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Cuando los padres se divorcian del hijo

En México, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia Las estadísticas señalan que las mujeres son generalmente las más afectadas

Paula Chouza

Karina tiene un hijo de seis años. Hace tres inició el proceso de divorcio y al denunciar a su expareja porque no le daba dinero para los gastos del niño empezó a ser acosada por él, que acudía a casa amenazándola. Su abogado le dijo que esta actitud era normal. “Es un hombre y nosotros nos molestamos en esas situaciones, perdónalo”. Karina solicitó otras opiniones, y pronto una abogada le aseguró que tenía derecho a una orden de restricción. Durante un proceso judicial no exento de problemas y que duró dos años, la segunda defensora renunció por amenazas de muerte.

Lo anterior puede parecer un caso extremo, pero es solo un ejemplo más de la calamidad que representan los arreglos judiciales tras una ruptura en México, donde tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La historia de Carmen está en otro punto. En diciembre de 2012 decidió dejar a su esposo. Con él tuvo un hijo, pero su relación pasó por muchas fases. Rompieron después de que él se negase a llevarla al médico durante un embarazo de riesgo y la enviara sola a casa de sus padres, en Campeche, cuando su salud era muy precaria. “El viaje duró 30 horas”, recuerda amargamente. Tras nacer el niño, su esposo decidió que quería ocuparse de él, estuvieron juntos un tiempo, se separaron, y luego regresaron. Su hijo pequeño tiene ahora siete meses, el mayor 4 años. “Me separé porque era un celoso patológico, me insultaba, se inventó que yo tenía un amante, hacía escándalos y una vez me golpeó”. Cuando decidió dejarlo él la amenazó con que no se haría cargo de los niños. Y así fue. Carmen acaba de volver al Distrito Federal, donde vive y trabaja su expareja, para buscar justicia. La Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados le está prestando ayuda. El objetivo de la entidad, según su presidente Alejandro Heredia, es “defender los derechos de los hijos, no los intereses de las partes en conflicto”.

Las estadísticas, que reflejan un drama real pero silenciado en la mayor parte de la República, señalan que son casi exclusivamente mujeres las afectadas en los casos donde los padres se desentienden de la manutención de los hijos. Tan solo en la capital el año pasado el 99% de las demandas por alimentos fueron realizadas por mujeres y solo un 1% por hombres. Durante este período hubo en DF un total de 6.923 juicios por pensión, asegura el director de Servicios Generales de la Consejería Jurídica del DF, Jesús Núñez. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2011 hubo más de 91.000 divorcios, lo que representa 16 por cada 100 matrimonios.

Las condiciones de las madres al frente del hogar se vuelven más precarias teniendo en cuenta las trampas que hacen a la ley los excónyuges a la hora de fijar la pensión. El método para establecerla suele ser un porcentaje del salario del deudor (un 20 o un 30% de lo que gana, por ejemplo), pero en muchos casos, solo se presentan como ingresos lo declarado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no es todo lo que el trabajador percibe. Es lo que le sucedió a Karina con la pensión de su hijo.

Claudia de Buen, abogada de lo familiar y profesora de la UNAM, aclara que el juez puede hacer girar un oficio a la comisión nacional bancaria y de valores para saber cuáles son los ahorros y movimientos de un individuo. “Así puedes encontrar un nivel de vida que no tiene nada que ver con lo que están declarando, lo cual es un fraude”. Tal y como explica, “la ley señala que la pensión alimenticia se tiene que determinar en función de las necesidades del acreedor y de las posibilidades del deudor. Es un binomio”.

Karina, una mujer que trabaja en el ámbito de los medios de comunicación, todavía hoy no se explica cómo, en su caso, el juez estableció que una pensión de 1.120 pesos al mes era suficiente -en el DF el kilo de carne de pechuga de pollo cuesta 69 pesos, una lata de leche en polvo para niños cerca de 180, el paquete de 38 pañales desechables 130, un kilo de pera 40, y el antiflu, 58, según precios monitoreados oficialmente-. La primera sentencia favorable al niño pedía al padre el 25% de su salario y el pago de la hipoteca de la casa (4.000 pesos de pensión y 7.000 por la propiedad). Él recurrió y acabó pagando únicamente un 20% del sueldo, unos 3.200 pesos. “El juez estableció también que el padre cubre su obligación de techo si lleva a su hijo a casa de un amigo o conocido a vivir”, asegura Karina.

Sin embargo, hay casos peores. Carmen, por el momento, no recibe nada. “Esta semana pondré la demanda”. Con tres hijos, y enfermera de formación, no puede buscar trabajo porque no tiene quién se haga cargo de los pequeños. “Para darles de comer pedí un préstamo al banco que me ha generado muchísimos intereses y no puedo pagarlo”, explica con angustia. “Antes mis padres me ayudaban pero ahora están retirados”.

En el caso de la capital mexicana, y solo en esta entidad, desde el año 2011 se aprobó la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, una iniciativa dirigida a presionar a los padres que violan la ley al dejar de aportar un dinero para sus hijos. Desde entonces, quienes deban más de 90 días de pensión alimenticia son inscritos en dicho registro. El hecho de desatender estas obligaciones está penado hasta con cárcel y el deudor puede perder la patria potestad. Según afirma el director de Servicios Generales de la Consejería Jurídica del DF, Jesús Núñez, en alrededor del 20% de los casos llevados en la capital hay problemas para que el deudor pague la pensión. Sin embargo, desde que se estableció el registro, solo ha habido 51 inscripciones, tres de las cuales fueron dadas de baja al pagar las cuotas.

La ahora senadora Alejandra Barrales, quien en su día impulsó la iniciativa en la Cámara de Diputados local, asegura que la medida no pretende llenar las cárceles de padres que no cumplen, ni exhibirlos, sino ejercer una influencia sobre las conductas para evitar que el delito se produzca. “El objetivo es que haya niñas, niños con el soporte económico, salud y escuela, pero es muy importante poder denunciar para hacer visible una problemática social que ha venido creciendo en la ciudad, que es el abandono de los hijos: se divorcian de su pareja y de sus hijos también”, concluye.

Para la senadora por el PRD el siguiente paso es extender esta medida al resto del país. Una empresa difícil teniendo en cuenta la falta de sensibilización entre organismos federales como el Instituto Nacional de las Mujeres, cuya titular es Lorena Cruz. Al ser preguntado, el departamento de comunicación de la entidad que debe velar por las mujeres aseguró no tener ni datos ni opinión al respecto de la problemática que representa la falta de pago de pensión de los padres. Mientras, desde otros ámbitos de la sociedad, personajes del mundo de la farándula se encargan de hacer el trabajo de algunas autoridades. Así, la exmujer de Luis Miguel, Aracely Arámbula, anuncia la intención de crear una fundación para apoyar a las mujeres divorciadas. Hace meses la revista People en español publicó que la actriz había denunciado al cantante por no pagar la pensión de sus hijos. Ella lo negó después, pero aseguró que pondría en marcha el proyecto para asesorar a estas madres. “La idea es trabajar con el doctor César Lozano y Tania Karam, titulares de la sección "El Placer de Vivir", dentro del programa 'Hoy', para impartir una serie de conferencias en apoyo a quienes están en esa situación”, publicaba el diario Reforma hace unas semanas. En la oficina del doctor Lozano confirman que el proyecto está encima de la mesa, pero que por el momento no hay fechas concretas para empezar. “Traemos todas las ganas y toda la intención”, reconoce su representante, Yvone Montes. Pero la agenda para todo 2013 está cubierta.

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Sobre la firma

Paula Chouza
Periodista de Política en EL PAÍS. Participó en el lanzamiento de EL PAÍS América en México. Trabajó en el Ayuntamiento de A Coruña y fue becaria del Congreso de los Diputados, CRTVG o Cadena SER. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Máster en Marketing Político y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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