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La oposición recibe con desconfianza la llamada de Wert a alcanzar “acuerdos”

Artur Mas califica la reforma educativa de "inaplicable" y Urkullu considera que invade competencias autonómicas

Foto: atlas | Vídeo: VIDEO: ATLAS

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha anunciado hoy su intención de reunirse con todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados para hablar de la reforma escolar que impulsa, la LOMCE, y que el Gobierno acaba de enviar al Parlamento para su tramitación. Pero su propuesta —va a empezar a llamar a los grupos mañana para fijar "reuniones bilaterales"— ha caído en mitad de la desconfianza de una mayoría de partidos de la cámara que, de una manera o de otra, encuentran importantes razones para rechazar el proyecto y achacan además al ministro falta de diálogo, por mucho que se haya reunido con la comunidad educativa y las comunidades autónomas.

“Si no pueden ser acuerdos totales, sí al menos deberíamos alcanzar acuerdos parciales que eviten la sensación en la sociedad de que ciertos aspectos fundamentales de la educación quedan al socaire de la política”, ha dicho Wert. El mensaje de empezar a hablar y buscar aunque sean unos pocos puntos de acercamiento ya lo había lanzado el ministro por la mañana. En una entrevista en Onda Cero, ha asegurado que "las distancias no son tantas" con el resto de partidos políticos en aspectos esenciales de la ley y ha admitido que en cuestiones que "no sean centrales" la oposición haga "posturitas" porque "forma parte de su trabajo". A su juicio "con buena voluntad se pueden llegar a acuerdos porque las objeciones de nacionalistas y de la izquierda no tienen gran cosa que ver con el contenido central del proyecto".

Pero lo que se ha encontrado esta tarde Wert —durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso a petición propia— es lo mismo que encontró un día antes en el Senado, donde le reprocharon sacar adelante su reforma “en la soledad parlamentaria y social de la mayoría absoluta”. El ambiente entre la oposición ha sido de absoluta desconfianza ante las propuestas y las explicaciones del ministro, y el debate ha incluido momentos de auténtica bronca subida de tono, con reproches directos a la actitud de Wert.

El ministro trató de rebatir las acusaciones de que la reforma es segregadora —lo segregador es el sistema actual, “que expulsa a un cuarto de los jóvenes del sistema”, las reválidas van incentivar, sobre todo, a los que van peor, y los itinerarios no son vías muertas, aseguró—, y de que se entromete en las competencias autonómicas —si fuera así, el dictamen del Consejo de Estado lo hubiera dicho claramente, añadió—.

Sin embargo, la mayoría de portavoces, que han anunciado ya enmiendas a la totalidad de la ley, simplemente, no parecieron creerle, pues volvieron a llamar una y otra vez a la ley segregadora, recentralizadora y clasista desde el Grupo Mixto, el de Izquierda Plural y PSOE, PNV y CiU. “Está dejando sin competencias educativas a las comunidades autónomas”, se ha quejado Martí Barberà (CiU), mientras Mario Bedera (PSOE) reprochaba a Wert: “Tiene a todo el mundo en contra; está usted solo", "le van a recordar como el ministro que rompió la igualdad de oportunidades” y le pedía directamente: “Retire la ley y siéntese a negociar". Desde UPyD, sin embargo, las críticas han sido por quedarse corta: “La LOMCE no va a cumplir los objetivos; es poca reforma", ha dicho Carlos Martínez Gorriarán.

Artur Mas: la ley de "inaplicable"

Esta mañana el presidente de la Generalita, Artur Mas ha exigido la retirada de la reforma por tratarse de "una chapuza inaplicable" no sólo por lo referente a la inmersión lingüística sino también porque, en su opinión, es su Gobierno el que debe decidir los contenidos y no el ministerio.

El PNV, su otro posible aliado, ya mostró su disconformidad el fin de semana pasado a través de Iñigo Urkullu: “Esta ley no solo invade competencias, sino que es una ley que pretende atajar un problema que no existe en el sistema educativo vasco”, dijo el lehendakari, en referencia al índice de fracaso escolar.

En el enfrentamiento dialéctico ayer de Wert en el Senado con la oposición  los socialistas le llamaron “mentiroso” por sus cálculos del recorte en materia educativa. Mientras que para Wert los 408 millones de inversión en la LOMCE demuestran la preocupación del Gobierno por la enseñanza, los socialistas calculan que hasta 2015 se recortarán 10.000 millones si se aplica el Plan de Estabilidad, que prevé reducir al 3,9% el PIB de Educación.

 Wert está abierto a reformar su propuesta de ley “considerando irrenunciables ciertos pilares esenciales de la norma”, pero por sus explicaciones en el Senado no parece dispuesto a muchas modificaciones. Debatir sobre la educación segregada es “hacer una tempestad en un vaso de agua”, pues se trata de “una opción minoritaria de libertad”, dijo. Tampoco cree que se deba frenar el avance de la concertada, “un absurdo cuando funciona”, y menos ahora, con la crisis, que el ministro llamó “consolidación fiscal”.

La tirantez volvió a aumentar en el turno de CiU, partido al que en los últimos tiempos el ministro había intentado acercarse con palabras conciliadoras. Con un simple “no” despachó al senador Ramón Alturo cuando este le pidió retirar una ley “segregadora”.

 El ministro de Educación, José Ignacio Wert, afirmó ayer por la mañana que es "falso" que la reforma de la ley educativa ataque las lenguas cooficiales y ha criticado que se haya "sobrereaccionado" con un "lenguaje bélico" en este asunto. 

"Es falso de toda falsedad que la reforma ataque las lenguas cooficiales", ha declarado Wert, que ha insistido en que la Lomce lo que hace es "garantizar", tal y como dicta el Tribunal Constitucional (TC), que aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano como lengua vehicular lo puedan hacer en toda España. La reforma educativa establece que el Estado pagará la escolarización en centros privados de aquellos alumnos que no accedan a la enseñanza en castellano como lengua vehicular en centros concertados y públicos de sus Comunidades Autónomas, y luego se lo descontará en los presupuestos a las autonomías afectadas.

"Nos hemos atenido escrupulosamente" a lo que dice el TCT aseguró Wert ayer por la mañana en el Foro de Madrid, un encuentro organizado por los populares y en el que ha sido presentado por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

El ministro también ha afirmado que le parece "prematuro" que algunas comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña hayan anunciado que recurrirán a dicho tribunal si se aprueba la Lomce. Wert asegurado que la Lomce ha tratado las lenguas cooficiales con "prudencia" y ha resaltado que él habla en catalán "no solo en la intimidad", y que es una persona que reconoce "la riqueza de la diversidad lingüística".

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, calificó la reforma educativa "paso de gigante" y ha arremetido contra los "progres españoles empecinados" en unas leyes educativas que han tenido como consecuencia "un paro juvenil del 52 por ciento" ya que "el daño causado tarda mucho en desaparecer".

Aguirre aseguró que la educación para los socialistas es "un casus belli" y puso como ejemplo de ello la reacción del secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien, tras conocer lo aprobado en el consejo de ministros, "le faltó tiempo para decir que cuando pueda volverá a cargarse la ley que pretende mejorar el desastre creado por las leyes socialistas".

El Gobierno catalán considera que la LOMCE requiere “una reacción clara y contundente” porque representa un “atentado” al sistema. Con este objetivo va a celebrar una cumbre de partidos y con la comunidad educativa. Su portavoz, Francesc Homs, repitió ayer que la reforma es “inaplicable” en Cataluña porque no hay escuelas que den clases en castellano. “Piensan que en las escuelas privadas se dan las clases en castellano, pero no es así. El catalán forma parte de nuestro proyecto educativo porque es nuestra realidad”, reivindica Beat Macías, vocal de la patronal de los centros privados catalanes, Aenocc. Estos no están dispuestos a aceptar injerencias de la Administración. Varios de los centros consultados insisten en que son los alumnos los que deben adaptarse a la oferta y no se muestran dispuestos a elaborar un currículo diferenciado para una familia.

 Con información de Ivanna Vallespín.

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