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya. “La continuidad de la enseñanza en valenciano en la ESO no está garantizada y en las etapas postobligatorias desaparece”.

La Unesco aconseja escolarizar al niño hasta los 10 años en su lengua materna

En Galicia, el reparto de horas entre las cooficiales (con el objetivo de una presencia creciente del inglés) cuenta con muchos expertos en contra y tampoco ha dejado contentos a los movimientos de padres que quieren enseñanza principalmente en castellano. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aconsejó ayer a Cataluña que copie el “bilingüismo cordial” gallego, a pesar de que los tribunales han tirado atrás varios puntos de su nuevo decreto.

Francisco Luna, filólogo y anterior director del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa del Gobierno vasco, señala que, al construir el sistema de tres modelos, se buscó el equilibrio entre la libertad de elección de las familias y la necesidad de impulsar el euskera. Entonces, dice, “un sistema monolingüe era inviable; sin la posibilidad de que las familias eligieran, el sistema se hubiese hundido, porque a los problemas de falta de recursos se hubiese sumado el rechazo social”.

Ahora, todos los agentes coinciden en la necesidad de superar los tres modelos para avanzar al plurilingüismo. El anterior Gobierno y su consejera socialista, Isabel Celaá, iniciaron la experimentación del marco trilingüe, que caminaba en esa dirección con un marco que exigía que el 20% de las horas se impartiese en euskera, el 20% en castellano y el 20% en inglés. El 40% restante quedaría en manos de los centros educativos. 118 colegios públicos y concertados, un total de 12.000 alumnos, participan en la actualidad en su experimentación.

“La UNESCO recomienda que los alumnos estudien en su lengua materna hasta los 10-11 años. Y a partir de ahí, el bilingüismo está bien”, señala el profesor de Ingeniería Lingüística de la Politécnica de Madrid Jesús Cardeñosa, que defiende la variedad de opciones, al menos, hasta esa edad. Esto es, que al alumno que en su casa habla en castellano le enseñen en esa lengua; pero lo mismo con el que habla catalán, por lo que juzga una mala solución la que exige el TSJC. El experto lamenta que muchas veces estas decisiones se alejen de lo educativo.

“Estamos ante una cuestión política. Los que quieren que el catalán sea una lengua residual quieren quitar la inmersión lingüística. Y visto que el debate de una doble línea escolar [una es castellano y otra en catalán] no ha calado en Cataluña, ahora darán este nuevo paso”, se quejó ayer Rigau. Mientras, el ministro Wert siempre ha defendido que las sentencias (y su propuesta en la ley) no cuestionan la inmersión, sino que solo defienden el derecho legítimo de un grupo de padres, sean pocos o muchos. Así, entre acusaciones mutuas de uso interesado del debate, lo cierto es que este se ha situado en el centro de la tensión política en torno al aumento del independentismo en Cataluña.

Con información de J. A. Aunión y Juan Manuel Játiva.

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